La crisis de ueno bank continúa generando consecuencias para sus trabajadores. Este jueves, numerosos funcionarios de la entidad financiera acudieron a la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para presentar denuncias por la cesación de servicios y solicitar respuestas sobre su situación laboral.

En imágenes compartidas de la jornada se observa a una gran cantidad de empleados concentrados en las instalaciones de la cartera estatal, donde permanecían a la espera de ser atendidos. Los afectados manifestaron que buscan formalizar sus reclamos de manera individual. Sin embargo, denunciaron que los funcionarios de la institución no estarían permitiendo la presentación de las denuncias bajo esa modalidad.

Esta situación genera nuevos cuestionamientos sobre los mecanismos de atención habilitados para los trabajadores perjudicados por el cierre de la entidad bancaria. Hasta el momento, no se cuenta con una explicación oficial del Ministerio de Trabajo sobre los motivos por los cuales, según los denunciantes, no estarían siendo recibidos sus reclamos individuales.

La situación laboral de los funcionarios de ueno bank comenzó a generar preocupación luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el proceso de resolución bancaria, tras detectar graves problemas de solvencia en la entidad financiera. Según había informado la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, aproximadamente 490 trabajadores figuraban en la nómina de ueno bank hasta el momento de la intervención.

La titular de la cartera estatal señaló que también se encontraban evaluando la situación de empleados de empresas vinculadas y tercerizadas, cuyo número podría ampliar considerablemente el alcance de la crisis laboral. De acuerdo con los datos preliminares difundidos por el ministerio, el universo de trabajadores directos e indirectos potencialmente afectados podría alcanzar a unas 4.621 personas.

El miércoles 4 de noviembre, el Ministerio de Trabajo anunció la habilitación de canales especiales de asistencia para los trabajadores de ueno bank y de empresas relacionadas. La medida contemplaba orientación sobre contratos laborales, salarios pendientes, beneficios sociales, liquidaciones y eventuales denuncias por incumplimientos de derechos laborales.

En declaraciones al programa Arriba Hoy, emitido por GEN y Universo 970 AM, la ministra Mónica Recalde había explicado que se realizaría una evaluación individual de los contratos y beneficios correspondientes a los trabajadores. “Vamos a identificar los contratos de los trabajadores. Hay que ver caso por caso”, manifestó la secretaria de Estado.

Sin embargo, los trabajadores que acudieron este jueves a la sede del MTESS aseguran que encuentran dificultades para presentar sus denuncias individuales, pese al mecanismo de asistencia anunciado previamente.

La incertidumbre también se extiende al cobro de los beneficios laborales. El equipo interventor de ueno bank comunicó que se encuentra trabajando en la atención de las obligaciones con los funcionarios y que las liquidaciones pendientes serían abonadas en los próximos días, aunque sin establecer una fecha concreta.

Por su parte, trabajadores de la entidad también se manifestaron frente al Banco Central del Paraguay para exigir explicaciones sobre su situación. Los empleados señalaron que varios de ellos se presentaron a trabajar normalmente el martes, pero encontraron las sucursales cerradas y bajo custodia policial, sin haber recibido previamente una comunicación formal sobre lo ocurrido.

La Bancada A de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de la Cámara de Diputados apoya el juicio político del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, conforme con la Constitución Nacional.

En un comunicado, la bancada colorada A señala que que esta determinación responde a las convicciones republicanas, al respeto a las instituciones democráticas y al compromiso de actuar con responsabilidad ante las circunstancias que atraviesa el Paraguay.

Precisamente, en estos momentos se siguen escuchando los alegatos en relación con el proceso de juicio político para el presidente Peña.

Al respecto, el diputado Alejandro Aguilera, integrante de esta bancada, sentó postura a favor del enjuiciamiento político del mandatario.

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Se inició la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados con 77 legisladores en sala para activar el proceso constitucional de juicio político en contra del presidente de la República, Santiago Peña, luego del escándalo desatado tras la resolución de ueno bank, dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP) en la madrugada del martes.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, indicó que la tendencia es la aprobación del juicio político a Peña, pero no así para el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien quedaría al frente del Poder Ejecutivo en este escenario.

Consultado sobre la postura de Peña, contó que tuvo una conversación con el mandatario; hasta ahora, su postura es la de no renunciar y dar batalla a este proceso. “El presidente Santiago está convencido de su inocencia y él quiere dar batalla en este proceso”, detalló Latorre.

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Por otra parte, indicó que la prioridad en este momento, además del escenario político, se debe priorizar dar soluciones a las personas afectadas con la resolución del banco, y que los responsables sean puestos ante la justicia.

“Para mí pensamiento, nuestra prioridad son los ahorristas, en segundo lugar está la estabilidad del sistema financiero y en tercer lugar está encontrar una fórmula de una salida política a esta situación. Las responsabilidades se van a dirimir en términos de los procesos de investigación en cuanto a las autoridades del Banco Central del Paraguay, y por supuesto, en cuanto a los responsables de este ente bancario”, apuntó.

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Los senadores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se alinearon al requerimiento realizado por el presidente de la nucleación tradicional, Horacio Cartes, de apoyar el juicio político contra el mandatario Santiago Peña, que es impulsado por diputados de la oposición y la disidencia colorada.

Luego de la postura asumida por el máximo líder de los colorados en sostener que no permitirá el latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, varios legisladores de la Cámara Alta tomaron la decisión de retirar su respaldo al jefe de Estado y requerirle su renuncia.

Entre los primeros en pronunciarse figura el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, quien sostuvo que “como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”.

Núñez agregó que “reclamamos la renuncia del presidente Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”.

Las afirmaciones de Núñez fueron respaldadas por el líder de bancada del oficialismo colorado, Natalicio Chase, quien alegó que “como senador de la Nación, tengo el deber de defender los intereses de los paraguayos y proteger la institucionalidad de nuestra República. Ante un hecho de semejante gravedad, el silencio y la indiferencia no son opciones. Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados”.

Añadió que “etrás de cada ahorro hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio que merecen ser respetados y protegidos. El Paraguay exige respuestas claras, transparencia absoluta y decisiones firmes. Las instituciones deben actuar con toda la fuerza de la ley, sin privilegios, sin excepciones y sin interferencias políticas. Por todo ello, reclamamos la renuncia del presidente de la República. De no producirse, acompañaremos el inicio del procedimiento constitucional de juicio político, con pleno respeto al debido proceso y a las atribuciones del Congreso Nacional. Hoy más que nunca, defender la República exige responsabilidad, firmeza y coraje”.

En la misma línea se pronunció Derlis Maidana quien indicó que “siguiendo nuestra línea de defensa del Estado de Derecho y la institucionalidad, y estando al lado del pueblo como siempre estuvimos. Acompañamos la postura del Presidente del Partido Colorado”.

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Por su parte, Óscar “Cachito” Salomón dijo que “Peña traicionó al país y al Partido Colorado por dinero. Esto es una vergüenza él y todos los culpables tienen que pagar sí o sí”. Mientras que Antonio Barrios puntualizó que “el Partido Colorado debe proteger a todos los ciudadanos paraguayos y bregar por la honestidad y transparencia y acá estamos hablando de fondos que deben ser recuperados, los fondos jubilatorios y el dinero de la pobre gente que hoy está pasando muy mal”.

Señaló que “yo ruego que Peña renuncie, hay que ir hasta el fondo y que la justicia haga su trabajo. Es imperdonable que aún sigan los miembros del Banco Central del Paraguay, los integrantes de la superintendencia que no supieron alertar en tiempo y forma todo lo que estaba ocurriendo”.

Mientras que Gustavo Leite se limitó a manifestar “apoyo las expresiones del presidente Horacio Cartes, este no es momento para tibio”. Por su parte, Luis Pettengill afirmó que “mi postura es acompañar a todos los ahorristas, esto es algo muy grave para todo el sistema financiero. Peña tiene que rendir cuentas ante la justicia si cometió un hecho ilícito, cero impunidad”.

El libelo acusatorio contra Peña se encuentra siendo analizado este jueves en la Cámara de Diputados y consta de cinco causales que, a criterio de los proponentes, son prueba fehaciente de mal desempeño en sus funciones, centrado principalmente en la crisis financiera de ueno bank. De ser aprobado será remitido al Senado para su tratamiento.

Las causales contra el mandatario son: conflictos de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las puertas giratorias, manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), sobrepaso de límites crediticios en ueno bank y encubrimiento institucional del Banco Central del Paraguay, beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito, afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistemático.

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