La Cámara de Diputados remitió al Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) un pedido de informe respecto a la Ganadera y Agrícola Palmeira SA, ubicada en el distrito de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyú. El director jurídico del Mades, Hugo Cardozo, informó acerca de la instrucción de sumario y los estudios de geomática que detallan los cambios del uso de suelo y desmonte.
La Cámara Baja solicitó al Mades el estudio de impacto ambiental, cuánto es la superficie destinada para bosque de reserva legal, bosque de protección hídrica, bosque natural y para uso agrícola. Piden a la institución indicar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Monitoreo. Asimismo, informar acerca del cambio de uso del suelo, ya que se constató desmonte y falta de protección de cauces hídricos.
Por su parte, el diputado Fernando Ortellado se refirió al pedido de informe y explicó que se hace eco del reclamo de los pobladores acerca de las quemazones y el desmonte. “Después del covid, el tema ambiental y las quemazones son las mayores preocupaciones de la gente”, dijo Ortellado para dar a entender la necesidad de trabajar a la par en un cambio material que permita dar respuesta al pedido de cuidado del medioambiente, independientemente de la localidad de donde es oriundo el diputado.
Varios son los reclamos que se reciben sobre la inapropiada gestión ambiental. Sobre el caso en específico de la Ganadera y Agrícola Palmeira SA, indica que las denuncias refieren a un alto grado de deforestación que involucra, presuntamente, la superficie destinada para bosque de reserva legal, bosque de protección hídrica, bosque natural y además de la destinada para uso agrícola.
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Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, sin embargo, destaca que “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras.
Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
La informalidad
A pesar de todos los avances sociales y laborales conquistados en las últimas décadas, aun falta mucho por lograr teniendo en cuenta que según las cifras casi un 55 % de los trabajadores de América Latina y el Caribe tiene un empleo informal, sin contrato ni cobertura de seguridad social, y 3 de cada 10 no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza, esto según la más reciente edición del Índice de Mejores Trabajos del BID, que cada dos años mide la calidad y cantidad del empleo en América Latina.
El estudio que abarca datos para 17 países de la región indica que el 70 % de las personas en edad productiva trabajan, pero con el índice la calidad del empleo es apenas de 41,2 sobre 100. “La dimensión de calidad del índice está compuesta por los indicadores de formalidad laboral y suficiencia salarial para superar la pobreza”, reza el dossier.
“Si bien la dimensión de calidad del Índice se ubica en su nivel histórico más alto desde 2010, su bajo nivel promedio subraya la urgencia de mejorar la calidad del empleo en la región. El Índice de Mejores Trabajos 2024 también refleja importantes brechas en los mercados laborales de la región. Las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos. A su vez, los jóvenes de la región tienen empleos de peor calidad que los adultos con una brecha de 15 puntos en esa dimensión del Índice de Mejores Trabajos.
Grandes brechas
A continuación el informe deja en claro que los países con puntajes elevados en el Índice global presentan las mayores brechas en esos grupos vulnerables. Costa Rica, por ejemplo, que ocupa el número tres en el ranking de la última edición del Índice de Mejores Trabajos, presenta a la vez una de las mayores brechas de género y la menor brecha entre adultos y jóvenes en la región. Uruguay, por su parte, lidera en el Índice de Mejores Trabajos en la región, pero presenta la brecha más grande de calidad y cantidad entre adultos y jóvenes.
Para Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, “en una región en la que 70 % de las personas dependen exclusivamente de su trabajo para vivir y mantener a sus familias, la calidad del empleo tiene que aumentar rápidamente. Eso significa generar y conectar a más personas con más empleos formales que les permitan ahorrar para el retiro y tener coberturas de seguridad social frente a riesgos”.
Evolución de la calidad del empleo
En el estudio, según el informe Índice de Mejores Trabajos 2024, la evolución de la calidad del empleo ha sido lenta desde 2010 y, al ritmo actual de crecimiento, llegar a unos 70 puntos tomaría casi 48 años. La dimensión de cantidad ha tenido un comportamiento más o menos estable con una caída en 2020 producto de los efectos de la pandemia en el empleo, recuperándose para 2022.
Recomendaciones
Algunas de las soluciones e iniciativas que impulsa el BID para aumentar la calidad del empleo en la región se refieren a equipar al capital humano con habilidades alineadas a las necesidades de talento de los sectores productivos de cada país, promover el empleo formal con menores costos haciendo universal parte de la seguridad social, e impulsar el acceso a empleos fortaleciendo los servicios públicos de empleo
“En Bolivia, por ejemplo, el Programa de Apoyo al Empleo ha facilitado el acceso a empleos de calidad en empresas a más de 50.000 personas trabajadoras, la mayoría mujeres y jóvenes, con capacitaciones laborales en planta”, refiere el informe.
Indicadores
El Índice de Mejores Trabajos es una de las herramientas del BID para identificar las áreas de oportunidad para desarrollar e impulsar la productividad en América Latina y el Caribe. Evalúa cómo son los empleos de los países a través de dos dimensiones: cantidad y calidad.
La dimensión de cantidad está compuesta por dos indicadores: la tasa de participación laboral y la de ocupación. La de calidad se construye con las tasas de formalidad y de trabajos con salario suficiente para superar la pobreza. Así, el índice es la media ponderada de estos cuatro indicadores y sus puntuaciones van de 0 a 100. Para que un país obtenga 100 puntos, todas las personas que participan en la fuerza laboral deben estar empleadas con un trabajo formal que les aporte un salario suficiente.
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Diputado destaca la política de seguridad del Gobierno
El diputado independiente Rubén Rubin celebró este miércoles la incursión de una nueva camada de 507 agentes del Grupo Lince y solicitó al gobierno de Santiago Peña impulsar una constante capacitación de los agentes para el cumplimiento efectivo del combate contra la inseguridad.
“El Gobierno está cumpliendo su promesa de triplicar el grupo Lince, también en lugar de sacar 1.000 nuevos policías al año vamos a comenzar a sacar al año 5.000 nuevos policías; esto es un ritmo que realmente el país nunca tuvo”, puntualizó. Durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara Baja de este miércoles el legislador sostuvo que “el gobierno anterior sacaba más o menos 50 linces por año, este gobierno acabó de sacar 1.200 en ocho meses, sin dudas el ritmo es el adecuado”.
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Los agentes linces se incorporarán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional para reforzar la lucha contra la inseguridad tanto en las zonas urbanas como rurales. “No tenemos que convertir la lucha en contra de la inseguridad en una simple estadística, esto tiene que ser real y para eso la capacitación tiene que estar en el centro de la modernización de la Policía Nacional”, indicó el dirigente político de la oposición.
Reglamentar uso de videocámaras corporales
Por otra parte, el congresista urgió al Poder Ejecutivo reglamentar la ley 6757 que establece el uso obligatorio de cámaras corporales en los procedimientos de allanamientos, detenciones, secuestros y otros operativos que realicen agentes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y municipios.
Agregó que su inmediato cumplimiento contribuirá en el proceso de modernización de la Policía Nacional. “Hablé con el ministro del Interior Enrique Riera y le manifesté que presentaré un proyecto de declaración que le insta al Ejecutivo a reglamentar la implementación de cámaras en el pecho de los efectivos. Esto me parece muy importante porque hoy existe una desconfianza para con la fuerza pública, la corrupción también llegó a esta institución (Policía Nacional)”, indicó.
La norma fue promulgada en junio del 2021 por el entonces gobierno de Mario Abdo Benítez, sin embargo, su cumplimiento aún no es efectivo, lamentó Rubin. “Creo que le dará tranquilidad al pueblo paraguayo su reglamentación e implementación. Esta mal decir que esta ley se encuentra activa porque no vemos policías con cámaras de seguridad en el pecho. Se estará grabando todo el procedimiento, será una forma de transparencia”, remarcó.
El organismo regulador será el Ministerio del Interior, que debe proponer la reglamentación de la ley en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información (Mitic), el Ministerio Público y la Secretaría Anticorrupción (Senac).
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La inseguridad alimentaria aumentó a 282 millones de personas en 2023
La inseguridad alimentaria empeoró en el mundo en 2023 y cerca de 282 millones de personas necesitaron ayuda de emergencia a causa de los conflictos, especialmente en Gaza y Sudán, así como por episodios climáticos extremos y crisis económicas, según un informe divulgado el miércoles.
El número de personas en situación crítica aumentó en 24 millones respecto a 2022, según este informe elaborado conjuntamente por 16 agencias de la ONU y organizaciones humanitarias. En América Latina destaca el caso de Haití, donde la violencia y la inestabilidad política provocan que 1,8 millones de personas se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, es decir 200.000 más que en 2022.
Globalmente es el quinto año consecutivo en el que el número de personas en estado de inseguridad alimentaria aguda aumenta en el mundo. Unas 700.000 personas se hallaban al borde de la hambruna en 2023, de las cuales 600.000 en Gaza. Una cifra que aumentó en ese territorio palestino en los últimos meses a causa de la guerra entre Hamás e Israel.
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Peor es la situación en Sudán, protagonista de la peor crisis de refugiados mundial y en guerra desde hace un año, y donde otros 8,6 millones de personas se añadieron a la lista de afectados por la inseguridad alimentaria (20,3 millones en total en el país). “Hay un claro deterioro en el contexto de crisis alimentarias clave como Sudán y la Franja de Gaza”, explicó a la AFP Fleur Wouterse, directora adjunta de la oficina de urgencia y resiliencia de la agencia de Naciones Unidas para la agricultura (FAO).
Desde el lanzamiento del informe en 2016 por parte de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, una alianza que reúne a organizaciones de la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos y otras organizaciones humanitarias, “el número de personas en situación de inseguridad alimentaria ha aumentado de 108 millones a 282 millones, mientras que la prevalencia (la proporción de la población afectada dentro de las áreas concernidas) ha aumentado del 11% al 22%”, señala Fleur Wouterse.
La vulnerabilidad de los refugiados
Y la crisis alimentaria ha persistido desde entonces en Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Siria y Yemen, destaca. En América Latina, la llegada constante de migrantes y refugiados a Colombia, Perú y Ecuador constituye una fuente de preocupación, además del impacto del fenómeno climático El Niño.
En Colombia, por ejemplo, mientras que solamente el 3 % de la población autóctona se enfrentó a una situación alimentaria severa (1,6 millones de personas), el 62 % de los migrantes y refugiados (2,9 millones) se hallaba en esa situación de vulnerabilidad. Venezuela también es uno de los países “que ha sido identificado como preocupante en todas las ediciones” de este informe, recuerdan los autores.
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A pesar de que la producción de cereales aumentó, la inflación fue el gran problema del país caribeño, donde “el precio de la cesta básica siguió siendo cuatro veces más alta que el salario mensual”. “En un mundo de abundancia, los niños mueren de hambre. Las guerras, el caos climático y la crisis del costo de vida, combinados con una acción inadecuada, resultan en cerca de 300 millones de personas enfrentando una crisis alimentaria aguda en 2023″, lamenta el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en el prólogo del informe.
“Los fondos no están a la altura de las necesidades. Los gobiernos deben fortalecer los recursos disponibles para el desarrollo sostenible”, insta. Especialmente porque los costos de distribución de la ayuda han aumentado. Para 2024, el desarrollo “dependerá del cese de las hostilidades”, señala Fleur Wouterse. “Tan pronto como los accesos humanitarios” a Gaza y Sudán sean posibles, por ejemplo, la ayuda podría “mitigar rápidamente” la crisis alimentaria, dice.
Fuente: AFP
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Crimen en Taguató: cámara de apelación sigue sin resolver condena contra acusados
A un año de la condena de primera instancia contra los seis acusados por el terrible cuádruple homicidio ocurrido en la estancia Taguató de Mariscal Estigarribia, Chaco y hasta la fecha el tribunal de apelación de Filadelfia no resolvió si confirma la sentencia condenatoria o no de los condenados. La familia de los fallecidos pide que el caso se decida en segunda instancia.
Los camaristas del Chaco Emigdio Castillo, Shirley Romero y César Denis Macoritto, son los que deben decidir si confirman la condena contra los acusados por el cuádruple homicidio. En el terrible crimen ocurrido en julio de 2019 fallecieron Alcibiades Ayala Coronel, su esposa Francisca Nidia Núñez y sus dos nietos pequeños.
En el mes de diciembre del año pasado la querella adhesiva representada por la abogada Celeste Martínez Mussi presentó un nuevo urgimiento al tribunal de apelación para que pueda resolver si corresponde ratificar las condenas dictadas en primera instancia.
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Condena
En primera instancia, el Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Amado Yuruhan, Rosana Ortiz y Fanny Cáceres había condenado a 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad, totalizando 40 años de pena privativa de libertad, a Vicente Ramírez y su esposa Elizabeth Duarte Villalba, acusados por el cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
El colegiado también condenó a 12 años y 6 meses de cárcel a Cesáreo González, tras ser encontrado culpable por el delito de abigeato y producción de documentos no auténticos. Mientras que los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado.
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