La Cámara de Diputados conformó ayer la comisión especial que estudiará el pedido del acuerdo constitucional para la intervención de la Municipalidad de Encarnación. La administración del intendente Luis Yd es cuestionada por algunas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Durante la reunión se decidió la conformación de la mesa directiva, en la que quedó electo como presidente el diputado Basilio “Bachi” Núñez, como vicepresidente Carlos Silva y como secretario Sebastián Villarejo. En total esta comisión está integrada por 10 diputados.
El pedido fue enviado por la Junta Municipal de la ciudad luego de no aprobar el balance de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2019. La mayoría de los concejales calificó como un paso importante para que puedan aclararse las diferentes denuncias que existen.
También figuran denuncias como sobrefacturaciones en almuerzos escolares de más de G. 2.000 millones, falta de rendición de cuentas y publicidades pagadas.
Entre otros cuestionamientos está la política de endeudamiento para seguir pagando deudas administrativas del 2017 y 2018. Así como el depósito de un cheque con un valor de casi G. 40 millones a la cuenta de la municipalidad.
El mes pasado también concejales denunciaron que funcionarios que responden al intendente habrían estado manipulando algunos documentos de facturas de combustibles desde el 2016 hasta el 2019.
Ante estos casos y otras denuncias que reciben de los propios funcionarios esperan que la intervención sea tratada lo antes posible por los diputados.
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Rechazaron pedido de Concepción
En la Cámara de Diputados, por mayoría de votos, quedó sin efecto la solicitud del acuerdo constitucional para realizar el proceso de intervención a la administración del intendente de Concepción, Alejandro Urbieta. La postura adoptada por los legisladores fue durante la sesión ordinaria del pleno del pasado miércoles. De esta manera, el pedido realizado por los concejales pasa al archivo.
La gestión del jefe comunal es criticada debido a una serie de denuncias, principalmente en la que tiene que ver con supuestas sobrefacturaciones y el mal manejo de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), en donde se detectó un desvío de G. 4.800 millones en el 2018, de acuerdo a un informe que fue emitido por la Contraloría General de la República.
Este hecho fue cuestionado ayer por la senadora Blanca Ovelar, oriunda de Concepción, quien alega que la comunidad exigía claridad de las autoridades ante sospechas del mal manejo. “Lamento que no se haya llegado a la intervención porque podría significar la clarificación de hechos irregulares”, sostuvo la legisladora de Concepción.
La herramienta constitucional debía utilizarse para el sustento de la democracia a través de las instituciones. La indignación que se da a Concepción responde a liberales, colorados, comunistas, evangélicos, católicos, ateos y agnósticos, dijo Ovelar y recordó que la comunidad que se levantó más de 100 días “está pidiendo claridad, rendición de cuentas, apertura y reclamando ciertas actuaciones pocos claras de sus autoridades”.