La decisión de la Conmebol de presentarse como querellante adhesivo en el caso que involucra a directivos del Banco Atlas y a familiares de Nicolás Leoz dinamita el silencio que por años rodeó uno de los expedientes más sensibles del historial financiero del fútbol sudamericano.
Según la querella, cuyos argumentos fueron detallados por el comunicador Camilo Soares, lo ocurrido no fue un error administrativo ni un simple descuido: se trató de un sistema estructurado que permitió que Leoz moviera millones de dólares sin controles efectivos.
La acción judicial se formaliza mientras el caso vuelve a trabarse por un recurso procesal del banco, una “chicana” como diría Abc Color, reseña Soares. La defensa de los imputados recurrió la resolución del juez Humberto Otazú que había dado curso a la imputación del Ministerio Público. Frente a ello, la Conmebol elevó su solicitud de intervenir como víctima y parte afectada por las maniobras que investiga la Fiscalía.
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, sostiene que la organización deportiva sufrió un perjuicio patrimonial directo. La querella se dirige específicamente contra los directivos del Banco Atlas.
Por su parte, el abogado Rodrigo Yódice, representante del Grupo Zuccolillo, calificó como “incomprensible” que la Conmebol pretenda asumir el rol de víctima, alegando falta de legitimidad, según publicó Última Hora, incluye Soares en su desarrollo.
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El mecanismo, según la Conmebol
De acuerdo con la información, entre los años 2000 y 2010 fondos oficiales de la Conmebol fueron desviados a cuentas personales de Nicolás Leoz, en un proceso que, según la querella, no habría sido detectado ni reportado por el Banco Atlas.
Posteriormente, ese dinero reapareció dentro de la institución bancaria convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesivas y finalmente fideicomisos millonarios estructurados aun cuando Leoz ya enfrentaba causas abiertas en Estados Unidos.
Soares agrega que Lovera recordó que el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la Conmebol a pedido de autoridades estadounidenses, en el marco de una cooperación internacional. La situación era pública, ampliamente difundida por medios nacionales e internacionales.
Aun así, sostiene la querella, el Banco Atlas no solo mantuvo su vínculo con Leoz, sino que lo profundizó, utilizando CDAs sospechosos como garantías y pasando por alto advertencias de la Superintendencia de Bancos (SIB).
La SIB señaló que resultaba “llamativa” la aprobación de fideicomisos a favor de Leoz en un contexto donde su situación judicial era conocida y representaba un riesgo legal y reputacional evidente.
Otro punto cuestionado por la Conmebol es la documentación presentada por el banco, que, siempre según los datos difundidos por Soares, incluía fechas incompatibles, perfiles de riesgo inexistentes en el sistema al momento de su supuesta emisión, y formularios confeccionados a posteriori para dar soporte formal a operaciones previas.
Perjuicio calculado en USD 44 millones
La querella de la Conmebol concluye que esta sucesión de maniobras, omisiones y mecanismos internos dejó un perjuicio que supera los USD 44 millones.
Mientras el proceso judicial avanza entre recursos, recusaciones y planteamientos incidentales, la presentación de la Conmebol incorpora un elemento nuevo: una narrativa institucional decidida a exponer responsabilidades y a desmontar lo que describe como una estructura financiera montada para proteger a Nicolás Leoz, incluso ya procesado y con pedido de extradición.