El general (SR) Carlos Liseras destacó la operación táctica de los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para la incursión que dio con el primer anillo de los miembros del grupo armado EPP en la zona de Yby Yaú, Concepción, el pasado miércoles. Lamentó también la muerte de las dos menores.
“Hubo un triunfo táctico por parte de la FTC al desbaratar toda una estructura, decomisar armamentos y, lo otro, que desde la opinión pública se sataniza al Estado paraguayo, que tuvo una intervención legítima y legal”, manifestó Liseras.
Indicó que siempre se presume que reclutan menores de edad, pero que no se puede asegurar porque no hay sistema de inteligencia en el mundo que pueda saber hasta la edad de los miembros del grupo armado.
Sostuvo que se debe evitar “la propaganda y la contrapropaganda” de lo sucedido en Yby Yaú, pero sin satanizar los operativos realizados por los organismos de seguridad en la zona Norte del país.
“La utilización de menores en este tipo de actividades (grupos criminales) es una estrategia usada no solo en Paraguay, sino en muchos países donde existe la guerrilla. Eso nos da la lectura de que es imposible que el personal táctico pueda saber exactamente si hay menores en un campamento”, agregó el general.
Desde la FTC aclararon que los uniformados usaron la fuerza en legítima defensa, porque fueron recibidos a balazos en el campamento del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Dejanos tu comentario
FTC en Canindeyú: “La intervención será una acción puntual”
“Nadie puede evitar que el Estado paraguayo imponga la ley, que el Gobierno impulse sus proyectos de desarrollo”, sostuvo el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, sobre la instalación de la Fuerza de Tarea Conjunta en el departamento de Canindeyú para combatir el crimen organizado y otros flagelos.
“Ya estamos en condiciones para operar. La instalación de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona de Canindeyú no significa la disminución de fuerzas en otros sectores, es una readecuación a la nueva situación estratégica y táctica”, afirmó en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Leé también: Diputada apunta a la intendencia de Asunción, pero pide internas en la oposición
La nueva subárea de pacificación de la FTC ya se encuentra instalada desde el pasado sábado en Canindeyú. Actualmente cuenta con 70 hombres, tres vehículos blindados y nueve camionetas para hacer frente al objetivo de reforzar la seguridad a los pobladores. “Vamos con la cantidad suficiente de personal, los medios logísticos para cumplir la misión, operativamente la intervención en Canindeyú será una acción puntual, no es que vamos a invadir el departamento con los efectivos militares”, puntualizó.
Respaldo de la Senad y la Fiscalía
González mencionó que la FTC, conformada por militares y policías, operará en la zona con base en las informaciones y las coordinaciones que realizarán con otras instituciones encargadas de la defensa y seguridad del país. “También contribuirá la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, ya que debemos legalizar nuestras acciones”, indicó.
El titular de la cartera de Defensa acotó: “Consideramos que existen riesgos suficientes que ameritan que nos instalemos para eventualmente apoyar con nuestras operaciones en contra del crimen organizado y otras facciones que puedan poner en peligro a la ciudadanía”.
Dejanos tu comentario
Conajzar articula acciones contra tragamonedas irregulares que facilitan adicción en niños
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) ha iniciado un esquema de trabajo para incautar las máquinas tragamonedas que se encuentren siendo explotadas de manera irregular y que, debido a su fácil acceso en ciertos lugares, generan un importante problema de salud en menores de edad que se han vuelto adictos a estos juegos.
El presidente de la Conajzar, Carlos Liseras, en comunicación con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, dio detalles este viernes de los trabajos que llevan adelante desde la entidad a su cargo y cuáles son las estrategias planteadas para hacer frente a esta problemática.
“Solo en estos dos días hemos realizado cinco allanamientos a cinco locales clandestinos de explotación de juegos de azar que no tenían los permisos ni del municipio capitalino ni de la Conajzar, pero esta proliferación desmedida que vemos de estas máquinas tragamonedas notamos en los 17 departamentos del país, en los 263 municipios”, indicó Liseras.
Podés leer: Sistema eléctrico registró cuarto récord en medio de cortes
Remarcó que al ser un problema nacional se encuentran articulando acciones conjuntas con los diferentes jefes comunales de todos los departamentos para trabajar en la anulación de estos puntos de juego y que ya se ha informado de esta situación al Ministerio Público para contar también con su apoyo dentro de la lucha contra este flagelo.
“Esta explotación clandestina de juegos de azar, además de que quienes están explotando estas máquinas están cometiendo un hecho punible, lo que hacen estas máquinas tragamonedas que vemos en los almacenes, quioscos, ferreterías, en las veredas de los barrios inclusive, produce una adicción en los niños y los convierten en jugadores compulsivos”, dijo el funcionario.
Lea también: Explosión de transformador causó susto y corte de energía en el barrio Jara
Liseras subrayó que el apoyo de los municipios es fundamental no solo en el control del expendio de los permisos para estas máquinas tragamonedas y su correcto funcionamiento, sino que también en generar conciencia sobre como puede afectar la vida de los niños que se ven expuestas a las mismas.
“Estos juegos convierten a los menores en presas fáciles para que caigan en todo tipo de situaciones que hasta ponen en peligro sus vidas porque cuando ya no tienen de donde quitar esas monedas quitan de cualquier lado, además son tentados por bandas criminales a caer incluso en la venta de drogas”, sentencio el titular de la Conajzar.
Dejanos tu comentario
Legislador plantea extender área de acción de la FTC hasta Alto Paraná
El diputado Guillermo Rodríguez de la banca Yo Creo, representante de Alto Paraná, mantuvo una reunión con el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, con quien conversó acerca de la necesidad de extender el área de acción de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), al Departamento del Alto Paraná, con el objetivo de articular acciones que permitan brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
A través de un boletín informativo de la Cámara Baja, señalan que el legislador opositor informó que expresó al comandante Benítez la urgente necesidad de llevar una respuesta efectiva al departamento de Alto Paraná, ante la inseguridad que experimenta, en los últimos tiempos, la zona Este del país.
Al respecto, recordaron desde el cuerpo legislativo, que a instancias del diputado Rodríguez, la Cámara de Diputados había aprobado, a mediados del mes de diciembre pasado, un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a declarar estado de emergencia en seguridad pública y ciudadana al Departamento del Alto Paraná”.
En dicho documento se requiere al Ejecutivo un trabajo articulado entre varias instituciones como ser la Policía Nacional; Departamento de Migraciones; Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic); Ministerio de Educación; Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional); Aduanas; Administración Nacional de Electricidad (Ande); Secretaria Nacional Antidrogas (Senad); y los municipios locales, principalmente, los distritos de Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú, y Presidente Franco.
De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto de declaración, se señala que el pedido fue fundamentado en el Art. 9º de la Carta Magna, que establece que “Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad”, en concordancia con el Art. 4º, que en lo pertinente establece “…Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica…”
Igualmente, el legislador basó su presentación en el Art. 238º de la Constitución Nacional, en el que se estipula que, corresponde al Poder Ejecutivo 1) representar al Estado y dirigir la administración general del país; 2) cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes.
Siga informado con: Peña convocó a todo su Gabinete y recomendó seguir con la misma intensidad
Dejanos tu comentario
Conajzar presenta denuncia penal por uso ilegal de tragamonedas en vía pública
El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, dio a conocer que en el marco de la ley 6903, que establece las medidas de protección de menores de edad ante las máquinas de tragamonedas, presentaron una denuncia penal por la exposición de máquinas en la vía pública.
Liseras explicó que esta ley tiene vigencia desde el 2022, pero recién fue reglamentada el pasado 17 de diciembre. “Todas estas máquinas que se ven por las calles en almacenes, quioscos, peluquerías, etc, a la intemperie, son juegos clandestinos”, recordó a la 680 AM.
La autoridad competente en materia de tragamonedas son los municipios en coordinación con la Conajzar. Al respecto, aclaró que los juegos de azar son actividades legales pero bajo medidas estrictas. Es decir, que, si una persona quiere dedicarse a la actividad debe solicitar un permiso y luego pedir a la Conajzar un registro de operador.
Parte de los requisitos, según el reglamento, es que toda persona que quiera dedicarse a las máquinas, debe contar con un salón cerrado con la frase “prohibido el ingreso de menores”, también debe contar con un salón destinado al solo uso de esa actividad, no a la par con una ferretería o un almacén.
“Todas esas máquinas que vemos a la intemperie son hechos punibles que están cometiendo las personas a cargo de las mismas y que tienen una expectativa de hasta 5 años de cárcel o multa”, reiteró Liseras. Asimismo, enfatizó en que su uso produce gran daño a los niños y jóvenes, que con posterioridad se convierten en “pequeños ladrones porque tienen que robar para seguir jugando”.
Aseguró que el daño que esto causa en los niños y adolescentes, directamente daña a sus familias e indirectamente a la sociedad, además de un incalculable daño económico que se produce al no pagar el canon respectivo por el uso, que va en detrimento de la Dirección de Beneficencia (Diben), cuyo presupuesto está solventado en un 70 % por los cánones que transfiere la Conajzar.
Te puede interesar: MAG seguirá trabajando para impulsar al agro y consolidar mercados