Durante un procedimiento realizado en las primeras horas de la tarde de hoy jueves, la fiscala Fabiola Sosa se constituyó en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para la requisa de varios documentos, auditar registros y recabar pruebas tras la fuga de dos privados de libertad.

Entre los documentos, se incautaron además de celulares, notebooks que estaban en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, de Emboscada.

Este allanamiento se realiza tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL), ocurrida en la madrugada del domingo pasado, y lo que derivó en la detención del director de la cárcel de máxima seguridad, y del jefe y subjefe de seguridad del lugar.

Los fugados fueron: Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba. El primero, procesado por asociación criminal y narcotráfico, el segundo por robo agravado. Los mismos siguen con paradero desconocido.

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Igualmente, luego de esta fuga, la fiscala Sosa imputó al exdirector de Inteligencia Penitenciaria, subcomisario Derlis Cáceres, por frustración de la persecución y ejecución penal, ya que el mismo presuntamente se encuentra implicado en la liberación de los presos.

La representante del Ministerio Público, de Emboscada, solicitó prisión preventiva para el exdirector de Inteligencia Penitenciaria. Ayer miércoles se entregó en la Fiscalía de Emboscada para ponerse a disposición de la Justicia.

Sosa mencionó que Cáceres se abstuvo de declarar hoy jueves.

Es de recordar que durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora puso en el cargo de director general de Establecimientos Penitenciarios al comisario (R) Óscar Pereira en reemplazo de Rubén Darío Peña Weisensee.

En la ocasión, el viceministro de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, presentó su renuncia hoy jueves, ya que su hermano es abogado defensor de uno de los reos “privilegiados” que estaba ocupando una celda diferenciada del penal de “máxima seguridad”, en Emboscada.

Poderosos capos narcos y criminales de alto perfil eran huéspedes de la celda del módulo 7 (planta alta) en el penal de “máxima seguridad”, de Emboscada

El grupo de reclusos estaba formado por: José Pastor Insfrán (caso A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Eulalio “Lalo” Gomes), Alexis González (caso A Ultranza), entre otros más.

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El Ministerio Público investiga un presunto caso de tentativa de feminicidio reportado en la comunidad de Arroyo Morotí, distrito de Abaí, departamento de Caazapá.

El principal sospechoso, identificado como Agustín Yaspe Sotelo (43), fue aprehendido tras ser acusado de ser el causante de un incendio que consumió por completo una vivienda, donde se refugiaron su pareja e hijos.

Según explicaciones del fiscal José Alberto Núñez, de San Juan Nepomuceno, el incendio habría sido provocado intencionalmente en medio de un ciclo de violencia contra su pareja. Alrededor de las 22:00 del lunes, el hombre habría agredido físicamente a la mujer, quien posteriormente huyó de la vivienda que compartían junto con sus dos hijos menores.

Se refugiaron en una casa vecina perteneciente a Bernardino Sotelo Giménez (63), con la intención de ponerse a salvo.

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Sin embargo, el sospechoso habría continuado amenazándolos de muerte y luego habría llegado hasta el inmueble, rociando combustible y prendiendo fuego a la vivienda ajena.

La madre logró escapar junto con los dos menores, evitando que el hecho terminara en una tragedia. No obstante, el fuego consumió por completo la casa y sus pertenencias, generando importantes pérdidas materiales para el dueño de casa, quien sería tío del sospechoso.

El supuesto autor fue detenido a unos 500 metros del lugar, con un machetillo en su poder. El Ministerio Público considera que, por los antecedentes de violencia y las amenazas previas, el sospechoso habría tenido la intención de matar a su pareja y a los niños. El fiscal Núñez imputó al hombre por tentativa de feminicidio y producción de riesgos comunes, solicitando su prisión preventiva.

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El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presuntamente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la existencia de errores en la carga de datos. Agregó que el proceso durará una semana aproximadamente para luego proceder a investigar caso por caso.

“A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose personas ante las unidades fiscales presentando sus documentaciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funcionarios encargados de redactar los informes de la Contraloría, quienes nos fueron informando que, por el impacto que generó la denuncia, también otras instituciones fueron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirmadas. También falta un porcentaje de las instituciones públicas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la información preliminar que en su momento se recibió, la irregularidad detectada es que la universidad que informó señalaba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipótesis inicial habla de falsificación de títulos”.

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Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos corresponden a carreras de educación.

“De la lista oficial lo que sí se pudo identificar es que casi el 90 % de las instituciones públicas involucradas se correspondían al Ministerio de Educación y Ciencias y fueron distribuidos en su mayoría en algunas municipalidades. De esas son unas 35 instituciones académicas las involucradas, entonces ya se hizo en esa lista inicial una distribución para hacer lo correspondiente de oficio, ya sea a las instituciones públicas como posteriormente a las instituciones educativas”, comentó.

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“Wiens cuenta con un recorrido de campaña de más de un año y es quien registra el mejor posicionamiento”, aseveró Pettengill.

El senador y precandidato pre­sidencial Luis Pettengill con­firmó que selló un acuerdo con el exministro Arnoldo Wiens para integrar una dupla eje­cutiva dentro de la disiden­cia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de cara a las próximas elecciones inter­nas. No obstante, el legislador aclaró que todavía no está definido quién encabezará la chapa, una decisión que no se resolverá mediante sondeos de opinión, sino que quedará en manos de los principales dirigentes del bloque político.

El parlamentario explicó a la 1020 AM que las opciones en debate se reducen formal­mente a las fórmulas Petten­gill-Wiens o Wiens-Petten­gill. El precandidato detalló que el consenso final deberá establecer de manera concer­tada quién asumirá el primer término de la chapa y quién lo acompañará en la vicepresi­dencia, proceso que se definirá a través de conversaciones abiertas entre los referentes de Fuerza Republicana. En su análisis sobre la correlación de fuerzas internas, el sena­dor consideró inviable que su compañero quede al margen del proyecto definitivo, al sub­rayar su consolidación polí­tica en el territorio nacional. “Wiens cuenta con un reco­rrido de campaña de más de un año y es quien registra el mejor posicionamiento”, ase­veró Pettengill al valorar la trayectoria de su virtual com­pañero de fórmula dentro del sector disidente.

Sin embargo, el esquema acordado permanece supe­ditado a las definiciones de otros actores clave del inter­nismo colorado. Petten­gill puntualizó que la con­formación final dependerá de la postura que adopte la senadora Lilian Samaniego, quien debe resolver si impul­sará una candidatura propia a la Presidencia o si se sumará formalmente al proyecto del bloque disidente, un factor que podría reconfigurar las alianzas vigentes.

Por esta razón, el precandi­dato argumentó que el sec­tor aún no puede realizar un anuncio oficial definitivo sobre el orden de la chapa presidencial. Al ser consul­tado sobre la factibilidad de incorporar nuevas figuras o modificar la estructura ante eventuales exigencias de la dirigencia, el legislador dejó abiertas las tratativas al seña­lar de manera pragmática que “cualquier cosa puede ser” en la mesa de negociación.