Por unanimidad de la Cámara de Senadores, se decidió postergar hasta marzo del próximo año, el estudio del proyecto de ley “De prevención, protección y asistencia a periodistas y trabajadores de la prensa víctimas de violencia”. Esta decisión se tomó en respuesta a la solicitud presentada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), que pidió más tiempo para un mejor análisis, socializar y corregir la propuesta normativa.
Durante la sesión ordinaria desarrollada este miércoles 10, la senadora Esperanza Martínez mocionó ante el plenario, el aplazamiento del proyecto legislativo hasta marzo del 2026, cuando se retomen las actividades legislativas, tras el receso parlamentario. La legisladora argumentó que la propuesta necesita de mayor tiempo de debate y estudio a fin de ir socializando la iniciativa.
Cabe señalar que la propuesta de ley busca crear un sistema de respuestas rápidas ante eventuales amenazas, agresiones, o situaciones de riesgos que pudieran enfrentar los trabajadores de la prensa en el ejercicio de la profesión.
Al respecto, el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, confirmó previo al inicio de la sesión de la fecha, que recibieron el pedido de postergación de parte de los miembros del SPP, en el cual solicitaban mayor tiempo para socializar el documento y plantear algunas modificaciones.
Remarcó que todo el proyecto de ley que están planteando desde el bloque oficialista será compartido y socializado con el gremio de los periodistas y trabajadores de la prensa.
“La seguridad está establecida en las leyes vigentes, lo que ahora se plantea es un mecanismo de atención prioritaria, cuando existan las denuncias. Todo el proyecto será compartido y socializado con el sindicato de trabajadores de la prensa y juntos estaremos haciendo las modificaciones que ellos consideren necesarias”, acotó.
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Ministerio de Trabajo y Defensa Pública asistirán a trabajadores de ueno bank y del Grupo Vázquez
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, solicitó la designación de defensores públicos especializados en materia laboral y la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los trabajadores de las empresas vinculadas a ueno bank y el Grupo Vázquez.
El Ministerio de Trabajo solicitó formalmente al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) la articulación de acciones urgentes para brindar asistencia jurídica gratuita a los trabajadores afectados por la situación de Ueno Bank y sus empresas vinculadas.
La solicitud fue remitida al defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, mediante la Nota MTESS N.º 621/2026, ante la necesidad de garantizar que los trabajadores puedan acceder oportunamente a representación legal para reclamar sus haberes y resguardar sus derechos laborales.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el MTESS, las empresas vinculadas a ueno bank emplean a aproximadamente 5.000 trabajadores, cuya situación laboral se ha visto comprometida tras el inicio del procedimiento de resolución bancaria dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Durante los operativos de inspección y fiscalización realizados el 5 de noviembre, el Ministerio constató situaciones de cierre de establecimientos, falta de ocupación efectiva de trabajadores y ausencia de procedimientos formales de desvinculación laboral, así como dificultades para identificar a representantes patronales que respondan ante la autoridad administrativa del trabajo.
A esta situación se suma la falta de disponibilidad de recursos económicos de los trabajadores afectados, quienes enfrentan dificultades para percibir sus salarios y acceder a sus ahorros, lo que limita también sus posibilidades de contratar asesoramiento jurídico particular.
Asistencia jurídica gratuita
Ante este escenario, el MTESS solicitó al Ministerio de la Defensa Pública la designación de defensores del fuero laboral o la conformación de un equipo especializado que pueda asumir el patrocinio jurídico gratuito de los trabajadores que lo requieran.
Esta intervención permitirá facilitar la promoción de acciones judiciales y la solicitud de medidas cautelares destinadas a resguardar los créditos laborales y evitar que el patrimonio de las empresas empleadoras pueda verse disminuido o comprometido antes de que los trabajadores hagan efectivos sus derechos.
El Ministerio recordó que, conforme al artículo 247 del Código del Trabajo, los créditos de los trabajadores tienen carácter singularmente privilegiado, por lo que resulta fundamental promover oportunamente los mecanismos legales para su protección.
Mesa de trabajo
Como parte de esta articulación, la cartera laboral también propuso conformar una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública, con el objetivo de establecer un protocolo de derivación y criterios comunes de actuación.
Este mecanismo permitirá que los trabajadores atendidos por el MTESS, cuyos casos requieran intervención judicial, puedan ser derivados de manera ágil a los defensores públicos para recibir representación legal y promover las acciones correspondientes.
La solicitud contempla que estas medidas sean implementadas con carácter urgente, atendiendo a la situación de vulnerabilidad económica y laboral que atraviesan las personas afectadas.
Paralelamente, el Ministerio de Trabajo continúa brindando atención, orientación y asesoramiento laboral a los trabajadores de ueno bank y de sus empresas vinculadas, además de desarrollar procedimientos de fiscalización para verificar las condiciones laborales y reunir información sobre la situación de las empresas.
La articulación con la Defensa Pública busca complementar estas actuaciones administrativas con mecanismos de protección judicial, de manera que los trabajadores cuenten con asistencia institucional tanto para la defensa de sus derechos como para la recuperación de los haberes que legalmente les correspondan.
El objetivo es evitar que la falta de recursos económicos se convierta en un impedimento para acceder a la justicia y reclamar los derechos laborales.
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Caída de ueno bank y demás empresas del grupo Vázquez golpea fuertemente al empleo
La crisis bancaria con la resolución de ueno bank golpeó fuertemente al sector trabajador y de manera especial a los más vulnerables, según afirmaciones del experto en empleos Enrique López Arce, quien mencionó cifras alarmantes.
“Hablamos de 4.000 a 6.000 personas afectadas directamente y de 20.000 indirectos. Además de 500.000 paraguayos cuentapropistas con dinero retenido, el sector más humilde”, citó López Arce.
Además, mencionó que al entrar al desempleo abierto afectaría en un 13 % más. “Tenemos un desempleo abierto de 141.250 y subocupación de 143.181 y esto aumentaría. Pero el golpe indirecto para el sector económico en cuanto a proveedores es fuerte”, advirtió el experto.
Asimismo, aseveró que el ambiente económico afectaría nuevas inversiones y expansión empresarial porque “ante situaciones de estrés financiero se paran, por lo cual muchas inversiones y aperturas de locales nuevos se volverán más lentos y disminuirán”, explicó.
Añadió que hay menos dinero y consumo y “esto se refleja en la cantidad de empleo doméstico de 229.000 a 212.000”, manifestó.
Efectos en Argentina
En Argentina, los empleados afectados por la caída de ueno bank podrían llegar a 1.000 debido a que la empresa de tecnología itti que manejaba todo lo que era atención al cliente y el soporte tecnológico del grupo Vázquez, estaba en Buenos Aires, según referencia de Infobae.
El medio informativo del vecino país mencionó que los funcionarios se toparon con la novedad de que no cobraron el último sueldo; nadie les responde los mensajes, los directivos no están, la oficina de Recursos Humanos no atiende los teléfonos y la empresa parece vaciada.
Ante esta situación, los damnificados no saben a dónde recurrir.
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Ministerio de Trabajo inspecciona a empresas de ueno bank y grupo Vázquez
Este jueves, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) inició la investigación para conocer las condiciones laborales en las firmas vinculadas a ueno bank y Grupo Vázquez. Las autoridades conformaron comisiones especiales de control en Asunción y el interior del país.
Por instrucciones de la ministra Mónica Recalde, equipos de inspección y fiscalización iniciaron operativos de verificación en empresas vinculadas el grupo bancario, con el propósito de constatar las condiciones laborales de los trabajadores que quedaron desempleados.
“Los procedimientos tienen como objetivo verificar las condiciones de trabajo, el cumplimiento de las obligaciones patronales y de las disposiciones legales vigentes, así como recabar información sobre la situación contractual, salarial y los beneficios laborales de los trabajadores”, resaltaron desde la cartera laboral.
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La idea es atender la situación por la que atraviesan los trabajadores de empresas vinculadas a grupo ueno bank y grupo Vázquez, además de brindar respuestas a sus inquietudes. A la par se desarrolla una serie de actuaciones para contar con información precisa sobre cada caso y adoptar las medidas correspondientes.
“Se conformaron equipos especiales para reforzar la atención y el asesoramiento presencial a los trabajadores en su sede central, ubicada en Herrera y Paraguarí, en Asunción, así como en las oficinas regionales del interior del país. También habilitó canales digitales para recibir consultas y brindar respuestas”, puntualizaron.
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Senadores colorados se alinean a Cartes y sueltan la mano a Peña
Los senadores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se alinearon al requerimiento realizado por el presidente de la nucleación tradicional, Horacio Cartes, de apoyar el juicio político contra el mandatario Santiago Peña, que es impulsado por diputados de la oposición y la disidencia colorada.
Luego de la postura asumida por el máximo líder de los colorados en sostener que no permitirá el “latrocinio” de los fondos públicos, privados y de los jubilados, varios legisladores de la Cámara Alta tomaron la decisión de retirar su respaldo al jefe de Estado y requerirle su renuncia.
Entre los primeros en pronunciarse figura el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, quien sostuvo que “como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”.
Núñez agregó que “reclamamos la renuncia del presidente Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”.
Las afirmaciones de Núñez fueron respaldadas por el líder de bancada del oficialismo colorado, Natalicio Chase, quien alegó que “como senador de la Nación, tengo el deber de defender los intereses de los paraguayos y proteger la institucionalidad de nuestra República. Ante un hecho de semejante gravedad, el silencio y la indiferencia no son opciones. Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados”.
Añadió que “detrás de cada ahorro hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio que merecen ser respetados y protegidos. El Paraguay exige respuestas claras, transparencia absoluta y decisiones firmes. Las instituciones deben actuar con toda la fuerza de la ley, sin privilegios, sin excepciones y sin interferencias políticas. Por todo ello, reclamamos la renuncia del presidente de la República. De no producirse, acompañaremos el inicio del procedimiento constitucional de juicio político, con pleno respeto al debido proceso y a las atribuciones del Congreso Nacional. Hoy más que nunca, defender la República exige responsabilidad, firmeza y coraje”.
En la misma línea se pronunció Derlis Maidana quien indicó que “siguiendo nuestra línea de defensa del Estado de derecho y la institucionalidad, y estando al lado del pueblo como siempre estuvimos. Acompañamos la postura del presidente del Partido Colorado”.
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Por su parte, Óscar “Cachito” Salomón dijo que “Peña traicionó al país y al Partido Colorado por dinero. Esto es una vergüenza él y todos los culpables tienen que pagar sí o sí”. Mientras que Antonio Barrios puntualizó que “el Partido Colorado debe proteger a todos los ciudadanos paraguayos y bregar por la honestidad y transparencia y acá estamos hablando de fondos que deben ser recuperados, los fondos jubilatorios y el dinero de la pobre gente que hoy está pasando muy mal”.
Señaló que “yo ruego que Peña renuncie, hay que ir hasta el fondo y que la justicia haga su trabajo. Es imperdonable que aún sigan los miembros del Banco Central del Paraguay, los integrantes de la superintendencia que no supieron alertar en tiempo y forma todo lo que estaba ocurriendo”.
Mientras que Gustavo Leite se limitó a manifestar “apoyo las expresiones del presidente Horacio Cartes, este no es momento para tibio”. Por su parte, Luis Pettengill afirmó: “Mi postura es acompañar a todos los ahorristas, esto es algo muy grave para todo el sistema financiero. Peña tiene que rendir cuentas ante la justicia si cometió un hecho ilícito, cero impunidad”.
El libelo acusatorio contra Peña se encuentra siendo analizado este jueves en la Cámara de Diputados y consta de cinco causales que, a criterio de los proponentes, son prueba fehaciente de mal desempeño en sus funciones, centrado principalmente en la crisis financiera de ueno bank. De ser aprobado será remitido al Senado para su tratamiento.
Las causales contra el mandatario son: conflictos de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las puertas giratorias, manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), sobrepaso de límites crediticios en ueno bank y encubrimiento institucional del Banco Central del Paraguay, beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito, afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistemático.