La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados dictaminó este lunes a favor del proyecto de ley que pretende adecuar la Ley Nº 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial a la realidad actual del transporte de pasajeros mediante vehículos livianos, particularmente, aquellos operados por conductores de taxis, remises y plataformas digitales.
El proyecto plantea precisar el alcance de las categorías de licencias profesionales y ajustar las edades mínimas para su obtención, estableciendo expresamente que el transporte de pasajeros en vehículos livianos pueda realizarse con licencia profesional categoría “B”.
Con ello, se busca otorgar seguridad jurídica, evitar interpretaciones extensivas de la normativa vigente y proteger la fuente de ingreso de trabajadores que utilizan estas plataformas como medio legítimo de sustento, fundamentaron los legisladores.
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Por otro lado, la comisión analizó, conjuntamente, con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el proyecto de ley “Que establece el régimen especial de peajes en redes viales nacionales y departamentales de la República del Paraguay”, impulsado por el diputado Benjamín Cantero.
El proyectista precisó que los representantes del MOPC aclararon algunas dudas y se comprometieron a enviar sugerencias con respecto a esta iniciativa, que busca establecer un marco normativo específico que rija para el cobro de peajes en el país.
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Oficialistas evaluarán pedido de interpelación al titular del MUVH impulsado por oposición
El diputado colorado Miguel Ángel Del Puerto confirmó que el próximo lunes, la bancada “A” del Partido Colorado, la cual lidera, estará tomando finalmente una postura respecto al proyecto de resolución “Que cita e interpela a Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)”. La propuesta había sido planteada por legisladores pertenecientes a sectores de la oposición y de la disidencia colorada, en el marco de cuestionamientos vinculados a presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales.
En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador explicó que la bancada de Honor Colorado aún no tiene una posición asumida de forma definitiva, ya que aún no ha sido analizado este tema entre sus pares. No obstante, y de forma personal, señaló que, atendiendo que por tratarse de una bancada oficialista y ante las documentaciones y los argumentos esgrimidos por los técnicos del MUVH, no existiría ninguna necesidad de llevar adelante una interpelación al ministro.
El líder de bancada recordó que ya en su momento, cuando salió a luz la situación de la adjudicación de una vivienda al entonces senador Javier “Chaqueñito” Vera, el cual fue muy cuestionado; el propio ministro Baruja junto a sus asesores técnicos mantuvieron una reunión con los líderes y vicelíderes de bancada en Mesa Directiva donde explicaron las circunstancias y los elementos legales con los que fue adjudicado este departamento al exsenador.
“La parte documental ha sido demostrada; lo que tal vez se pueda, de repente, debatir es la parte ética moral del exsenador Vera al haber solicitado ese departamento. Pero en la parte administrativa creemos que no hay nada que debatir, ni demostrar. En su momento, el ministro Baruja con los técnicos del MUVH se presentaron ante la mesa directiva y demostraron todas las documentaciones a todos los líderes de las diferentes bancadas”, explicó.
Cabe recordar que este tema había quedado postergado de la última sesión extraordinaria de esta semana, ya que estaba previsto ser analizado en el punto número 10; pero la plenaria se vio interrumpida cuando se rompió el quórum. No obstante, la Mesa Directiva, volvió a incluir este tema para la sesión ordinaria del próximo martes 7 de abril, en el punto número 8 del orden del día.
“Seguramente nosotros el lunes, en bancada, ya vamos a tratar y tener una posición ya firme de bancada ante ese pedido presentado por la oposición. Creo que la oposición más bien está queriendo politizar este tema y llevar al escenario político, antes que, al administrativo institucional, un tema que incluso ya quedó en la nada luego de que el exsenador renunciara a la adjudicación”, acotó.
Dictamen de mayoría por el rechazo
En tanto, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, presidida por el diputado José Rodríguez, ya emitió dos dictámenes, uno en mayoría por el rechazo, y otro en minoría por la aprobación de avanzar con el pedido de interpelación al ministro Baruja.
Según habían manifestado los integrantes de la citada mesa asesora, los fundamentos de ambas posturas serán expuestos ante el plenario de la Cámara de Diputados, al momento de su tratamiento.
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Diputada propone que el 15 % de la recaudación de SENACSA se destine al IPTA
La diputada Cristina Villalba presentó un proyecto de ley que busca destinar el 15 % de lo recaudado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) a financiar la investigación agraria del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).
Para ello la proyectista sugiere modificar la Ley N.º 3788/2010 del IPTA y el artículo 30 de la Ley N.° 2426/04, que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)”.
“La propuesta apunta a actualizar una ley que ya tiene más de 15 años, permitiendo que el IPTA reciba recursos de instituciones públicas del ámbito pecuario. Esto permitirá impulsar investigaciones en áreas clave como sanidad animal, alimentación y mejoramiento genético”, comentó la diputada Villalba a La Nación/Nación Media.
Explicó que el objetivo es claro: generar más tecnología para el campo, mejorar la productividad y apoyar especialmente a pequeños y medianos productores, “fortaleciendo así la economía rural y la competitividad del Paraguay”.
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Fortalecer la investigación
“El IPTA es clave para generar tecnología y conocimiento para el campo, pero su ley quedó desactualizada. No contempla recursos del sector pecuario, que es uno de los motores de nuestra economía”, aseveró.
La congresista colorada fundamentó que con esta propuesta se pretende corregir la normativa para fortalecer la investigación y llevar más soluciones a los productores, especialmente a los pequeños y medianos.
“Es una inversión en productividad, en desarrollo rural y en el futuro del país”, remarcó.
Según manifestó la parlamentaria, la idea es “aterrizar IPTA a las fincas de los pequeños productores con tecnología de producción”.
“Nosotros queremos que los pequeños productores apuesten a la tecnología. SENACSA hace un excelente trabajo, solo que ellos se enfocan en los extensos hatos. A no ser en la época de vacunación, donde llegan a los que tienen cinco cabezas con prevención”, subrayó.
“Queremos que la ciencia, la investigación llegue a los pequeños productores en diferentes áreas, ser una finca modelo. Que esa finca pueda tener tanto la parte agrícola como ganadera. Y que podamos con eso darle contención, sostenibilidad económica a las familias del campo”, finalizó.
Modificaciones propuestas a la Ley del IPTA
1. Incorporación de una nueva fuente de financiamiento
- Se modifica la ley para agregar un inciso que habilite al IPTA a recibir recursos provenientes de instituciones públicas del sector pecuario.
Hoy:
• Solo recibe recursos del Tesoro (FF-10) y recursos propios (FF-30).
Con la modificación:
• Se suman transferencias de entidades del ámbito pecuario (ej.: instituciones públicas vinculadas a producción animal).
2. Ampliación del alcance financiero institucional
No es solo “más plata”, es un cambio estructural:
• Se diversifican las fuentes de financiamiento.
• Se reduce la dependencia exclusiva del presupuesto público tradicional.
• Se le da al IPTA mayor autonomía operativa real.
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Buscan instituir por ley la obligatoriedad del debate presidencial
Un proyecto de ley que busca incorporar la obligatoriedad del debate presidencial para los candidatos a la titularidad del Ejecutivo se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.
La iniciativa es impulsada por el legislador del PLRA, Arnaldo Valdez, quien argumenta que con esta normativa se fortalecerá la legitimidad del sistema electoral paraguayo.
El congresista asegura además que la obligatoriedad del debate no representa una carga arbitraria sobre los candidatos, sino la reglamentación de un deber inherente a quienes aspiran a la primera magistratura de la nación.
“Através del debate, la ciudadanía puede comparar propuestas de manera directa, sin intermediarios ni filtros publicitarios, ejerciendo así su derecho a recibir información veraz y ecuánime, conforme a lo consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional”, fundamenta el texto presentado por el parlamentario oriundo del departamento de Misiones.
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“Un debate obligatorio, transmitido de manera gratuita por medios públicos y privados, asegura que todos los candidatos —incluso aquellos con menores recursos publicitarios— puedan exponer sus propuestas en condiciones equitativas ante el electorado nacional”, agrega.
El proyecto instituye la realización de dos debates públicos obligatorios. Como innovación significativa, exige que uno de ellos se celebre en el interior del país, en la capital del departamento que designe el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), acercando así el proceso democrático a las distintas regiones del territorio nacional.
Se garantiza, además, la difusión gratuita a través de los medios estatales e internet, incorporando criterios de accesibilidad como el lenguaje de señas.
Otro aspecto de la propuesta es que se establece que el TSJE asuma el rol de organizador y árbitro del proceso. “Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la proclamación de los candidatos, deberá convocarlos a una audiencia destinada a acordar el reglamento, las fechas, los moderadores y los temas a tratar”, explica.
Ante la ausencia de consenso, el Tribunal queda facultado para dictar una resolución vinculante sobre los puntos en controversia.
En cuanto a la estructura del debate, garantiza la igualdad de tiempo en exposiciones y réplicas, el sorteo de turnos en vivo, y una duración de dos horas si participan dos candidatos, o de tres horas si son más, entre otros aspectos que contempla el citado proyecto de ley.
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Diputados pide informe sobre rubros docentes
El objetivo es fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos humanos del sistema educativo.
En sesión extraordinaria desarrollada el último martes, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre la cantidad total de rubros docentes disponibles a la fecha, discriminado por nivel educativo, modalidad y departamento.
Los impulsores de la iniciativa solicitan conocer en detalle la situación actual de los cargos docentes, su administración mediante el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE) y el sistema de asignación de interinatos.
Alegan que el pedido apunta a fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos humanos del sistema educativo, considerada clave para garantizar el acceso equitativo a los cargos docentes y mejorar la calidad educativa en todo el país.
En ese sentido, los congresistas buscan acceder a información precisa sobre la disponibilidad de rubros, los criterios utilizados para su asignación y los mecanismos implementados para cubrir vacancias.
En el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas los diputados también aprobaron una declaración “Que insta al Ministerio de Educación (MEC) a prohibir el cobro de dinero en las instituciones educativas para el acceso a los sanitarios”.
La declaración insta al Poder Ejecutivo –Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)– a arbitrar de manera inmediata las medidas administrativas y normativas necesarias para prohibir de forma absoluta el cobro de aranceles o “colaboraciones” por el acceso y uso de sanitarios en todas las instituciones educativas de gestión oficial y subvencionada del país.