El Poder Ejecutivo promulgó la ley 7607 que modifica los artículos 1, 2 y 3 de la norma 5031/2013 que implementa el idioma del inglés en la malla curricular de la educación pública desde el preescolar hasta el tercero de la media.
El artículo 1 detalla que la enseñanza del inglés como lengua extranjera será obligatoria en los establecimientos educativos de gestión pública y privada subvencionada.
Mientras que el artículo 2 refiere que los planes de estudio deberán establecer la enseñanza de dos horas cátedras semanales del idioma de inglés, como mínimo en todos los establecimientos educativos mencionados en el articulado 1.
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El artículo 3 menciona que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) realizará el relevamiento de la cantidad de docentes de la lengua inglesa, diseñará un programa que promueva y asegure la formación pedagogía y la capacitación docente para la enseñanza del idioma del inglés en todos los establecimientos educativos, así como coordinará las estrategias para la implementación, pudiéndose incluir medios tecnológicos para su aplicación, conforme a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
La normativa también detalla que el MEC deberá incluir en el anexo del personal las categorías específicas para la incorporación de docentes de lengua inglesa para los niveles de educación inicial y educación escolar básica 1, 2 y 3 ciclos necesarios para la implementación de la presente ley, que serán incluidos en el Presupuesto General de la Nación. Indica además que el Ejecutivo reglamentará la ley en el plazo de 180 días posterior a la fecha de su promulgación.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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Exhortan al Ejecutivo priorizar estudios de conexión vial para Cordillera, Paraguarí y Central
La Cámara de Diputados aprobó la declaración que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a impulsar de manera prioritaria los estudios de factibilidad, diseño y posterior construcción de una conexión vial estratégica interdepartamental que conecte los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central”, durante la sesión plenaria de esta semana.
A través del documento se insta al MOPC a impulsar de manera prioritaria los estudios de factibilidad, diseño y las gestiones técnicas, financieras, ambientales y administrativas necesarias para la posterior construcción de esta conexión vial estratégica.
El trazado contempla la vinculación de los distritos de Arroyos y Esteros, Tobatí y Caacupé, en el departamento de Cordillera; Pirayú y Yaguarón, en Paraguarí; e Itá, Guarambaré, Ypané y Villeta, en Central, con el objetivo de mejorar la conectividad territorial y contribuir a la descongestión del tránsito en el Área Metropolitana de Asunción.
La declaración también insta a la cartera de Estado a informar oportunamente sobre los avances de los estudios de factibilidad, las previsiones presupuestarias y las demás acciones orientadas a la ejecución del referido proyecto.
Solución al colapso vial
La propuesta fue presentada por varios diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que de acuerdo a la exposición de motivos, la iniciativa responde a la necesidad de atender el colapso vial que afecta de manera recurrente al Área Metropolitana de Asunción y a sus principales accesos.
En ese contexto, menciona que municipios como Limpio, Mariano Roque Alonso, Asunción, Luque, Fernando de la Mora, Villa Elisa y San Lorenzo “soportan a diario una saturación de tráfico, que degrada la calidad de vida de la ciudadanía y genera pérdidas millonarias en horas de trabajo y consumo ineficiente de combustible”.
Señala que uno de los factores que incide en esta situación es el tránsito de transporte de carga pesada por las zonas urbanas metropolitanas. De acuerdo con los proyectistas, alrededor de 1.000 camiones de gran porte, por semana, atraviesan el Gran Asunción para trasladar productos agrícolas, industriales y comerciales hacia los principales puertos de exportación e importación, situados en la ribera del río Paraguay.
Corredor para la producción
La propuesta plantea establecer un corredor que permita conectar de forma directa la producción proveniente del interior con el polo logístico y portuario de Villeta, evitando el ingreso del tránsito de larga distancia y de carga pesada al núcleo urbano metropolitano.
También se destaca que la futura infraestructura podría contribuir a reducir costos logísticos y tiempos de traslado, favorecer el ordenamiento territorial y vial mediante la descongestión de arterias de alto tránsito, mejorar la seguridad vial al disminuir la circulación de vehículos pesados en zonas urbanas densamente pobladas e impulsar el desarrollo socioeconómico e industrial de los municipios del interior de los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central.
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Bachi Núñez ratifica respaldo del Congreso a la lucha contra el crimen organizado, tras ataque en Naranjito
El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, lamentó el atentado perpetrado contra el puesto policial de la Colonia Naranjito, departamento de Canindeyú, que dejó tres personas fallecidas tras un ataque atribuido al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Asimismo, destacó el respaldo brindado por el Poder Legislativo a las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad nacional.
En ese sentido, el titular del Senado resaltó el acompañamiento del Poder Legislativo al Gobierno Nacional durante estos tres años en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. “Este es un combate que debemos seguir fortaleciendo, no solamente en el estamento policial, sino también en las Fuerzas Militares.
Durante este período, más de 15.000 policías fueron formados; además, se les proveyó de chalecos antibalas, patrulleras y combustible, entre otros recursos”, manifestó. Asimismo, lamentó el fallecimiento de los suboficiales de la Policía Nacional, Atilio Martínez y Herminio Ojeda, así como del civil Josemar Escobar Piris.
Reforzar la seguridad
En ese contexto, señaló que el Gobierno impulsó diversas acciones para reforzar la seguridad de los productores del departamento de Canindeyú, donde, según indicó, se encuentra confinado el EPP. “Hay que valorar el trabajo que están realizando las instituciones”, enfatizó. Igualmente, recordó que, mediante un trabajo conjunto entre la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República, fue presentado y aprobado el presupuesto destinado a la construcción de comisarías.
Añadió que el Poder Legislativo permanecerá atento a las conclusiones de la reunión del Consejo de Defensa Nacional (Codena), para evaluar las medidas que eventualmente puedan impulsarse desde el ámbito legislativo. “Es una alerta de que ese grupo (EPP) sigue vigente, confinado en un departamento, según informes que recibí extraoficialmente”, expresó.
Finalmente, al ser consultado sobre la convocatoria a los ministros del Interior y de Defensa Nacional, indicó que aguardarán las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo y que, posteriormente, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores analizará las acciones que correspondan.
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Peña y la Corte aceleran la implementación del Registro Unificado Nacional
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió en Mburuvicha Róga al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, con quien mantuvo una reunión de trabajo para avanzar en la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), una herramienta clave para la modernización del sistema registral y catastral del Paraguay.
Durante el encuentro, las autoridades analizaron la planificación de la infraestructura tecnológica necesaria para la puesta en funcionamiento del RUN, así como los requerimientos que permitirán consolidar este proceso de transformación institucional, orientado a brindar mayor eficiencia, integración y seguridad jurídica a los registros públicos.
El jefe de Estado reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de las instituciones mediante la incorporación de herramientas que contribuyan a optimizar la gestión pública y ofrecer mayores garantías a la ciudadanía.
“Seguimos fortaleciendo la seguridad jurídica a través del Registro Unificado Nacional (RUN). En una reunión de trabajo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, la gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN) Lourdes González y equipo, avanzamos en la planificación de la infraestructura tecnológica que permitirá profundizar este gran cambio en nuestro sistema jurídico. La modernización e integración de nuestro sistema registral-catastral avanza decididamente”, expresó a través de sus redes sociales.
Acompañaron además, la directora general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, Rosaliz Chamorro, y el director general de Planificación y Desarrollo, Juan José Martínez, quienes expusieron los avances técnicos y las acciones previstas para la implementación del proyecto.
Con el Registro Unificado Nacional, el Paraguay continúa avanzando hacia un sistema registral y catastral moderno, integrado y confiable, fortaleciendo la seguridad jurídica y generando mejores condiciones para el desarrollo del país.