“Ellos reconocieron públicamente que fue un espionaje”, dijo el presidente Santiago Peña sobre la situación diplomática con el Brasil en torno a la negociación de Itaipú que, según dio a entender en charla con periodistas en el pódcast “Paraguay adelante”, ya fue superada al darse una comunicación oficial del gobierno de Lula, aclarando que no tuvo derivación en el Ministerio Público y que se archivó como documento clasificado de inteligencia.

“Nos entregaron un documento, como muchos de los documentos que nosotros recibimos de agencias de inteligencia de otros países, que por la Ley de Inteligencia se clasifican esas informaciones. Entonces, ellos nos entregaron justamente, porque nosotros les dijimos ‘no nos vamos a sentar en la mesa hasta que ustedes informen oficialmente’”, relató el jefe de Estado.

“Y ellos nos decían ‘pero nosotros tenemos una investigación abierta en el Brasil sobre este caso’. No me importa. Ustedes le deben una respuesta al Estado paraguayo representado a través del Poder Ejecutivo. Entonces, ellos entregan un documento que es para ellos clasificado y entregan a la agencia de inteligencia paraguaya, a la Secretaría Nacional de Inteligencia, y eso entra dentro de un sistema de clasificación, como tiene todos los países del mundo”.

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El mandatario reiteró que el caso ya no tendrá ninguna acción penal: “Eso es un documento clasificado que está en el ámbito de la Secretaría Nacional de Inteligencia del Paraguay, como nosotros recibimos también informaciones de otras agencias de inteligencia que no van al Ministerio Público o no van a Mitic (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación)”.

En marzo pasado, el gobierno de Lula admitió a través de un comunicado que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) organizó una operación de espionaje contra Paraguay desde junio de 2022, en el marco de la negociación del Anexo C de la hidroeléctrica. El operativo, iniciado bajo la gestión de Bolsonaro, se cerró el 27 de marzo de 2023. El gobierno paraguayo suspendió el intercambio binacional el 1 de abril, y el 17 de noviembre se acordó su reanudación tras recibir las aclaraciones solicitadas en un “informe confidencial”.