Resulta llamativo y contradictorio que ahora Benigno López Benítez, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de su hermano, el expresidente Mario Abdo Benítez, salga a cuestionar el retraso en el pago a proveedores del Estado del actual gobierno. El exministro sostuvo que “las deudas y los intereses hay que soldarlas”, al referirse a las obligaciones monetarias vigentes con las empresas constructoras.
Sin embargo, López Benítez, quien ejerció el cargo de ministro de Hacienda entre agosto de 2018 y febrero de 2022, y que renunció en medio de cuestionamientos políticos y económicos, un año antes de que culminara el mandato de Mario Abdo Benítez, guardó silencio frente a las millonarias obligaciones financieras que dejó su hermano al finalizar su gestión en agosto de 2023.
De acuerdo con lo señalado por el actual ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, al asumir el cargo se encontró con una obligación financiera cercana a los USD 600 millones, heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente en los sectores de la construcción y la salud, por la compra de insumos y medicamentos. Estos compromisos heredados, sin embargo, fueron omitidos por el exministro López Benítez.
Cabe resaltar que este monto solo contempló las obligaciones del Ministerio de Salud Pública, que rondaban los USD 300 millones, y no incluyó los pasivos acumulados durante años por el Instituto de Previsión Social, entidad que también estuvo bajo la conducción de Benigno López Benítez en administraciones anteriores.
La obligación del Ministerio de Salud con las empresas farmacéuticas supera los USD 253 millones, según el informe brindado en su momento por la ministra de Salud, María Teresa Barán.
Estos pasivos se generaron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, lo que obligó al actual Poder Ejecutivo a implementar mecanismos financieros, como préstamos y emisión de bonos, para destinar USD 256 millones al pago a proveedores de insumos y medicamentos, con el fin de evitar el desabastecimiento de hospitales. El pago se concretó en febrero de 2024.
En los USD 600 millones mencionados no se incluyen las obligaciones de otras instituciones del Estado, detectadas tras los cortes administrativos realizados al término del gobierno de Mario Abdo Benítez, que en conjunto conformaron una deuda flotante superior a los USD 1.000 millones. En ninguno de estos casos, Benigno López Benítez realizó críticas ni cuestionamientos a la gestión de su hermano.
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