El asesor jurídico del Poder Ejecutivo, Eduardo González aclaró que no habrá una intervención estatal en el manejo de las empresas vinculadas al Grupo Vázquez, que no se encuentren intervenidas por la Justicia o administradas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Escuché algunas preocupaciones sobre el tema y es importante aclarar que el proyecto de ley que impulsamos no tiene eso como objetivo. Seguimos teniendo información sobre la existencia de varias empresas que no ingresarán al grupo de las firmas que se encuentran vinculadas con cuestiones de lavado de dinero o la asociación criminal, que sí pasarán a competencia de la Senabico”, comentó a la 1020 AM.
González explicó que las empresas no afectadas estarán siendo administradas por un órgano denominado Consejo de Supervisión que estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Industria y Comercio, del Banco Central del Paraguay y del Ministerio del Trabajo. “La idea es mantener esos activos que no tienen afectación o no estén dentro del espectro de la Senabico y también ver la subsistencia de la parte laboral”, refirió.
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El abogado agregó que “ese consejo recibirá información del Banco Central del Paraguay y ahí se verá la vitalidad de cada una mediante un proceso previo de análisis. Se verá si las empresas podrán subsistir o si deberán ir directamente al proceso de quiebra”.
Mencionó también que en caso de sancionarse y promulgarse el proyecto de ley, su vigencia será por el plazo de 8 meses y específicamente para el caso. “Se va a designar un administrador que cobrará sus honorarios de lo que reciba las empresas o sociedades del Grupo Vázquez, no tendrá una relación laboral con el Estado y él deberá dar un informe permanente de lo que está ocurriendo y no podrá autorizar ninguna disposición de bienes sin tener la venia del Consejo de Supervisión”, indicó.
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Caso Ueno: yate de lujo que pertenece al Grupo Vázquez es trasladado a Asunción
El Ministerio Público procedió al traslado del yate incautado perteneciente al Grupo Vázquez desde San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, hasta la capital del país. El traslado se realizó a solicitud de la agente fiscal Ruth Karina Benítez, y el objetivo de resguardar el bien incautado.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el traslado fluvial se realizó en coordinación de la fiscal Benítez y con el apoyo fundamental de la Armada Paraguaya y Petróleos Paraguayos (Petropar). El yate es trasladado hasta el puerto de Asunción, donde permanecerá bajo resguardo.
Se trata de una embarcación de la marca Azimut, modelo Fly 62, denominada “Zeus”, que zarpó a las 13:20 del muelle del complejo Agua Vista, con destino a la capital del país.
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“La diligencia fue impulsada por la agente fiscal Ruth Karina Benítez, en el marco de las investigaciones patrimoniales vinculadas a las causas penales n.º 89/2026, 91/2026 y 92/2026. Para su ejecución, la Fiscalía General del Estado formalizó el requerimiento mediante la Nota FGE n.º 467, del 12 de noviembre de 2026″, señala el informe del Ministerio Público.
Bajo el comando del capitán de navío DEM Livio Alberto Duarte Romero, la Armada Paraguaya, participó de este operativo con la participación de personal especializado en navegación, tripulación y efectivos de seguridad para garantizar el traslado y la custodia de la embarcación durante el recorrido fluvial. Mientras tanto, Petropar proporcionó el combustible necesario para la operación, cuyo costo estimado ronda los G. 60 millones.
“La coordinación del Ministerio Público y la cooperación de ambas instituciones estatales hicieron posible el traslado de este bien de elevado valor económico, incautado en el marco de las investigaciones vinculadas al Grupo Vázquez. Una vez que la embarcación arribe al puerto de Asunción, permanecerá bajo resguardo, conforme a las disposiciones correspondientes”, señala el informe institucional.
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Trabajadores afectados por el caso Ueno piden a Alliana el pago urgente de salarios y liquidaciones
Los trabajadores afectados por la crisis del Grupo Vázquez dirigieron una carta abierta al presidente de la República, Pedro Alliana, para solicitar medidas urgentes que garanticen el cobro de salarios y liquidaciones pendientes, además de la continuidad de la cobertura médica y asistencia a los empleados que quedaron en una situación de vulnerabilidad tras el caso Ueno Bank.
En el documento, los trabajadores señalaron que la crisis impacta directamente en unas 6.000 personas y alcanza aproximadamente a 40.000 afectados de manera directa e indirecta. Advirtieron que miles de familias atraviesan un escenario de incertidumbre económica, sin saber cómo afrontar sus compromisos financieros y necesidades básicas, especialmente ante la proximidad de las fiestas de fin de año.
Entre los casos más sensibles mencionaron a mujeres embarazadas, pacientes que se encuentran en pleno tratamiento médico, personas con discapacidad y trabajadores extranjeros que quedaron varados o alejados de sus familias. Si bien valoraron las medidas adoptadas para facilitar la búsqueda de nuevos empleos sin perder sus derechos laborales, remarcaron que los tiempos administrativos no responden a la urgencia de los hogares afectados.
Ante esta situación, solicitaron al Gobierno que articule un mecanismo para acelerar el pago de haberes y liquidaciones, garantice la atención médica de los trabajadores y sus familias, y establezca canales de asistencia para los sectores más vulnerables. También pidieron que las mesas de trabajo con sus representantes permitan obtener información transparente, plazos definidos y responsables concretos para cada compromiso.
“No pedimos favores ni privilegios; exigimos justicia y el respeto sagrado al fruto de nuestro trabajo”, expresaron en la carta, en la que instaron al mandatario a evitar que las consecuencias de una crisis empresarial recaigan sobre miles de trabajadores. Asimismo, apelaron a una respuesta política rápida que permita devolver la tranquilidad y la seguridad económica a las familias afectadas.
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Caso Ueno: quiénes son los 27 imputados por las presuntas irregularidades financieras del banco
La causa penal por las presuntas irregularidades financieras de Ueno Bank avanza con 27 personas inicialmente imputadas, entre ellas directivos de la entidad y representantes de sociedades vinculadas que habrían participado en operaciones crediticias irregulares.
Las investigaciones también apuntan a determinar si estas maniobras se realizaron con el conocimiento, la complicidad o la omisión de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), organismo responsable de supervisar el funcionamiento de la entidad financiera.
El Ministerio Público abrió la investigación luego de recibir una comunicación del organismo regulador sobre supuestas irregularidades detectadas durante la supervisión del banco, cuyo procedimiento de resolución fue dispuesto el 2 de noviembre.
La Fiscalía formuló el acta de imputación el 4 de noviembre, en el marco de la causa N.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Entre los principales investigados está Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente de Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlaba Ueno Bank.
Los 27 imputados de la causa
Entre los imputados se encuentran directivos y exdirectivos de Ueno Bank y de empresas vinculadas con el Grupo Vázquez. Los cargos corresponden a antecedentes societarios y perfiles de los directivos publicados durante la investigación.
- Federico Miguel Vázquez Villasanti: vicepresidente primero de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez.
- Juan Manuel Gustale Cardoni: presidente de Ueno Bank.
- Julio Daniel Rey Fernández: exvicepresidente segundo de Ueno Bank.
- Diana Leticia Mongelós González: vicepresidenta segunda de Ueno Bank.
- Mariana Torres Rubiani: exdirectora titular de Ueno Bank.
- Alejandro Gómez Abente: director titular de Ueno Bank.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller: director titular de Ueno Bank y vicepresidente primero de Ueno Seguros.
- Miguel Ángel Almada Frutos: exsíndico titular de Ueno Bank.
La lista continúa con representantes, directivos y accionistas de empresas vinculadas.
- José Augusto Sala Cardozo: presidente y representante legal de MOWI S.A.
- Sergio Amado Pizurno Zsarán: vicepresidente de MOWI S.A. y director titular de Grupo M S.A.
- Vanessa Esther Godoy Ayala: presidenta de Grupo Hendy S.A.
- Óscar Urdapilleta: vicepresidente de Grupo M S.A.
- César Javier Mengual Mazacotte: presidente de Grupo Hendy S.A.
- Miguel Ángel Garay: director titular de Grupo Hendy S.A.
- César Manuel Astigarraga Lambaré: presidente y CEO de ITTI S.A.E.C.A.
- Luis Ernesto Angulo Rivera: vinculado a Grupo M S.A.
- Guillermo Vázquez Muniagurria: director titular de Grupo M S.A.
- Diego Sebastián Gómez Arce: presidente de Grupo M S.A.
- Luis Fernando Ríos Espínola: vicepresidente de TUIU S.A.
- André Gayol Pires: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
- Nicolás S. Di Iorio Olivares: accionista y beneficiario final de TUIU S.A.
- Rodrigo Ramón Franco Ortiz: presidente y representante legal de TUIU S.A.
- Mauro Vargas Wildberger: presidente y accionista de FRANDEDE S.A., además de accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Cecilia Domínguez Elizeche: vicepresidenta de FRANDEDE S.A.
- Martín Vargas Wildberger: accionista de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Gloria Villasanti Farinha: presidenta de AIME S.A. Corredores de Seguros.
- Raúl Fernando Sánchez Gómez: director titular de AIME S.A. Corredores de Seguros.
La imputación alcanza a personas con distintos grados de vinculación con las operaciones examinadas. Su inclusión en la causa no implica que todas hayan sido detenidas ni que exista una responsabilidad penal demostrada.
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Préstamos millonarios y movimientos entre empresas
La investigación se concentra en un presunto esquema de operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026, mediante préstamos y sobregiros concedidos a sociedades vinculadas.
Según los antecedentes fiscales, una parte de los recursos habría sido transferida entre distintas empresas para financiar operaciones diferentes de los destinos originalmente declarados.
Uno de los movimientos investigados corresponde a la adquisición de una cartera crediticia por USD 74,4 millones, operación que habría involucrado a Vinanzas S.A. y otras sociedades vinculadas con el grupo empresarial.
La Fiscalía busca determinar el origen y destino de los fondos, las garantías utilizadas y la eventual responsabilidad de quienes participaron en las operaciones.
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Fiscales encargados de la investigación
El equipo del Ministerio Público está integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi, Yeimy Adle, Ruth Benítez, Luz Guerrero, Luis Piñánez y Belinda Bobadilla Biscouto, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
Los investigadores también desarrollan diligencias patrimoniales destinadas a identificar bienes y recursos que eventualmente puedan ser utilizados para reparar los perjuicios ocasionados a los afectados.
En paralelo, se realizaron allanamientos y se solicitaron medidas cautelares sobre cuentas y bienes de sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.
Investigación podría alcanzar a más personas
El Ministerio Público informó posteriormente que las pesquisas se ampliaron y que se identificaron aproximadamente 35 personas y 37 empresas relacionadas con los movimientos financieros examinados.
Esto no significa que todas ellas estén imputadas, sino que sus vínculos y operaciones forman parte del análisis fiscal. La investigación continúa abierta y no se descarta la presentación de nuevas imputaciones conforme se incorporen elementos de prueba.
El caso Ueno Bank mantiene así un frente judicial centrado en las operaciones financieras de la entidad y las sociedades vinculadas, mientras la Fiscalía intenta reconstruir el destino de los recursos y establecer eventuales responsabilidades penales.
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CIE, una industria paraguaya que lleva su ingeniería a grandes proyectos
Con más de 48 años de trayectoria, la empresa de capital nacional desarrolla soluciones metalmecánicas para los sectores energético, naval, industrial y de infraestructura. Desde su planta de Luque y sus sucursales en el exterior, apuesta a la innovación, la calidad y la expansión internacional.
Energía e infraestructura entre sus principales áreas. La ingeniería paraguaya también tiene presencia en grandes proyectos de infraestructura y energía de la región. Un ejemplo es CIE S.A., empresa de capital enteramente nacional fundada el 10 de octubre de 1978, que a lo largo de más de cuatro décadas desarrolló capacidades para atender proyectos industriales, energéticos, navales y logísticos, tanto en Paraguay como en mercados internacionales.
Con una planta industrial de 108.000 metros cuadrados en Luque, de los cuales 30.000 metros cuadrados corresponden a áreas cubiertas, la firma concentra sus operaciones en el diseño, fabricación y montaje de bienes de capital metalmecánicos y la prestación de servicios especializados.
Su actividad abarca la fabricación de componentes para centrales hidroeléctricas, turbinas, generadores, equipos hidromecánicos, subestaciones y líneas de transmisión de hasta 500 kV. También desarrolla soluciones para fuentes alternativas, como energía fotovoltaica, hidrógeno verde y combustibles verdes.
En el sector naval, cuenta con experiencia en la construcción de barcazas para el transporte fluvial de granos, minerales, combustibles y contenedores, además de remolcadores y diques secos flotantes.
La empresa también participa en el desarrollo de plantas industriales, estructuras metálicas, puentes, terminales portuarias y sistemas de almacenamiento y distribución de combustibles. A esto se suman servicios de mantenimiento, control de calidad, ensayos técnicos, alquiler de equipos y gestión de proyectos.
Calidad y proyección internacional. Uno de los hitos de su trayectoria fue convertirse, en 1997, en la primera empresa paraguaya en obtener la certificación de calidad ISO 9001, que mantiene vigente hasta la actualidad.
Su cartera de clientes incluye instituciones y empresas como Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, el MOPC y la Industria Nacional del Cemento. También registra vínculos comerciales con compañías internacionales como General Electric, Voith Hydro, IMPSA y Andritz Hydro Inepar.
En su estrategia de expansión, CIE cuenta con sucursales en Perú, Brasil y Uruguay, desde donde busca ampliar su presencia regional.
Otro de sus servicios es el modelo de maquila industrial, mediante el cual ofrece fabricación bajo contrato a empresas que buscan acceder a capacidades técnicas especializadas sin realizar inversiones propias en infraestructura productiva.
Con una apuesta centrada en la mano de obra paraguaya calificada, la tecnología y la reinversión, CIE busca fortalecer su competitividad y ampliar su participación en proyectos de alcance internacional.