La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la acción de inconstitucionalidad que había sido promovida por el ex senador Víctor Bogado contra su pérdida de investidura. También, ya se corrió traslado a la Cámara de Senadores para que pueda contestar esta acción.
Víctor Bogado fue despojado de su investidura el 13 de mayo del 2019, posteriormente presentó ante la Corte la acción de inconstitucionalidad el 29 de mayo del 2019. El pedido quedó pendiente hasta la fecha, y con esta acción se da vía libre para estudiar y definir si Bogado debe ser reincorporado a su banca.
Además del Senado, se corrió traslado a la Fiscalía General del Estado, teniendo en cuenta que la acción va contra un acto proveniente de uno de los poderes del Estado. Para el efecto, dispondrá de 18 días de plazo. Con las contestaciones de la Fiscalía y el Senado, la Sala Constitucional pronunciará su fallo bajo la forma de acuerdo y sentencia definitiva en el plazo de treinta días.
Argumentaba además que la resolución atacada vulnera varios artículos constitucionales y cita el 9°, de la libertad y seguridad de las personas; el 11°, de la privación de libertad, y el 16°, de la defensa en juicio.
Dejanos tu comentario
Mousques anuncia acción de inconstitucionalidad
Ayer lunes, la jueza en lo Civil y Comercial Rossana Frutos, en grado de apelación, ha revocado el fallo de la jueza de Paz Gloria Machuca, quien había admitido la denuncia por violencia contra la mujer presentada por Gisele Mousques en contra del empresario Cristhian Chena y la firma Resumen de Noticias.
“Esta sentencia contiene muchos vicios e inclusive contradice disposiciones establecidas en la Constitución Nacional. Por ello, estaremos arbitrando acciones de inconstitucionalidad y esa es la vía que seguiremos”, explicó a La Nación/Nación Media la abogada de Mousques, Margarita Heralesky.
La representante legal indicó que la propia normativa, tanto del Código Procesal Civil como de la Constitución Nacional, faculta a la parte denunciante a tomar las disposiciones mencionadas. Además, agregó que también se faculta a la propia Corte Suprema de Justicia a intervenir.
La representante legal de Mousques manifestó que con respecto a la resolución que revoca el fallo de la jueza de Paz no se ha estudiado a profundidad lo que hace referencia a la violencia ejercida. Habló así de cómo la jueza se abocó hacia lo vinculante con la censura, lo cual nunca estuvo en discusión.
“No se trata de restricciones a la libertad de expresión, sobre lo cual se centró la jueza. Dentro de la sentencia no se ha realizado ninguna valoración completa de los escenarios completos y los titulares que cuestionamos, los cuales son denigrantes y por qué los consideramos agraviantes”, dijo.
Remarcó que dichos aspectos se encuentran en la línea de violencia telemática, además de atentar contra la dignidad de su representada. Sin embargo, lo mencionado no fue tenido en cuenta en la decisión de la jueza Frutos, solo lo referente a la libertad de prensa.
Gisele Mousques había solicitado medidas de protección contra el empresario Christian Chena, alegando haber sido víctima de hostigamiento y ataques en redes sociales, aparte de manifestar un daño a su imagen luego de una serie de publicaciones.
Dejanos tu comentario
Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
Lea también: Parlasur eligió a su nueva presidenta y se puso fin a disputa por el cargo
La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
Le puede interesar: Senadora apelará resolución que la obliga a desbloquear de X a abogada
Dejanos tu comentario
Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
Dejanos tu comentario
La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.