La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado liberal Arnaldo Valdez resolvió solicitar el parecer de varias instituciones antes de dictaminar acerca del proyecto de ley “Que regula la propaganda electoral en redes sociales y plataformas digitales”.

Esto, con el objetivo de adecuar el Código Electoral paraguayo a las nuevas formas de comunicación política que predominan en la era digital.

La iniciativa pretende modernizar el marco normativo vigente que actualmente está enfocado principalmente en medios tradicionales y soportes físicos, incorporando los espacios virtuales al ámbito de control y fiscalización de la Justicia Electoral.

Según los fundamentos de la propuesta, la necesidad de esta regulación responde al creciente protagonismo de las plataformas digitales en los procesos electorales, especialmente entre los jóvenes. Datos citados en el proyecto señalan que el 47,4 % de este sector de la población obtiene información sobre asuntos electorales principalmente a través de redes sociales.

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El diputado Valdez explicó que con el propósito de dotar a la iniciativa de un sólido respaldo técnico y jurídico, la Comisión de Asuntos Electorales resolvió solicitar informes y opiniones institucionales al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), al Ministerio Público y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). “La intención es evaluar la viabilidad operativa de los mecanismos propuestos y fortalecer las capacidades de control y fiscalización de las instituciones involucradas”, refirió

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la protección de los datos personales en el ámbito político. En ese sentido, la propuesta prohíbe expresamente el uso de técnicas de segmentación o micro-targeting basadas en perfiles ideológicos o afiliaciones políticas obtenidas sin consentimiento de los ciudadanos, buscando evitar prácticas de manipulación electoral mediante el uso indebido de grandes volúmenes de datos.

Asimismo, el documento contempla la creación de un Registro Obligatorio de Cuentas para la publicidad política digital, herramienta que permitiría al TSJE y a la ciudadanía conocer el origen de los recursos destinados a campañas en internet y reforzar la transparencia del financiamiento electoral.

La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con el uso de nuevas tecnologías. Entre ellas, establece restricciones para la utilización de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial (deepfakes) con fines de desinformación, además de exigir la identificación de materiales generados por IA.

Igualmente, extiende el período de silencio electoral a la publicidad paga en plataformas digitales durante las 48 horas previas a los comicios.

Por otro lado, se prevé la implementación de mecanismos de cooperación con grandes empresas tecnológicas para facilitar el acceso a bibliotecas de anuncios y fortalecer los procesos de control y auditoría electoral.

Finalmente, el proyecto plantea una aplicación gradual de las nuevas disposiciones, fijando una vacatio legis hasta el ciclo electoral de 2032, con el fin de permitir que el TSJE desarrolle las capacidades tecnológicas necesarias y se consoliden los mecanismos de transparencia en el ámbito digital.

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