El senador Basilio Núñez, presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores, realizó un balance del año legislativo ante la prensa acreditada, destacando los principales proyectos de ley aprobados que considera positivos para el país, tanto de iniciativa parlamentaria como del Poder Ejecutivo.
En ese contexto, mencionó como uno de los logros más relevantes la aprobación de la Ley de Reforma del Transporte Público, a la que calificó como un legado no solo para el actual gobierno, sino también para las futuras administraciones.
Asimismo, resaltó la buena predisposición de la Mesa Directiva y de la Presidencia del Senado para facilitar la presencia de autoridades del Ejecutivo y de entes públicos ante el Legislativo.
Recordó la comparecencia del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, señalando que dicha convocatoria fue más que una interpelación, ya que se dio en un marco de diálogo abierto, sin preguntas previamente elaboradas.
Canasta familiar
Por otro lado, el titular del Congreso se refirió a la baja cotización del dólar y a la falta de impacto de esta situación en los precios de la canasta básica familiar. Al respecto, manifestó su preocupación y afirmó que esta será una lucha que encarará junto con el presidente de la Comisión Permanente.
Indicó que, pese a que el dólar bajó aproximadamente 1.300 puntos en un año, los precios de productos esenciales, incluidos los alimentos y la carne, aumentaron más del 20 %, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de la ciudadanía, ya que ni el salario ni el aguinaldo alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
Convocatoria de autoridades
En ese marco, adelantó que, a instancia de la Comisión Permanente, podrían convocar a las autoridades competentes para dialogar sobre esta problemática. Subrayó que este tema no debe detenerse por las festividades ni por el receso parlamentario, y advirtió sobre el constante incremento de precios de la canasta familiar.
Enfatizó que este es un llamado de atención no solo a los sectores involucrados, sino también a instituciones del Estado como la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), a fin de que cumplan adecuadamente sus funciones, ya que el principal perjudicado es el pueblo.
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