En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.
El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.
Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.
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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.
Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.
Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.
Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.
Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.
En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.
Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.
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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.
Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.
En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.
En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.
Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.
Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.
“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.
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