Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del Plan de Seguridad Penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas, y deroga la Ley Nº 7238/2023 y la Ley Nº 7420/2024”, tuvo entrada recientemente en la Cámara Baja.
La iniciativa busca declarar en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de adolescentes infractores de la ley, dependientes del Ministerio de Justicia en el territorio de la República, hasta el 31 de diciembre de 2026.
De acuerdo con la exposición de motivos que plantean los diputados colorados Raúl Latorre, Rocío Abed, Miguel Del Puerto, Yamil Esgaib, Rodrigo Gamarra, Hugo Meza, Fabiana Souto, así como su colega liberal Marcelo Salinas, plantean extender el periodo de declaración de emergencia penitenciaria por un año más de vigencia.
Explican que el objetivo es dar continuidad al proceso de mejoramiento que lleva adelante el ministro Rodrigo Nicora, a fin de ir atenuando la situación crítica que atraviesan los centros penitenciarios que son de larga data, que se vino arrastrando de gobiernos anteriores.
Puntos clave
La propuesta es permitir que continúen los esfuerzos por mejorar la infraestructura, tecnología, seguridad, personal, formación y demás factores necesarios para el buen desenvolvimiento de la administración. Asimismo, plantea modificaciones a los efectos de otorgar mayor flexibilidad a la hora de la contratación de personal.
Se contempla además la excepción, con la modificación del artículo 3º, la cual permitiría contratar personal penitenciario de manera inmediata, cubrir vacancias críticas y evitar el colapso operativo, así como incorporar personal especializado en seguridad, inteligencia, tecnología o intervención rápida.
“Sin esta habilitación excepcional, el Ministerio de Justicia no puede responder a corto plazo, aumentando el riesgo de motines, fugas masivas y pérdida del control institucional”, señala el texto.
Los proyectistas, señalan, además, que la modificación prevé clarificación y ampliación del marco para gestión de recursos presupuestarios, en el artículo 4°.
Mencionan que la redacción actual de este artículo se encuentra limitada y poco precisa, según se desprende de la exposición de motivos, y agrega que esta situación genera dificultades para la ejecución presupuestaria en contextos de emergencia.
En ese sentido, proponen la modificación a fin de facultar a la cartera de Justicia a gestionar recursos presupuestarios específicos, permitir su aplicación a infraestructura, tecnología, alimentación, recursos humanos y logística, abarcar “otras erogaciones” indispensables para atender necesidades impostergables.
Derogaciones
También, se plantea la derogación de las Leyes Nº 7238/2023 y Nº 7420/2024, normativas que regulan materias vinculadas a la situación de emergencia penitenciaria y al alcance de las medidas adoptadas en dicho contexto; sin embargo, su coexistencia genera superposición normativa, duplicidad de disposiciones y zonas de incertidumbre que afectan la correcta aplicación de las normas.
En ese marco, se aclara que las derogaciones contribuirán a concentrar en una sola ley todo el marco regulatorio relativo a la emergencia penitenciaria.
El texto refiere, además, que un factor que debe preponderarse a la hora de analizar la emergencia penitenciaria es la cifra de funcionarios penitenciarios que, a la fecha, “es excesivamente inferior a los estándares exigidos conforme a la alta población penitenciaria”.