El diputado Rodrigo Gamarra cuestionó que la situación en la estancia Lusipar, no se trata de una reivindicación social, como afirman desde el sector campesino que intentó invadir la propiedad ayer viernes, pese a las aclaraciones realizadas por las autoridades correspondientes.

Lo ocurrido en Lusipar no es un reclamo social, es un acto de violencia premeditado, una violación directa al Estado de Derecho que pone en riesgo la vida de familias paraguayas. Los responsables deben ser llevados ante la Justicia”, dijo el diputado en contacto con La Nación/Nación Media.

La estancia Lusipar se encuentra bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y actualmente está arrendada. La propiedad fue incautada por el Ministerio Público en el marco de la causa denominada Luis Carlos da Rocha y otros, sobre lavado de dinero y se encuentra en posición de la Senabico desde el 2019.

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En este sentido, el diputado refirió que la garantía de la propiedad privada es un derecho constitucional que debe ser respetada.

La Constitución Nacional es clarísima: el Artículo 109 garantiza la propiedad privada y establece que nadie puede ser privado de ella sino conforme a la ley. En este caso, se trata además de un inmueble que está bajo custodia y administración del Estado, lo cual refuerza que no puede ser invadido, atropellado ni ocupado por la fuerza bajo ningún argumento”, apuntó.

Por otra parte, Gamarra también lamentó el silencio de ciertas autoridades, o incluso buscan validar las invasiones a propiedades privadas, además de insistir que “la ley se respeta siempre, no solo cuando conviene políticamente”.

“Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué tanto silencio de ciertas autoridades?. ¿Por qué no escuchamos ni leemos la opinión de quienes pretenden ser gobierno o autoridades municipales, que ante el más mínimo detalle sin importancia pegan el grito al cielo para capitalizar políticamente, pero ahora no les preocupa una invasión?, o peor aún, ¿por qué algunos buscan validar un hecho que la Constitución tipifica claramente como ilícito?”, puntualizó.

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