El juez penal de Garantías Yoan Paul López fijó para el 27 de noviembre a las 9:00 la audiencia preliminar para Nancy Florentín, esposa del diputado colorado Miguel Cuevas, acusada por cobro indebido de honorarios. Asimismo, en la diligencia judicial se estudiará el pedido de sobreseimiento provisional de Enzo Cuevas, hijo del matrimonio.
La fiscala Victoria Acuña solicitó que el caso se eleve a un juicio oral y público debido a que sostiene que Florentín ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo, en particular al Ministerio de Educación y Ciencias, que asciende a la suma de G. 9.668.882, monto que cobró por los dos meses sin asistir a su lugar de trabajo.
Acuña presentó acusación por el hecho punible de cobro indebido, atendiendo a que la misma siguió percibiendo una remuneración sin presentarse a su lugar de trabajo.
En tanto, la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de Enzo Cuevas, hijo del diputado Miguel Cuevas, investigado por enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice, además de tráfico de influencias por aparentes omisiones de bienes y cuentas, y había sido beneficiado con medidas alternativas a la prisión. Además, otro hijo del parlamentario, Adilson Cuevas, también estuvo en miras de las autoridades.
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La esposa de Pedro Sánchez se encuentra en la mira de toda España
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, ahora en el centro de la atención mediática desde el anuncio de la apertura de una investigación judicial en su contra, había acompañado la carrera de su marido de manera discreta pero mostrándole complicidad. “Somos un equipo, como equipo remamos juntos”, aseguró en 2016 esta mujer de larga cabellera rubia en una televisora.
La pareja volvió a subrayar su unidad después de que la justicia anunció el miércoles que se la investigaba por “corrupción” y “tráfico de influencias”, a raíz de una denuncia presentada por una organización próxima a la extrema derecha.
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“Denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa”, afirmó Pedro Sánchez en la carta en la que se dio hasta el lunes para “reflexionar” sobre su dimisión.
“Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”, añadió Sánchez.
Breve resumen
Nacida en 1975 en Bilbao, en el País Vasco (norte), Begoña Gómez es objeto de esta investigación por los vínculos que estableció, en el ejercicio de su profesión, con empresas que negociaban ayudas públicas o participaban en concursos públicos.
Según el medio digital El Confidencial, Gómez “se reunió en privado” con el consejero delegado del Grupo Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando ésta negociaba un plan de rescate con el Gobierno de Sánchez.
En aquel momento, Gómez dirigía IE Africa Center, fundación vinculada a la escuela de negocios madrileña IE University, que, según El Confidencial, había firmado un acuerdo de patrocinio con Globalia en 2020. Dejó este cargo en 2022.
La esposa de Pedro Sánchez es licenciada en Marketing por la universidad privada madrileña ESIC y tiene un máster en Dirección de Empresas. A lo largo de los años, se ha especializado en la captación de fondos, sobre todo para fundaciones y ONG.
Su carrera la ha llevado a ocupar diversos puestos de responsabilidad, como en Inmark Europa, una consultora empresarial, y en un departamento de la Universidad Complutense de Madrid.
Una carrera que esta activista de izquierdas, regularmente al frente de las manifestaciones del Día de los Derechos de la Mujer, el 8 de marzo, no quiso abandonar tras la llegada de su marido a la jefatura del gobierno en 2018.
Moderna e independiente
Pareja desde principios de los 2000 de Pedro Sánchez, al que conoció en la fiesta de cumpleaños de un amigo común, Begoña Gómez acompañó el ascenso político de su marido esforzándose en no exponerse demasiado en los medios.
En España, una monarquía parlamentaria en la que el rey es el jefe de Estado, no existe un rango protocolario para los cónyuges de los jefes de gobierno. Esto permite una relativa discreción.
Sin embargo, esta reserva no impide a la pareja, padres de dos hijas adolescentes (Ainhoa y Carlota), aparecer juntos en las noches electorales.
“Gracias a ella, soy mas vitalista”, confió hace unos años el dirigente socialista, que ha denunciado en diversas ocasiones los “bulos” permanentes de los que es objeto su esposa.
Al igual que Brigitte Macron en Francia y Michele Obama en Estados Unidos, Begoña Gómez ha sido víctima de “fake news” en las redes sociales que insinuaban que era un hombre.
Otras publicaciones afirmaron erróneamente que había sido destituida de su cargo por la Universidad Complutense.
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La izquierda ha salido en defensa de la esposa del presidente del Gobierno ante lo que que considera una campaña de desinformación.
Begoña Gómez es “una mujer moderna, profesional, independiente e inteligente”, declaró el jueves la número dos del gobierno, María Jesús Montero, estimando que la derecha preferiría que se quedara “en casa” y al margen “de la vida pública”.
Fuente: AFP
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El lunes se sabrá si Pedro Sánchez dimite o no por la investigación a su esposa
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció sorpresivamente este miércoles que evalúa dimitir y que dará a conocer su decisión el lunes, debido a una investigación judicial sobre su esposa por presunta “corrupción”.
“Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, señaló el mandatario en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X.
Sánchez, en el poder desde 2018, indicó que comparecerá “ante los medios de comunicación (...) el próximo lunes, 29 de abril” para dar a conocer su decisión, y hasta entonces canceló su agenda pública.
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La investigación preliminar sobre su esposa, Begoña Gómez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción, fue abierta el 16 de abril ante una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, según anunció este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las diligencias son “secretas”, indicó la corte.
Sánchez, de 52 años, reelegido por el Parlamento en noviembre, rechazó la denuncia, que a su juicio está basada en hechos “inexistentes”, y la enmarcó en una “estrategia de acoso y derribo” en su contra de “medios de marcada orientación derechista y ultraderechista”, respaldada por los partidos de la derecha y la extrema derecha.
“No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal (...), sino por ser mi esposa”, escribió Sánchez.
La investigación
La decisión de la justicia se conoció después de que el medio digital El Confidencial revelara este miércoles que los investigadores examinaban los vínculos de Gómez con con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate durante la pandemia de covid-19.
En aquel momento, Gómez dirigía el IE Africa Center, una fundación relacionada con la escuela de negocios Instituto de Empresa (IE), un cargo que abandonó en 2022.
El Confidencial afirmó que el IE Africa Center firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia y que la esposa del jefe de Gobierno “se reunió en privado con el consejero delegado del ‘holding’ turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía”.
En noviembre de 2020, el gobierno de Sánchez ofreció una línea de ayuda de 475 millones de euros (507 millones de dólares al cambio actual) a Air Europa, surgida de un fondo de 10.000 millones de euros destinados a apoyar a empresas estratégicas en dificultades por la pandemia.
La compañía española fue la primera de muchas otras que se beneficiaron de ese fondo.
La oposición
Tras la publicación de la carta, el Partido Popular (PP, derecha), principal formación de la oposición, pidió a Sánchez “aparecer ya para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su Gobierno y a su pareja”, en lugar de “desaparecer” hasta el lunes.
El mandatario apuesta “por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad”, subrayó el PP en un mensaje en X, dando a entender que su amenaza podría ser una simple estrategia política.
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Personas del entorno de Sánchez salieron a defenderlo, como la número tres del Gobierno, Teresa Ribera, quien escribió en X: “Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto”.
Horas antes, la número dos del Gobierno, María Jesús Montero, había calificado la denuncia contra la esposa de Sánchez de “prácticas trumpistas”.
El PP utiliza “una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar e injuriar a la presidencia del Gobierno”, indicó.
Manos Limpias, fundado en 1995, ha estado detrás de varias querellas en los últimos años y ha actuado como parte civil en muchos casos de corrupción.
Se lo considera próximo a la extrema derecha, entre otras cosas por la personalidad de su fundador, Miguel Bernad, antiguo dirigente del partido Frente Nacional, disuelto en 1993.
Acusado de participar en una red de extorsión, Bernad fue condenado a cuatro años de prisión en julio de 2021, pero finalmente fue absuelto en apelación por falta de pruebas.
Fuente: AFP
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Ordenan embargo de empresa de la familia de esposa de Abdo por deuda
El Instituto de Previsión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recuperar en esta nueva administración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un consorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.
El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la previsional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tenemos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.
EL PROPIO IPS TRANCÓ ACUERDO
Llamativamente, durante la administración anterior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del consorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, llamativamente el IPS y el consorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.
“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excepción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese entonces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millones aproximadamente lo que debía”, señaló González en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.
La previsional ganó el juicio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sorprendentemente” el Consejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extrajudicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescindido ese acuerdo extrajudicial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el director jurídico.
HOMOLOGACIÓN
Tras ese acuerdo extrajudicial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homologación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homologación mataron todo el juicio”, según las explicaciones del director jurídico.
“Revisando los antecedentes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permitiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.
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Tras chicana de Prieto y otros imputados, suspenden imposición de medidas
Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
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El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.