En sesión ordinaria presidida por el senador Basilio Núñez, la Cámara de Senadores designó a sus representantes titulares y suplentes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, nombró al senador Edgar López como miembro titular del Consejo de la Magistratura. Todas las designaciones se realizaron a través de votación electrónica.
Como primer punto del orden del día, a moción del senador Natalicio Chase, el pleno aprobó la designación de los senadores Pedro Díaz Verón y Mario Varela como miembros titulares del JEM, en representación de la Cámara Alta, conforme a las disposiciones de la Constitución Nacional y las respectivas legislaciones vigentes. Esta propuesta obtuvo la mayoría al momento de la votación.
Igualmente, el senador José Oviedo propuso la designación de la senadora Celeste Amarilla y del senador Rubén Velázquez para integrar el JEM; sin embargo, la propuesta no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.
Miembros suplentes
En tanto, a moción del senador Juan Carlos Galaverna (h), fueron designados como miembros suplentes ante el JEM la senadora Hermelinda Alvarenga y los senadores Derlis Maidana y Carlos Núñez.
Conforme al artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, los miembros del Jurado durarán en sus funciones por un período de tres años, no pudiendo revocarse ni acortarse dicha designación en ningún caso, aunque podrán ser reelectos por un nuevo período.
A continuación, a moción de la senadora Hermelinda Alvarenga, el pleno designó al senador Edgar López como miembro titular ante el Consejo de la Magistratura. Asimismo, a propuesta del senador José Oviedo, fue designado como miembro suplente el senador Enrique Salyn Buzarquis.
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Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
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Huelga de médicos: Bachi Núñez ratifica postura de no elevar impuestos
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, reiteró su postura de no elevar los impuestos para obtener más recursos, esto en el marco del reclamo y la huelga de médicos que piden un aumento salarial que requerirá de un presupuesto aproximado de USD 100 millones más para los 12.000 médicos del sistema de salud pública.
“Ya adelanté mi postura que no estoy de acuerdo con ninguna elevación impositiva, más si lo hacemos a la ligera. Lo primero que tenemos que hacer es recaudar más, formalizar las empresas y después ver otras posibilidades, hay que tener en cuenta que si uno eleva los impuestos eso lo traslada al ciudadano, lo traslada al microempresario, traslada al constructor, al trabajador, no estoy inventando la rueda”, dijo a los medios de prensa.
El legislador indicó que con el aumento de las tasas impositivas se podría perder el atractivo de inversión para el Paraguay y afirmó que se deben analizar primeramente otras opciones para aumentar las recaudaciones.
“Vamos a hacer un círculo inflacionario, no es la solución, y si vamos al ejemplo de Uruguay que tiene el 22 % IVA, trasladar eso, entonces ¿por qué están viniendo todas las empresas a Paraguay?, precisamente por esa flexibilidad impositiva, eso le da trabajo a la gente”, expresó.
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Sobre los planteamientos de elevar impuestos a otros productos, como el tabaco u otros, refirió que toda propuesta debe ser analizada con responsabilidad. “Estamos abiertos a todas las propuestas, sea tabaco, sea cigarrillo electrónico, bebidas azucaradas, alcohol, soja, lo que sea, pero vamos a estudiarlo seriamente. Tenemos que hacer estudios serios y lo vamos a hacer”, apuntó.
Finalmente, afirmó que está en contra del aumento de todo impuesto que signifique una carga para la ciudadanía. “El martes recibimos el presupuesto general de la nación 2027, el Presupuesto de Gastos de la Nación no se estudia de la noche a la mañana. Que se presente el proyecto de ley y lo vamos a ver, en puridad no estoy en contra de cualquier aumento impositivo, porque eso lo va pagar el ciudadano, ña Juana va a pagar, si quieren que pague ña Juana o don Pedro, adelante”, concluyó.
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Senado aprobó con modificaciones ley de emergencia del IPS
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara en emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que el texto fue remitido nuevamente a Diputados para su consideración en segunda vuelta.
Varios diputados impulsaron la propuesta ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta la realización de acciones administrativas y financieras necesarias.
En su intervención ante el pleno, el senador Silvio Ovelar explicó que la iniciativa establece procedimientos excepcionales para atender las necesidades de la institución, entre ellos la suspensión de mecanismos convencionales de contratación y la posibilidad de realizar compras directas de medicamentos e insumos, además de reparaciones edilicias.
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Plazo de vigencia: un año
Recordó que durante una reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto participaron el presidente del IPS y el ministro de Economía y Finanzas, quienes expusieron sobre el alcance de la propuesta.
A su vez, el senador Natalicio Chase propuso su aprobación con modificaciones. El planteamiento contempla, entre otros aspectos, medidas relacionadas con el fortalecimiento del recurso humano, incluyendo la desprecarización laboral de aproximadamente 700 funcionarios y la incorporación de nuevos contratos, conforme a la planificación institucional, para cubrir el déficit de médicos existente en el ente previsional.
La propuesta también contempla la constitución de una fiducia de gestión de cobranza, orientada a la recuperación de la cartera judicializada de la institución. El objetivo es alcanzar al total de los deudores en mora y recuperar, en un plazo de cinco años, el 60 % de la cartera entregada para gestión de cobro.
Durante el tratamiento también se planteó modificar el plazo de vigencia de la emergencia, estableciendo que sea por un año desde su promulgación, en sustitución del plazo previsto inicialmente hasta el año 2028.
Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado con modificaciones y, al contar con cambios respecto de la versión sancionada por la Cámara de Diputados, se envió nuevamente a la Cámara Baja para su tratamiento en plenaria.
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Analizarán propuesta para agilizar la titulación de tierras de la reforma agraria
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, convoca a una audiencia pública para este viernes 28 de agosto, a las 09:30, en la sala de sesiones del Congreso Nacional, donde se analizará un proyecto de ley que busca facilitar el acceso al título de propiedad de tierras adjudicadas a beneficiarios de la reforma agraria.
Durante la audiencia se estará analizando el proyecto de ley que había sido remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 372 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está actualmente en trámite en la Cámara de Senadores.
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La iniciativa propone eliminar la barrera económica que actualmente existe, que es el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para la entrega del título y establecer un régimen de pago diferido. Según la exposición de motivos, ese requisito termina frenando expedientes que ya están técnicamente preparados para convertirse en títulos.
De lograrse la modificación de los artículos del Estatuto Agrario, el beneficiario podrá recibir el título y posteriormente abonar el valor de la tierra en cuotas anuales, iniciando los pagos 12 meses después de la titulación. El plazo previsto es de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
Expedientes frenados
En la argumentación del proyecto de ley explica que el requisito vigente constituye una barrera económica para numerosas familias campesinas de bajos ingresos.
Se estima que la modificación podría beneficiar a aproximadamente 130.000 familias, mientras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuenta con alrededor de 15.000 expedientes técnicamente aptos para la titulación que no avanzan debido, principalmente, a la imposibilidad de cumplir con el pago previo.
La propuesta busca otorgar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, facilitando posteriormente el acceso al crédito formal, la inversión, la tecnificación y el desarrollo productivo de las fincas. Asimismo, contempla una consideración especial para las mujeres campesinas, particularmente aquellas que son cabeza de familia.
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