Los fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti se ratifican en la imputación contra el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens.
Los agentes del Ministerio Público consideran que corresponde el proceso por supuesta lesión de confianza y daños a obras construidas, alegando que Wiens habría destruido deliberadamente las obras del proyecto del Metrobús.
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El acta de imputación formulado por los fiscales del caso refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
En la imputación también se señala que antes de la administración de Wiens, el proyecto registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto, se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato.
“Se abandonó la obra de carácter urbano sin precedentes en el país, por lo que el Estado paraguayo, hasta ese momento, ya habría invertido la suma de G. 180.030.528.699, proveniente en su mayor parte de préstamos internacionales, préstamos que a la fecha se encuentran en etapa de amortización y que estimaba beneficiar a aproximadamente 250.000 habitantes”, de acuerdo a los fiscales.
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Policía sobreviviente a ataque “recibió un disparo de refilón y se hizo del muerto”, reveló fiscal
El fiscal Óscar Paredes habló acerca del ataque que se cobró la vida de dos suboficiales y un civil en el puesto policial de Naranjito y señaló que el grupo llegó al sitio caminando, pero disparando y sin mediar palabra ejecutaron a dos oficiales.
“Los fallecidos estaban en la ruta realizando controles y no tuvieron tiempo de reaccionar. Ellos fallecieron en el mismo lugar”, dijo este miércoles en declaraciones a la 1080 AM.
Añadió que en el lugar, también había un civil que recibió dos impactos de bala. Además, otro policía que estaba en la patrullera recibió un disparo de refilón en la cabeza y otro en la axila. “Él se hizo del muerto y recibió otro impacto en el costado, pero pudo escapar”, informó el agente fiscal.
El herido, suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán, fue derivado a Curuguaty y luego fue trasladado a Asunción hasta el Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Aparentemente, su cuadro no reviste gravedad.
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Asimismo, mencionó que otro agente que estaba descansando en una edificación del fondo salía para tomar su turno cuando escuchó los tiros y escapó por la parte trasera. El grupo criminal estaba compuesto entre 20 a 30 personas que vestían ropas camufladas, botas y portaban armas largas. Se comunicaban en idioma guaraní.
“Hablaban en guaraní”
Al policía que estaba en la patrullera le dio tiempo de visualizar al grupo antes de recibir los disparos. “Divisó a personas camufladas con botas y hablaban en guaraní, todos portaban armas largas”, precisó el representante del Ministerio Público.
Luego, los malvivientes “tiraron una bomba ‘molotov’ a la patrullera”, incendiando el móvil policial. Este momento fue aprovechado por el suboficial para escapar del grupo armado. “Al incendiarse, salió por una de las puertas y entró en un matorral”, puntualizó el agente fiscal.
El civil fallecido cumplía tareas de secretario. “Hacía limpieza, mandados en la comisaría”, apuntó. Posteriormente, los atacantes procedieron a quemar el puesto policial.
Los tres fallecidos tras el ataque contra una sede policial en Ybyrarobaná son: el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios (40), suboficial inspector Herminio Ojeda González (32) y Josemar Escobar Piris (38), funcionario civil.
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Accidente en Brasil: imputan a choferes
La justicia de Brasil sospecha que la unidad de transporte de la empresa Guaireña circulaba con exceso de velocidad al momento de registrarse el accidente en el que fallecieron cuatro personas.
La Policía Civil ya ordenó una pericia accidentológica para verificar la veracidad de las declaraciones de los conductores quienes ya fueron imputados.
El colectivo transportaba a niños y padres de la Academia de Danzas Bethania de Independencia, departamento de Guairá, tras participar de una competencia de danza en Gramado y Canela.
El delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, João Luis Mioto, indicó que uno de los choferes fue interrogado en el lugar del siniestro y tuvo la oportunidad de dar su versión.
“El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo sufrió una falla mecánica y que el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial a los medios de comunicación.
Del mismo modo, se recolectaron varios testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y aseguraron que este circulaba a alta velocidad.
Los choferes Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave para definir el futuro de ambos, pues de confirmarse las sospechas tendrán que responder ante la justicia brasileña.
El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del miércoles 15 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva.
El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas: tres adultas y una niña de 8 años. Además, algunos pasajeros sufrieron la amputación de extremidades, entre ellas, piernas y brazos. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.
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Imputan a dos productores por hurto de 452 toneladas de soja de otra finca
- Ciudad del Este. Agencia regional
El propietario de la firma Agrícola y Ganadera San Marcos S.R.L. Luis Carlos Pisani, de nacionalidad brasileña y un directivo de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa María Ltda., Sidinei Da Silva Schneider, paraguayo, fueron imputados por la presunta comisión de los hechos punibles de hurto agravado, invasión de inmueble ajeno y coacción grave.
El fiscal Fidel Godoy, de Minga Pora investiga el hurto de 452 toneladas de soja de una plantación supuestamente ajena.
La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 2026 por el productor agrícola Odimar Agostinho Caus, ante la supuesta cosecha y retiro de cultivos de soja de inmuebles de su propiedad, recurriendo a la fuerza, mediante el uso de maquinarias agrícolas y personal de la empresa del hoy procesado.
El afectado manifestó que el 27 de febrero del mismo año personas que no contaban con autorización habrían ingresado a inmuebles rurales de su propiedad, ubicados en las colonias San Roque y Tamburi, distrito de Minga Porã (de 50 y 72 hectáreas). Habrían utilizado tractores, cosechadoras, camiones y demás maquinarias para cosechar la producción de soja y trasladarla a destino desconocido.
De acuerdo al escrito fiscal, el propietario de la empresa agrícola habría sido quien organizó y dirigió el operativo, en el que participaron empleados de su firma y otras personas. Indica el agente que se habrían cosechado aproximadamente 452 mil kilos de soja, ocasionando un perjuicio patrimonial estimado en 150.000 dólares.
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Supuesto atropello
El Ministerio Público señala también que el otro imputado, directivo de la cooperativa citada, habría participado en las tareas posteriores de preparación de las parcelas y siembra de nuevos cultivos.
Conforme al relato fiscal, cuando el propietario tomó conocimiento de la situación y acudió al lugar para impedir la continuidad de los trabajos, habría encontrado un grupo numeroso de personas, algunas presuntamente armadas y en vehículos que resguardaban el supuesto atropello. El afectado se habría visto obligado a permitir la continuidad de la cosecha, la carga y el retiro de los granos.
La imputación se sustenta en la denuncia presentada por el afectado, documentos sobre la titularidad de los inmuebles, registros fotográficos y audiovisuales, actas fiscales, informes policiales y declaraciones testimoniales.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas cautelares personales, con suspensión de la prisión preventiva bajo reglas de conducta.
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Final feliz: la niña volvió a los brazos de su madre, pero la batalla judicial recién empieza
La niña de dos años, con iniciales MBR, ya está con su madre en la ciudad de Resistencia, Argentina, donde el padre fue detenido ayer viernes por la gendarmería del vecino país, e imputado en Paraguay por los hechos punibles de desacato de orden judicial, frustración de la persecución penal y violación del deber de cuidado.
Tras activarse los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda, la niña fue hallada a salvo.
Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo. Allí se inició un juicio de restitución internacional, que continuó en nuestro país con nuevas reglas.
La niña chilena de dos años, de madre paraguaya, pero de padre chileno, se encuentra con su mamá en Resistencia, Argentina, desde donde regresará a Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa.
A partir de ahora, el proceso debe continuar tanto en Paraguay como en Chile.
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Los antecedentes señalan que la madre llegó a fin de año del 2025 a Paraguay con su hija, mediante un permiso judicial obtenido en Chile, por el cual debía regresar a ese país el 5 de enero. Como no lo hizo, alegando motivos de salud (según ella misma admite), entonces Chile inició un juicio de restitución internacional, que en la legislación chilena se llama secuestro internacional.
El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chile solicita a la justicia paraguaya que dé trámite a esa restitución internacional. La madre decidió litigar desde aquí y, en ese marco, también se inició un juicio en Paraguay, a los efectos de responder al pedido de la justicia chilena.
En ese contexto, el padre vino a Paraguay, donde se dispuso un relacionamiento provisorio mientras dure este juicio. En medio de ese proceso, el padre también incumplió ese régimen de convivencia dispuesto por la justicia paraguaya, al no restituir a la niña el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde.
“El juicio inicia con el pedido de restitución del padre. Comienza por el requerimiento que hace el padre a la justicia chilena para dar cumplimiento a la resolución de la justicia de Chile; otro trámite procesal era que la madre fuera hasta allá a apelar la resolución, pero ella vino a litigar acá”, explicó el fiscal a las 650 AM.
El juicio de restitución internacional promovido por Chile quedó en suspenso a partir de que el padre huyó con la niña. No obstante, una vez que se reanude, la jueza de primera instancia de la niñez de la Capital debe decir: sí o no a la entrega de la niña bajo la figura de la restitución internacional solicitada por Chile.
Sin embargo, en Paraguay el padre fue imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber del cuidado. El Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado.
Entretanto, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Natalia Ortellado, decidió entregar a su madre a la niña de dos años hasta tanto culmine el juicio que se está tramitando en dicho juzgado.
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