“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

Rachid se refirió a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal de Marset durante la administración abdista.

La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.

En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde el país.

“No es coincidencia y nunca fue coincidencia todas esas toneladas de clorhidrato de cocaína que se fueron de Paraguay a Europa, no siendo nuestro país un productor de esa droga. Nosotros representamos en el 2021 el 10 % de toda la cocaína que iba a Europa”, remarcó Rachid.

El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.

“Todos ya sabemos en que periodo ocurrió el auge. Es muy importante lo que Marset vaya a aportar en la investigación en Estados Unidos y yo aseguro que como moscas caerán después de lo que él diga“, sentenció el ministro.

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Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada a Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del 2022.

El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset.

La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.

“Esto no se hizo gratis y tampoco fue una coincidencia, esto fue a cambio de platazo del narcotráfico y ese dinero tiene nombre y apellido seguramente y lo que más deseo es que esos nombres salten a la luz después de que Marset declare y ahí le quiero ver a todos ellos que hablan a boca llena de honestidad, moral y buenas costumbres como quedan“, afirmó Rachid.

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El juicio oral y público contra el exministro de Mario Abdo Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado, prosiguió con la declaración testifical del comisario Gilberto Fleitas.

El comisario Gilberto Fleitas, excoman­dante de la Policía Nacional, y el general reti­rado Aldo Ozuna, extitular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), confirma­ron en juicio que acudieron a una demostración organi­zada por Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Inte­rior, para observar material de seguridad que la empresa del brasileño Marcus Vini­cius Espíndola Marques de Padua pretendía proveer a dicha cartera estatal.

El juicio oral y público contra el exministro del gobierno de Mario Abdo Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado, prosiguió ayer con la declara­ción testifical del comisario Fleitas, reportó el periodista Aldo Insfrán desde el Poder Judicial para el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Declaró el comisario Gilberto Fleitas y lo que pudo proporcionar es información referente a su participación en una reunión, una convo­catoria para prueba de mate­riales en la FOPE, y lo que hizo fue relatar lo que tenía cono­cimiento a esas pruebas

que se llevaron a cabo”, deta­lló la agente fiscal Verónica Valdez, que sostiene la acu­sación del Ministerio Público en el juicio, en comunicación con Nación Media.

El 10 de diciembre de 2021, en horas de la mañana, Giuzzio participó junto a Marcos Vinicius y otras personas de pruebas balísticas de resis­tencia en materiales de distin­tos calibres en el polígono de tiros de la Agrupación FOPE (Fuerza de Operaciones Poli­ciales Especiales) de la Poli­cía Nacional, que se encuen­tra en el barrio Tacumbú de Asunción. Según la investiga­ción, el exministro mantuvo comunicación directa con el brasileño, acusado de narco­tráfico en su país, desde el mes de julio de 2021 hasta febrero de 2022.

Sobre la participación de Vinicius en esta reunión, el comisario Gilberto Fleitas respondió: “Creo que sí”, de acuerdo a la información de la fiscal Valdez. “Esas fueron sus manifestaciones. El tri­bunal va a valorar su decla­ración, pero yo taxativamente menciono lo que él dijo, ‘creo que sí’, que sí estuvo”, detalló.

En la audiencia realizada el pasado 25 de marzo prestó declaración el primer tes­tigo, el general retirado Aldo Ozuna. Igualmente, admi­tió que fue invitado por el entonces ministro del Inte­rior a la Agrupación Espe­cializada de la Policía Nacio­nal para supervisar algunos chalecos antibalas punto 50. Esto refuerza el vínculo que tendrían Giuzzio y Vinicius buscando un contrato con el Estado.

El juicio oral prosigue el lunes 6 de abril con las pruebas documentales, y el acceso a la extracción de datos del telé­fono incautado al narco brasi­leño Lindomar Reges Furtado en 2022, para el cual el tribu­nal deberá comunicar sobre el contenido para las partes para ser analizadas y estudia­das antes de ser expuestas en el tribunal. “El tribunal va a comunicar el día exacto en el que vamos a concurrir para que se nos entreguen estas copias, podamos examinar y después se pueda producir”, indicó la fiscal a NM.

El comisario Gilberto Fleitas, excomandante de la Policía Nacional, y el general retirado Aldo Ozuna, extitular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), confirmaron en juicio que acudieron a una demostración organizada por Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior, para observar material de seguridad que la empresa del brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua pretendía proveer a dicha cartera estatal.

El juicio oral y público contra el exministro del gobierno de Mario Abdo Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado, prosiguió este viernes con la declaración testifical del comisario Fleitas, reportó el periodista Aldo Insfrán desde el Poder Judicial para el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Declaró el comisario Gilberto Fleitas y lo que pudo proporcionar es información referente a su participación en una reunión, una convocatoria para prueba de materiales en la Fope, y lo que hizo fue relatar lo que tenía conocimiento a esas pruebas que se llevaron a cabo”, detalló la agente fiscal Verónica Valdez, que sostiene la acusación del Ministerio Público en el juicio, en comunicación con Nación Media.

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El 10 de diciembre del 2021, en horas de la mañana, Giuzzio participó junto a Marcos Vinicius y otras personas de pruebas balísticas de resistencia en materiales de distintos calibres en el polígono de tiros de la Agrupación FOPE (Fuerza de Operaciones Policiales Especiales) de la Policía Nacional, que se encuentra en el barrio Tacumbú de Asunción. Según la investigación, el exministro mantuvo comunicación directa con el brasileño, acusado de narcotráfico en su país, desde el mes de julio de 2021 hasta febrero de 2022.

Sobre la particicipación de Vinicius en esta reunión, el comisario Gilberto Fleitas respondió: “Creo que sí”, de acuerdo a la información de la fiscal Valdez. “Esas fueron sus manifestaciones. El Tribunal va a valorar su declaración, pero yo taxativamente menciono lo que él dijo, ‘creo que sí’, que sí estuvo”, detalló.

En la audiencia realizada el 25 de marzo prestó declaración el primer testigo, el general retirado Aldo Ozuna. Igualmente, admitió que fue invitado por el entonces ministro del Interior a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional para supervisar algunos chalecos antibalas punto 50. Esto refuerza el vínculo que tendrían Giuzzio y Vinicius buscando un contrato con el Estado.

El juicio oral prosigue el lunes 6 de abril con las pruebas documentales, y el acceso a la extracción de datos del teléfono incautado al narco brasileño Lindomar Reges Furtado en 2022, para el cual el Tribunal deberá comunicar sobre el contenido para las partes para ser analizadas y estudiadas antes de ser expuestas en el Tribunal. “El Tribunal va a comunicar el día exacto en el que vamos a concurrir para que se nos entreguen estas copias, podamos examinar y después se pueda producir”, indicó la fiscal a NM.

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.