El juicio oral y público contra el exministro Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado, se reanudó este miércoles ante el tribunal de sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete. Giuzzio habría recibido favores del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua cuando se desempeñaba como ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez.

En la jornada prestó declaración el primer testigo, el general retirado Aldo Ozuna, quien fue en su momento comandante de la División de la Dimabel. Declaró que fue invitado por el entonces ministro del Interior en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional para supervisar algunos chalecos antibalas punto 50, informó desde el periodista de Judiciales de la Nación Media, Aldo Insfrán.

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También estaba prevista la declaración de Clara Silva, quien junto con Ozuna fueron los únicos dos testigos convocados para la fecha. Así también, se han producido algunas pruebas documentales en torno a este juicio oral, posteriormente se llevó a receso hasta el viernes 27 de marzo.

Mientras tanto, en lo que respecta a la entrega de la extracción de datos del teléfono del narcotraficante Lindomar Reges Furtado, incautado en el operativo en Hernandarias, vinculado a Marcus Vinicius, quien a su vez mantenía contacto con Giuzzio, ya se podría presentar los chats en la audiencia del lunes 6 de abril.

La fiscal de la Verónica Valdéz indicó que la extracción de datos del segundo teléfono incautado de Lindomar en Brasil, sí está en trámite para que la justicia del Brasil pueda enviar al tribunal de sentencia de Paraguay para que también pueda ser exhibido en el juicio oral.

La Fiscalía fundamenta su hipótesis en conversaciones de la red de mensajería WhatsApp que acreditarían múltiples encuentros entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas clave, los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce sostienen que el exministro utilizó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

La acusación, presentada el 16 de agosto de 2023, sostiene que Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Vinicius de obtener contratos con el Estado a través del Ministerio del Interior, institución que el acusado lideró hasta su destitución en febrero de 2022.

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