Desde la vocería de la Presidencia, ejer­cida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modi­ficación del artículo 173 del Código Penal, que hace men­ción a la sustracción de ener­gía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.

Con esta iniciativa de modi­ficación se busca proteger la eficiencia de la Administra­ción Nacional de Electrici­dad (Ande) y sus activos ante la sustracción en grandes cantidades de energía eléc­trica por parte de estable­cimientos ilegales de crip­tominerías.

“La presentación al Con­greso se realizará en las próximas horas, buscamos proteger a la Ande como empresa pública de una verdadera amenaza”, mani­festó la alta funcionaria de Estado mediante una con­ferencia de prensa acompa­ñada por el titular del ente eléctrico, Félix Sosa.

A la vez, en el proyecto se fija una pena privativa de liber­tad de hasta 10 años de cár­cel con multa complemen­taria para quienes sustraen energía de líneas de transmi­sión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.

La modificación del citado artículo también permitirá a la Ande requerir la admi­nistración o uso provisional de los bienes incautados y será, asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.

El proyecto ejecutivo surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Ande, el Ministerio Público y la Policía Nacio­nal a las granjas clandesti­nas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.

El robo de la energía eléctrica se encuentra tipificado solo como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económi­cas, también produce incon­venientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.

Mientras que la segunda propuesta planteada al Poder Legislativo se cen­trará en la modificación de varios artículos de la normativa que regula el fomento, generación, pro­ducción, desarrollo y la uti­lización de energía eléctrica a partir de fuentes de ener­gías renovables no conven­cionales y no hidráulicas.

Carro explicó que la citada ley fue reglamentada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo. “Como toda política pública está siendo monitoreada en sus resul­tados, en sus mecanismos de articulación y se vio mediante una colaboración entre las instituciones invo­lucradas en el tema energé­tico que era necesario intro­ducirle una modificación que asegure mayor interés de parte de los inversionis­tas que operan en el sector eléctrico y apuntando a una mayor diversificación de las fuentes de generación”, comentó.

De esta manera, la vocera mencionó que la iniciativa de modificación introducirá una innovación respecto al plazo, es decir, los contratos de los generadores, cogeneradores, transportistas y exportado­res de energías renovables no convencionales con la Ande podrá ser de hasta un periodo de 30 años, actualmente el plazo es hasta 15 años.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken señaló que está en análisis de una iniciativa legislativa que apunta a crear un fondo que financie la ley de Agricultura Familiar Campesina y así posibilitar la inversión necesaria en tecnología que permita asegurar la producción frutihortícola durante todo el año, respaldando al sector contra las amenazas que sufren actualmente.

“Queremos que la agricultura familiar tenga financiamiento porque la ley n.° 6.286 es fantástica, queremos que se cree un fondo de financiamiento para innovación e inversión en infraestructura y tecnología para hacer una agricultura sostenible, para que todo el año pueda producir el pequeño productor que hoy está amenazado por varios factores y que genera un desabastecimiento frutihortícola que nos afecta a todos”, explicó.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador liberal detalló que el Viceministerio de Agricultura Familiar cuenta con un presupuesto de G. 2.500 millones, lo cual no le permite apoyar de manera eficiente al sector productivo, por lo que este proyecto de ley que será presentado el 21 de mayo, busca establecer una nueva forma de que el Estado obtenga los recursos necesarios.

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“Estoy proponiendo una herramienta legislativa que grave el impuesto al grano en su estado natural, el ánimo no es perjudicar a la agroexportación, pero queremos sensibilizar a ese sector porque hay otro que está sufriendo por la falta de tecnología y no tenemos de dónde sacar la plata”, sostuvo. El legislador indicó que prevé reunirse con la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), con el fin de exponerle su iniciativa.

Desde la perspectiva del diputado por Central, esta ley también generará un incentivo para que los exportadores de granos puedan industrializar sus productos, generando así un valor agregado y produciendo empleo, algo vital para el desarrollo económico del país.

“Con esto no vamos a tener problemas de desabastecimiento, no vamos a depender de otros países, la canasta familiar no va a sufrir variaciones, va a haber fuentes de trabajo porque lo que desarrolla el país es la agricultura familiar, muchas familias se dedican a eso y hoy no están pudiendo trabajar por falta de tecnología”, afirmó.

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La sala de prensa del Senado, fue escenario de una acalorada pelea entre los congresistas de la oposición Yolanda Paredes y Líder Amarilla, quienes se disputaron la autoría de un proyecto de ley que plantea la universalización de la pensión otorgada a los adultos mayores.

La dirigente de la agrupación Cruzada Nacional acusó a su colega del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de piratear su propuesta. “Sos un trato kure Líder, eso no se hace con el compañero. Yo no me voy a adueñar de un proyecto tuyo. Por qué tenemos que hacer esta discusión frente a toda la gente”, recriminó enfurecida Paredes.

Tras ser increpado, Amarilla dio su versión manifestando que en la Cámara Alta existen actualmente otras 2 propuestas similares a la impulsada por Paredes, razón por la cual la Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, que preside impulsó una mesa de trabajo con el fin de unificarlas y asegurar un rápido tratamiento en el pleno.

Asimismo, detalló que finalmente el proceso de agrupar las tres iniciativas fue concretada y que incluso la decisión fue avalada con la firma de Paredes en el documento. No obstante, la parlamentaria reconoció la situación, pero comentó que rubricó la propuesta sin tener conocimiento de la última decisión adoptada.

“No se puede hablar con una persona que no sabe lo que firma, que retire su firma si no está de acuerdo. El concepto de los tres proyectos está unificado, la diferencia es que la senadora quiere que el tratamiento se haga sobre su proyecto o sobre un dictamen de la comisión. No les parece correcto que se trate de una vez los tres proyectos”, refirió Amarilla.

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Sin embargo, Paredes volvió a sostener que Amarilla y sus colegas terminaron “adueñándose “de su propuesta. “¿Por qué tenes que hacer un nuevo proyecto? Yo te hablé y te expliqué que firmé sin saber lo que ustedes estaban haciendo. Haces fotocopias para distribuir a la gente como si fuera que ustedes hicieron un proyecto nuevo”, sostuvo.

Acotó que “presentas a la prensa que yo consentí esta iniciativa y eso no se hace. Estas propuestas tienen que ser tratadas por dictámenes de la comisión. Yo presenté un proyecto, desde setiembre que estoy trabajando, no pueden adueñarse de un proyecto”, dijo.

El proyecto pretende la universalización del acceso a la asistencia estatal, estableciendo que todas las personas que tengan 65 años de edad puedan cobrar a excepción de los nativos quienes podrán obtener el beneficio a los 55 años de edad. Según el resultado del último censo, 516 mil ciudadanos tienen esa edad y de ese número solo 312 mil personas cobran la pensión de adultos mayores.

A la par indica que 670.000 guaraníes es lo que actualmente se cobra en concepto de pensión para adultos mayores y que la propuesta legislativa pretende aumentar al 50 % del salario mínimo vigente, aproximadamente a 1.300.000 guaraníes. Indica que el cobro podrá concretarse en un periodo de 30 días a partir de una declaración jurada.

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La gerente de Prestaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanesa Cubas, se refirió al proyecto de modificación de la carta orgánica de la previsional, e indicó que se vieron “obligados” a plantear una modificación que afecta a los fondos jubilatorios, por la situación en que recibieron la institución de la administración anterior, sobre los fondos de enfermedad y maternidad, y pensiones y jubilaciones.

“Son modificaciones, son propuestas de ley, que nos vemos obligados a proponerle al Poder Ejecutivo y al Congreso por la situación en la que hemos encontrado la institución. Esta no es una ocurrencia, esto es algo que heredamos de las administraciones anteriores, encontramos en una situación crítica esos dos fondos”, expresó Cubas, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Consejo de Administración del IPS aprobó un proyecto de ley, el pasado 25 de abril, que será presentado al Congreso Nacional para estudio correspondiente. La propuesta plantea varias modificaciones, entre ellas, la base reguladora de jubilación. “Implica pasar de calcular hoy la jubilación, considerando solamente los últimos 36 meses de aporte, a pasar a considerar 120 meses de aporte, estamos hablando de considerar 3 años a considerar 10 años”, explicó la gerente.

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Indicó que esta propuesta fue recomendada por los últimos informes actuariales de manera reiterativa. “Estadísticamente, tenemos demostrado que la masa, el promedio de aporte de los 900 mil activos que tenemos hoy es un poco más del salario mínimo, sin embargo, el promedio de haber jubilatorio que pagamos a los 79 mil jubilados hoy está por arriba de dos salarios mínimos”, aseveró Cubas.

Explicó que se encontró datos factibles en los que se puede observar que en muchos casos se da un aumento salarial en los últimos 3 años, con el propósito de aumentar la jubilación, una elevación “artificial”, como lo denominó Cubas. “Esta modificación lo que va a permitir es que una persona se jubile considerando los 10 años de aporte y reflejar de una mejor manera el esfuerzo que hizo al aportar. Eso no solamente va a evitar ese fraude que se hace en contra de las arcas del fondo de jubilaciones y pensiones de la institución”, puntualizó.

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