- Juan Marcelo Pereira
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Requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado.
Los legisladores Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra se refirieron a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal del uruguayo Sebastián Marset bajo la complicidad del gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez.
Ambos requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado. “Lo que hoy estamos conociendo es extremadamente grave.
Esto plantea una cuestión de fondo que debe ser aclarada con total seriedad: ¿Por qué, teniendo información precisa, no se actuó para frenar esta estructura? Corresponde impulsar una investigación profunda, transparente e independiente, que permita determinar responsabilidades”, dijo el senador Maidana.
COMPROMETE GESTIÓN DE ABDO
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo A Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde nuestro país.
“Paraguay no puede permitirse impunidades frente al crimen organizado. La lucha contra el narcotráfico exige decisiones firmes, instituciones fuertes y un compromiso real con la seguridad de la ciudadanía”, sostuvo Maidana.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del año 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del año 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
GRAVEDAD INSTITUCIONAL ABISMAL
“Lo que estamos viendo es de una gravedad institucional abismal. No se trata solo de una decisión administrativa errónea; estamos hablando de que, mientras organismos internacionales lanzaban alertas rojas sobre Marset, acá se tomó la decisión de desmantelar justamente la unidad que debía controlar los puertos. Es incomprensible”, afirmó el diputado Gamarra.
Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada A Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del año 2022.
“NO PUEDE QUEDAR EN VANO”
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del año 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset. “Esa coincidencia entre liberar los controles y la explosión del tráfico de cocaína a Europa entre 2019 y 2021 nos dejó muy mal parados ante el mundo en ese periodo. Y aunque tenga protección mediática de grupos de comunicación con intereses políticos, no puede quedar en vano”, indicó Gamarra.
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los años 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“La Justicia tiene que ir a fondo para entender por qué se le facilitó tanto el terreno al crimen organizado. Como sociedad, y sobre todo desde el Estado, no podemos permitir que las instituciones se vuelvan funcionales a los narcos, ya sea por una negligencia imperdonable o por algo mucho más oscuro”, sentenció Gamarra.