El cuestionado intendente aplica estratégicamente la teoría de que la mejor defensa es un buen ataque y, ciertamente, con el rosario de denuncias en su contra, no le quedan muchas opciones.
Ríos Ayala no tuvo mejor idea que querellar y llevar a juicio oral a comunicadores de su ciudad, Villa Hayes, que vienen denunciando su mala gestión.
La querella por difamación, calumnia e injuria es contra Dolores Mareco, Martín Caballero y Óscar Hellión.
El jefe de la comuna chaqueña intenta de esta manera acallar a quienes expresan disconformidad con su administración.
Hay que recordar que el intendente tiene encima una denuncia por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, exacción, enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y otros, promovida ante la Fiscalía justamente por la comunicadora Dolores Mareco, de Villa Hayes.
Los cuestionamientos a su administración son contundentes y en pocos días más podría alargarse la lista de intendentes investigados por corrupción.
La Contraloría General de la República (CGR) había detectado un rosario de irregularidades en la administración de Ríos Ayala mediante una auditoría que culminó hace aproximadamente un mes. Algunas anomalías podrían constituir hechos punibles.
Una de las observaciones que realizó el ente de control y que difícilmente pueda contrarrestar el intendente tiene que ver con nombramientos y contratos de sus familiares y parientes, en abierta violación a lo establecido en la Ley Nº 5295 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”.
En el informe de la Contraloría solo se menciona a las hermanas del intendente, Graciela y Beatriz Ríos Ayala; a su hijo David Ríos Isasi, a su sobrina Mónica Cabrera Aquino y a su yerno Luis Marcelo de los Ríos Ayala. Pero son como una decena los familiares y parientes del intendente en el municipio.
Ríos Ayala y sus familiares le cuestan al contribuyente cerca de G. 60 millones al mes y al año más de G. 760 millones.
Otro punto que la CGR citó en su comunicación de observaciones a la comuna es el incumplimiento del programa de almuerzo escolar.
El ente de control detectó asimismo que el jefe comunal realizó transferencias entre cuentas (intercuentas) por G. 2.765 millones desde los fondos de Fonacide, royalties y bonos a la cuenta de recursos propios, y no pudo constatar la devolución de los fondos a sus cuentas de origen.
ANÁLISIS JURÍDICO
La Asesoría Jurídica de la Contraloría analiza los casos descubiertos mediante auditoría que podrían ser derivados al Ministerio Público.
Según trascendió, de 27 observaciones realizadas por el equipo auditor, solo cuatro pudo levantar el intendente Ríos Ayala con su descargo.
Se espera dictamen para conocer el destino del cuestionado jefe comunal, quien hasta ahora no respondió sobre las denuncias en su contra.