El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) aprobó una declaración orientada a fortalecer la soberanía, la seguridad nacional y la gobernanza regional ante el avance del crimen organizado. La iniciativa fue impulsada por el diputado colorado Carlos Núñez.

Según el proyectista, la propuesta responde a una cifra alarmante: las economías ilícitas en América Latina y el Caribe generan más de USD 300 mil millones anuales, un monto comparable al producto interno bruto de varios países de la región.

“Actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando y la minería ilegal ya no operan como delitos aislados, sino como redes transnacionales con capacidad económica, tecnológica y logística que desafían la autoridad de los Estados”, fundamenta el legislador.

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El texto plantea fortalecer los marcos legislativos nacionales y avanzar hacia mecanismos de cooperación entre países que permitan un mejor intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas y mayor vigilancia en las zonas fronterizas, siempre respetando la soberanía de cada Estado.

Se sugiere priorizar la inversión pública en tecnología para el control territorial, entre ellas vigilancia satelital, radares de interceptación aérea, drones de reconocimiento de largo alcance y sistemas biométricos en los puntos de tránsito legal.

Entre otros puntos, el proyecto contempla igualmente la creación de una agenda regional con participación de distintas comisiones del Parlatino, encargada de evaluar los avances legislativos y la implementación de políticas contra el crimen organizado.

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