El mandatario Santiago Peña anunció la reglamentación de la ley 7599 de Energías Renovables no Convencionales, promulgada en diciembre del 2025, mediante el decreto 6034. Con este paso, el Gobierno busca atraer mayor inversión y diversificar la matriz energética nacional. La normativa también habilita al sector privado a generar, comercializar e incluso exportar energía limpia.

“La modernización del sector energético da un paso decisivo. Con la reglamentación de la Ley de Energías Renovables No Convencionales, Paraguay transforma una visión estratégica en un marco operativo concreto para atraer inversiones, diversificar su matriz energética y acompañar el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica nacional. Más energía, más competitividad y más futuro para el Paraguay", dijo Peña en redes sociales, acompañado por el jefe de gabinete Javier Giménez y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Ilo Moreno.

En la reglamentación se detalla que “Paraguay ostenta una posición única a nivel global en materia de matriz energética limpia, siendo, al día de la fecha, el único país del mundo que cuenta con una matriz de generación de energía eléctrica compuesta en su totalidad por fuentes renovables, lo cual constituye un activo estratégico que debe ser preservado, capitalizado especialmente proyectado hacia el futuro. Que el sostenimiento de dicha posición exige un esfuerzo constante de expansión, modernización y diversificación de la capacidad de generación de energía instalada en el país”.

Agrega que “Paraguay se encuentra ante una oportunidad histórica de consolidarse como un verdadero ‘hub’ energético regional, atrayendo inversiones de gran envergadura, generando empleo calificado, facilitando la incorporación de know-how y de tecnología de vanguardia, y proyectando externalidades positivas que trascienden al sector eléctrico para irradiarse sobre el conjunto de la economía nacional".

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De esta forma, las firmas privadas podrán generar energía usando fuentes como la solar, eólica o biomasa, biogás y geotérmica, teniendo en cuenta que la matriz energética del Paraguay por la generación hidroeléctrica estatal, principalmente a través de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. y la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

A la vez, las empresas se encuentran habilitadas para poder comprar, ofertar e incluso exportar energía generada con dichas fuentes no convencionales. La reglamentación detalla que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mediante el Viceministerio de Minas y Energías que fijará anualmente la tarifa de referencia de Energías Renovables no Convencionales, a partir de informes de costos que remitirá la Ande.

Para la actividad comercial se introducen cuatro actores: autogenerador de energía renovable no convencional, cogenerador, generador y exportador. El primero produce energía para consumo propio, el segundo produce tanto energía eléctrica como otra forma de energía de manera simultánea, el tercero da licencia para producir y vender energía a la Ande o concesionarias y el cuarto produce energía exclusivamente para exportar.

La Ande podrá realizar licitaciones para comprar energía de generadores privados destinados a cubrir la demanda interna o para liberar energía propia para exportación. Los adjudicados deben constituir una sociedad anónima (S. A.) en Paraguay para firmar el contrato. El oferente debe poseer al menos el 51 % de las acciones.

Se crea un fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFP) como fiduciario y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como fideicomitente, para asegurar el pago puntual a los generadores privados. Todos los costos de las obras e infraestructura necesarias para conectarse a la red eléctrica o transportar energía corren por cuenta exclusiva del privado.

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Defensa del exsenador, condenado a 13 años de cárcel, sostiene que debería ser enviado a la Agrupación Especializada o a Viñas Cue.

El Tribunal de Sen­tencia Especializado en Crimen Organi­zado, integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos decretó hoy prisión del exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asocia­ción criminal en relación al narcotráfico.

La defensa de Galeano había ofrecido antes de la senten­cia 17 mil millones de guara­níes para que se le beneficie con arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. Tam­bién la defensa del exsenador sostuvo que, si se decreta la prisión, como lo es ahora, debería ser en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en el penal de Viñas Cue.

La semana pasada, el Minis­terio Público había solici­tado al Tribunal de Sen­tencia la aplicación de la medida preventiva de Galeano, luego de que el martes pasado el plenario de la Cámara Alta aceptara su renuncia a su banca como senador de la Nación.

Galeano fue condenado a 13 años de cárcel en el marco de la causa abierta por la comi­sión de los hechos punibles de lavado de activos y aso­ciación criminal en el caso A Ultranza Py.

El Tribunal de Sentencia dispuso que guarde reclu­sión mientras se tramita la última parte del proceso, descartando de este modo la posibilidad de aplicar arresto domiciliario con tobillera electrónica, tal como había solicitado la defensa, pese a que se ofreció una millona­ria fianza real sobre varios inmuebles.

Galeano cumplirá la medida de prisión preventiva mien­tras se tramita ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra su condena, recurso al cual se sumaría una acción de inconstitucionalidad según anunció su defensa.

Cabe recordar que el Tri­bunal basó su condena bajo el argumento que Galeano “apoyó operativamente a la organización de carác­ter transnacional dedi­cada al tráfico internacio­nal de cargas entre el 2020 y 2021”.

La investigación estableció vínculos con el presunto nar­cotraficante uruguayo Sebas­tián Marset y con el pastor, Miguel Ángel Insfrán, cono­cido como Tío Rico.

El juzgado entendió que no se justificaron suficientemente las razones que hagan necesaria su salida del país.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, tomó la deci­sión de rechazar la solici­tud de autorización judicial realizada por el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, para viajar al Brasil, en consonancia con el reciente fallo de un tribunal que consideró inconsisten­cias en su pedido.

El juzgado entendió que no se justificaron suficientemente las razones que hagan nece­saria su salida del país. “Para este juzgado, el simple hecho de solicitar la salida del país por motivos de carácter ins­titucional y empresarial no justifica la necesidad del viaje ni lo torna imprescindible, resultando insuficiente para asegurar el sometimiento del procesado al presente proceso”, señala parte de la resolución.

El dirigente opositor, que acumula 60 denuncias por hechos de corrupción en su pasada gestión como jefe comunal, pretendía salir del país desde el 27 de mayo al 1 de junio con el fin de visitar específicamente las localida­des de Maceió y São Bernardo do Campo, para participar como expositor en un evento internacional de carácter ins­titucional y empresarial.

Prieto tomó la decisión de recurrir a Otazú en busca de revertir la prohibición de salir del país, impuesta el pasado 8 de mayo por el Tribunal de Sentencia conformado por Ana Rodríguez, Karina Cáce­res y Yolanda Morel, quienes atienden el proceso judicial en la causa conocida como “Tía Chela”, referente a presuntas irregularidades en la compra de kits alimentarios en la pan­demia del covid-19.

El caso data del año 2020 y, de acuerdo a las investiga­ciones fiscales, Prieto habría ocasionado un perjuicio equi­valente a G. 2.130 millones. En aquella ocasión, las magis­tradas alegaron que decidie­ron acompañar el rechazo del Ministerio Público, ya que la defensa técnica del exintendente no presentó documentos claves requeri­dos. Agregaron que Prieto podría participar del evento de manera virtual, sin la necesidad de tener que rea­lizar el viaje.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, sigue realizando su recorrido por los juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y los juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la capital, ubicados en el tercer piso del Palacio de Justicia de Asunción, con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento, relevar necesidades operativas e identificar acciones orientadas al fortalecimiento institucional y la modernización del servicio de Justicia.

Durante su tradicional recorrido, el titular de la máxima instancia judicial dialogó con los magistrados, actuarios judiciales y funcionarios de los juzgados visitados sobre la dinámica de trabajo y las principales necesidades vinculadas a recursos humanos, organización de espacios y funcionamiento general de las dependencias.

Posteriormente, señaló que continúan las tareas de reorganización y mejora en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la capital. Asimismo, destacó que el Poder Judicial avanza en el proceso de digitalización, reciclaje de documentos y remisión de expedientes al archivo institucional.

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“Seguimos con la misma dinámica: enviando expedientes al archivo, verificando el reciclaje de papeles que no forman parte de los expedientes y que siempre se acumulan. Sobre eso vamos a elaborar un informe consolidado de todo lo reciclado y remitido al archivo”, expresó.

El titular de la Corte también subrayó la importancia de generar condiciones adecuadas en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, atendiendo a la especial sensibilidad de los casos que allí se tramitan.

“Estos relevamientos tienen como fin mejorar las condiciones de trabajo en los juzgados en general. Sin embargo, en el fuero de Niñez y Adolescencia el tema es todavía más sensible, porque los niños necesitan una atención distinta, una atención que no aumente el estrés que ya tienen por presenciar conflictos. Por eso debemos procurar un ambiente amigable y humano para ellos”, manifestó.

Estas acciones forman parte de la política de supervisión directa impulsada por la Corte Suprema de Justicia, orientada a acompañar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales e introducir mejoras operativas a partir de la observación in situ.

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