El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) aprobó una declaración orientada a fortalecer la soberanía, la seguridad nacional y la gobernanza regional ante el avance del crimen organizado. La iniciativa fue impulsada por el diputado colorado Carlos Núñez.
Según el proyectista, la propuesta responde a una cifra alarmante: las economías ilícitas en América Latina y el Caribe generan más de USD 300 mil millones anuales, un monto comparable al producto interno bruto de varios países de la región.
“Actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando y la minería ilegal ya no operan como delitos aislados, sino como redes transnacionales con capacidad económica, tecnológica y logística que desafían la autoridad de los Estados”, fundamenta el legislador.
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El texto plantea fortalecer los marcos legislativos nacionales y avanzar hacia mecanismos de cooperación entre países que permitan un mejor intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas y mayor vigilancia en las zonas fronterizas, siempre respetando la soberanía de cada Estado.
Se sugiere priorizar la inversión pública en tecnología para el control territorial, entre ellas vigilancia satelital, radares de interceptación aérea, drones de reconocimiento de largo alcance y sistemas biométricos en los puntos de tránsito legal.
Entre otros puntos, el proyecto contempla igualmente la creación de una agenda regional con participación de distintas comisiones del Parlatino, encargada de evaluar los avances legislativos y la implementación de políticas contra el crimen organizado.
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Los Super Tucano golpearon “sustancialmente” los vuelos clandestinos, dice ministro
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, indicó que la operatividad de las aeronaves A-29 Super Tucano frenaron sustancialmente los vuelos clandestinos, cuando este viernes se aguarda el arribo del quinto avión de la empresa brasileña Embraer, adquirido en junio del 2025, y la flota se completará a fines de setiembre con la sexta unidad aérea.
“Esto forma parte de las inversiones más importantes que tuvo las Fuerzas Armadas de la Nación después de 40 años ya que el gobierno destinó USD 150 millones con la compra de estas seis aeronaves y un radar con su sistema de mano y control que será recibido a mediados del 2027″, indicó el jefe militar en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Sus afirmaciones surgen ante la llegada del quinto Super Tucano que se concreta por la mañana de este viernes.
“Con estas aeronaves y los radares móviles que fueron revitalizados por este gobierno se están realizando las operaciones de vigilancia del espacio aéreo, han disminuido sustancialmente los vuelos irregulares, obviamente todavía no tenemos el control total porque nuestros radares móviles no tienen el alcance suficiente para ello, pero con informaciones de inteligencia mediante un trabajo conjunto con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se están instalando los radares en lugares estratégicos para cumplir la misión de forma parcial”, dijo.
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González dijo que para el control total del espacio aéreo paraguayo se requieren entre seis a ocho radares de mayor alcance. La compra de los Super Tucano incluye el soporte logístico, los simuladores, así como la formación de tripulantes y personal de mantenimiento.
Las aeronaves permiten la vigilancia efectiva de fronteras y espacio aéreo, interdicción de vuelos ilícitos y apoyo a operaciones contra el crimen organizado y mayor presencia y disuasión en zonas de difícil acceso.
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Riera advierte que el dinero del crimen organizado es la mayor amenaza para la democracia
El ministro del Interior, Enrique Riera, considera que seguir la ruta del dinero es actualmente uno de los mayores desafíos y principal frente de batalla del Estado paraguayo ante el crimen organizado. Señaló que esta lucha no representa únicamente una amenaza vinculada al narcotráfico y la violencia, sino también al funcionamiento de las instituciones.
En una entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro señaló que el lavado de dinero y la capacidad de estas estructuras de infiltrarse en instituciones, así como comprar voluntades, o financiar campañas, son la mayor amenaza para la democracia.
Riera hizo esta puntualización al hacer una balance de los tres años de gestión gubernativa en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; señalando que para combatir este problema, el Estado también se tuvo que “organizar” y unir fuerzas para enfrentarles con todo el peso de la ley.
“Creo que el tema más complicado es seguir la ruta del dinero, que es lavada mediante empresas pseudo legales donde hay abogados, escribanos, funcionarios corruptos, periodistas, jueces, fiscales que sumados al uso de kriptomonedas hacen este trabajo muy complicado”, expresó.
Añadió que cuando el dinero del crimen organizado no se encuentra, los criminales lo utilizan para permear el sector público y privado comprando jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, militares, periodistas y demás. “Eso les permite financiar campañas y así los electos, responden al “sponsor” y no a los electores protegiéndolos del alcance la la ley. Es hoy por hoy la mayor amenaza de nuestra democracia", remarcó.
Ante esta situación, destacó la suma del poder público (fuerzas militares y la Policía Nacional), con tropas combinadas en los grandes operaciones en perfecta coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. También destacó la colaboración de los aliados internacionales en los diferentes mecanismos de cooperación (comando bipartito, tripartito, Interpol, Coaliciones y todos los países del mundo), intercambiando inteligencia, tecnología y estrategia conjunta.
Acabar con el microtráfico
El ministro Riera destacó, finalmente, la implementación del Plan Sumar como una estrategia integral frente al microtráfico, que combina la acción de la fuerza pública, el tratamiento de las adicciones desde Salud Pública y la prevención entre los jóvenes desde Educación. Señaló que la segunda etapa apunta a llevar estas acciones directamente a los barrios.
Indicó que esta lucha particularmente contra el microtráfico se está abordando a nivel nacional, trabajando de forma coordinada en el marco de la política de Estado, repartiendo tareas en los problemas de aplicación de la ley mediante toda la fuerza pública coordinada entendido como un tema de Seguridad (la oferta) y el tratamiento de los adictos (la demanda).
“Mediante el Ministerio de Salud Pública, se aborda este tema como un problema de Sanidad Pública con especialistas en adicciones y, finalmente, la prevención para los más jóvenes mediante acciones concretas lideradas por el Ministerio de Educación. Esta es una política de estado. Y los resultados son muy esperanzadores porque en esta segunda etapa estamos bajando a los barrios con el Plan Sumar en Tu Barrio 2.0″, concluyó.
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Diputados sanciona proyecto que declara festividad de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial
La Cámara de Diputados aceptó este martes las modificaciones de forma introducidas por el Senado y sancionó el proyecto de ley “Que declara la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Paraguaya”.
El diputado Carlos María López defendió la aceptación de las reformas y señaló que la festividad cumple con los criterios establecidos en la Ley de Patrimonio Cultural, así como con los principios de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), que reconoce como tal a las tradiciones vivas transmitidas de generación en generación.
Las modificaciones introducidas por el Senado se dieron, en primer lugar, en el título del proyecto, que quedó redactado de la siguiente manera: “Que declara la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay”.
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En segundo lugar, se modificó el artículo 2, que faculta a la Secretaría Nacional de Cultura a coordinar acciones para fomentar y promover las actividades enmarcadas en la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé.
A dicha coordinación se sumó la participación de las autoridades eclesiásticas, la Gobernación de Cordillera, la Municipalidad de Caacupé y demás autoridades públicas competentes, para disponer las acciones establecidas en ese apartado.
Tras someterse a votación, el pleno sancionó el proyecto y dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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Presidente chileno anuncia un paquete de reformas legislativas contra el crimen organizado
El presidente chileno José Antonio Kast anunció el miércoles en un mensaje al país que impulsará un paquete de reformas en el Congreso para combatir el crimen organizado, una de sus principales promesas de campaña. Kast, un abogado de extrema derecha de 60 años, asumió el poder en marzo con el compromiso de poner en marcha un gobierno de “emergencia” que combatiera con mano dura la delincuencia y la migración irregular.
Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua. Su tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.
“Son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso (...) y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile”, dijo Kast en el mensaje televisado. El presidente anunció que enviará una reforma para agregar en la Constitución “el deber” del Estado de resguardar la seguridad de las personas.
Eso “nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas”, aseguró el mandatario.
Tras el anuncio, pronto le llegaron críticas desde la oposición. “La reforma del Presidente Kast debe incluir levantarle el secreto bancario a los narcos, algo a lo que se han opuesto férreamente. Es incomprensible”, señaló la diputada izquierdista Gael Yeomans, del Frente Amplio, en su cuenta de X.
Mano dura
Kast ha visto la caída de su popularidad en las últimas semanas y ha sido criticado por la falta de resultados rápidos en su prometida política de “mano dura” contra el crimen, a casi cinco meses de haber asumido el cargo. El mandatario pidió la renuncia de su primera ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, tras solo 69 días en el poder.
En medio de la inestabilidad de su gabinete, “esto termina siendo una especie de golpe de timón del presidente (...) para señalar que, en el fondo, la casa está ordenada y el compromiso del gobierno se mantiene”, dijo a la AFP Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales.
Será el segundo gran paquete de medidas de su gobierno, luego de que el Congreso de Chile aprobara en julio casi la totalidad de una megarreforma legislativa que le otorga beneficios tributarios a grandes empresas y con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país. La última norma pendiente fue aprobada el martes por el Senado y ahora espera la revisión del Tribunal Constitucional antes de su promulgación.
Para combatir la delincuencia, Kast reiteró su intención de ampliar el periodo de retención de migrantes irregulares, cuyo plazo actual es de cinco días, y aumentar “la capacidad de expulsión efectiva” de indocumentados, sin entregar más detalles.
También dijo que endurecería las penas contra quienes capten menores para integrar sus bandas criminales y que ampliaría el plazo de flagrancia de delitos de 12 a 24 horas para facilitar las detenciones.
En una conferencia de prensa posterior, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que uno de los proyectos buscará crear “un listado concreto de las organizaciones criminales y terroristas” para “tener una vía más ágil para combatirlas”.
Fuente: AFP.