Un grupo de pobladores de Ciudad del Este expresaron este miércoles su repudio contra el movimiento Yo Creo encabezado por el destituido Miguel Prieto tras denunciar obras viales fantasmas. El sector político apunta nuevamente a ocupar la intendencia con la candidatura de Daniel Pereira Mujica.
“La palabra de Yo Creo dejó de tener fuerza porque la gente ya no cree en sus mentiras”, manifestó una mujer mediante un material audiovisual difundido en las redes sociales. A la vez se puede escuchar a la ciudadana recriminar al concejal Víctor Torales, aliado político de Prieto.
Detalla que Torales, denunciado por tráfico de influencia, nepotismo, asociación criminal, entre otros hechos punibles, terminó acudiendo en una ocasión hasta el sitio afectado con el fin de realizar falsas promesas respecto a la construcción de obras viales.
“Tenemos solo un asfalto de 5 cuadras. Dónde está (obras fantasmas). No se hizo, no se cumplió”, siguió afirmando la denunciante tras lamentar la falta de empedrados y asfaltados en la localidad, lo que genera grandes inconvenientes para los transeúntes debido a la presencia de enormes baches que ponen en peligro sus vidas.
“Torales vino a mentirnos muchas veces, nos trajo planos, nos reunió y nos prometió (obras fantasmas), pero dónde están. Yo no tengo miedo para poder decirle y encararle ”, continuó reclamando.
Antecedentes
Entre los hechos más escandalosos que fueron detectados en la intervención llevada adelante por el economista Ramón Ramírez a la gestión de Prieto se encuentra el montaje de un sistema orquestado para “manipular y utilizar” recursos a través de las comisiones vecinales, así como la malversación de G. 29.000 millones que debieron destinarse en obras y bienes de capital, pero que habrían sido desviados para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas.
A la lista de irregularidades detectadas se suma la existencia de una caja paralela, cuyos recursos tienen como origen diferentes impuestos; sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería, de acuerdo a la auditoría.
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