Bolivia desplazó ayer lunes unos 1.500 militares para resguardar plantas de procesamiento de combustibles ante lo que considera actos de “sabotaje”, informó el presidente Rodrigo Paz, tras denuncias de conductores por abastecimiento de gasolina contaminada.

Armados con fusiles, ametralladoras y bastones antidisturbios, los efectivos tomaron sin contratiempos la planta de Palmasola, en las afueras de la ciudad de Santa Cruz (este), constató la AFP. Otras 15 a nivel nacional están en la misma situación, informó el ministerio de Defensa.

Los sindicatos de transportistas reclaman desde hace varias semanas al gobierno, que está a cargo de la importación de la gasolina, que los motores de sus vehículos sufren daños y se ennegrecen después de abastecerse.

La administración del centroderechista Paz, que asumió el poder en noviembre y puso fin a dos décadas de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ha reconocido el problema. Sospecha que el carburante está siendo manipulado dentro de las propias plantas manejadas por la empresa estatal petrolera YPFB, por funcionarios de la gestión anterior.

“Hemos activado el resguardo en nuestras plantas estratégicas, con el apoyo firme de nuestras Fuerzas Armadas”, dijo Paz este martes en Santa Cruz, flanqueado por algunos de sus ministros y mandos militares. “Lo que hemos detectado no son descuidos”, son “sabotajes impulsados por estructuras organizadas que no dudan en dañar al país” y que coparon el poder “durante más de 20 años”, denunció.

Bolivia importa diésel y gasolina principalmente de Argentina, Chile y Paraguay. YPFB los procesa y distribuye internamente entre gasolineras privadas para su expendio. El Ejecutivo ha negado negligencia y anunció un plan de compensaciones para los choferes afectados. Las plantas estarán bajo la vigilancia de los militares “el tiempo que sea necesario”, dijo Marcelo Salinas, ministro de Defensa.

Fuente: AFP.

Al menos 20 personas murieron ayer viernes en el accidente de un avión militar en Bolivia que transportaba dinero en efectivo y se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cercano a La Paz, informaron las autoridades.

Partes del fuselaje destruido de la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana yacían en una calle contigua a la terminar aérea, rodeadas de autos que también sufrieron serios daños, según imágenes del lugar captadas por la AFP.

“Son alrededor de 20 (fallecidos), tal vez algo más”, aseguró desde el lugar el director de la División de Homicidios de la Policía, coronel René Tambo, al dar un balance actualizado a los periodistas.

Reportes oficiales iniciales habían situado la cifra de muertos en 15.

El jefe policial relató que su personal aún se encuentra realizando tareas de búsqueda de cadáveres y que podrían continuar hasta la mañana del sábado.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos varias horas después del suceso. “Es un día de mucho dolor”, afirmó en la red social X.

El avión militar provenía de la ciudad de Santa Cruz, en el este del país, y tenía como misión abastecer de papel moneda a La Paz, la capital administrativa.

Transeúntes se precipitaron para recoger los billetes que quedaron regados por los suelos y que eran propiedad del Banco Central de Bolivia, aunque según las autoridades carecen de valor.

Un grupo incluso intentó con insistencia llegar a los cargamentos que se encontraban dentro del avión, pero no lo consiguieron, constataron reporteros de la AFP.

Policías y militares armaron un anillo de seguridad y los repelieron con gases lacrimógenos.

Las cajas que quedaban con el dinero ardieron durante la noche en una enorme hoguera improvisada, que se inició en el lugar por disposición de las autoridades.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que “el dinero transportado en la aeronave accidentada no tiene numeración ni serie oficial, por lo tanto carece de valor legal y adquisitivo” y que “su recolección, posesión o uso constituye delito”.

La institución señaló que las causas del accidente aún se desconocen y anunció que conformó una junta investigadora para determinarlas.

En el momento del accidente caía “una granizada fuerte” y “había rayos”, dijo a la AFP Cristina Choque, vendedora de 60 años, cuyo auto fue impactado por los restos de la aeronave.

“La llanta es lo que ha caído encima de nosotros (...), mi hija está afectada, tiene una herida en la cabeza”, relató.

La mujer y su familia permanecieron dentro del vehículo accidentado por temor a ser saqueados por la muchedumbre.

La Fiscalía de La Paz recibió denuncias de saqueos de comercios por parte de delincuentes que aprovecharon el tumulto en las calles.

“Se ha aprehendido a 12 personas” para investigarlas, dijo a la prensa el fiscal Luis Carlos Torres. Las operaciones del aeropuerto internacional de El Alto, el segundo más importante de Bolivia, quedaron suspendidas. Los hospitales de la ciudad lanzaron una campaña de donación de sangre para atender a los heridos.

Fuente: AFP.

El diputado Rodrigo Gamarra está al frente de la presidencia del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur) desde el pasado 16 enero de este año.

En esta función, el parlamentario apunta a un plan concreto, que es la conectividad de la región. En esta entrevista para La Nación/Nación Media, Gamarra detalla cuáles son sus proyecciones en el Parlamento regional.

“En cuanto a la orientación de nuestra gestión, creemos que el mayor desafío de la región es avanzar en infraestructura y conectividad. El Parlamento puede impulsar estas iniciativas planteando proyectos de envergadura, generando consensos políticos y ayudando a buscar socios estratégicos o potenciales inversores que vean en nuestra región un foco de expansión y desarrollo”, apuntó el legislador.

En este sentido, sostuvo que la integración no puede quedarse solo en discursos, sino que debe traducirse en rutas, trenes, puertos, energía y logística que unan la economía de los países de la región.

“Si hoy hemos logrado acercamientos con regiones como Emiratos Árabes, ¿por qué no pensar en proyectos regionales de gran escala, como trenes de alta velocidad que conecten São Paulo, Asunción, Buenos Aires y Montevideo? Son ejemplos que muestran el nivel de ambición que debemos tener como bloque”, señaló para LN.

Gamarra afirma que el Parlasur tiene una fuerza política importante para impulsar estas ideas, teniendo en cuenta que está integrado por senadores, diputados, ministros y líderes regionales de distintos países.

“Esa articulación puede generar consensos que faciliten proyectos estratégicos para el desarrollo de nuestros pueblos”, manifestó.

El parlamentario habló también del acuerdo firmado en Asunción entre el Mercosur y la Unión Europea, que se encuentra a la espera de la ratificación de los Congresos de cada país miembro de ambos bloques.

“Queremos acompañar y fortalecer el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, uno de los hitos más importantes de las últimas décadas para nuestra región, y promover nuevos acuerdos con parlamentos, universidades y organismos públicos y privados que ayuden a consolidar la institucionalidad regional”, explicó.

Así mismo, apuntó a un bloque regional que pueda traer beneficios para la población de los países miembros del bloque, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

“Nuestro objetivo es que el Parlasur sea un parlamento útil para la gente, capaz de impulsar proyectos concretos de infraestructura, conectividad y desarrollo productivo que integren de verdad a nuestros países y generen oportunidades reales para nuestros ciudadanos”, afirmó.

Por otra parte, explicó el rol que tiene el Parlamento en la región y lo que implica sus funciones como presidente. “Es una responsabilidad institucional que, cuando corresponde al presidente de turno, implica conducir toda la parte administrativa del Parlamento: contrataciones, estructura de funcionarios, organización presupuestaria, logística, coordinación de salarios y todo lo necesario para garantizar el funcionamiento regular de las sesiones”, refirió.

Agregó finalmente que “el Parlasur también cumple un rol importante en la diplomacia parlamentaria, organizando delegaciones, misiones de observación electoral, seminarios internacionales y encuentros con otros parlamentos y organismos multilaterales, fortaleciendo la integración política y democrática de la región”.

El expresidente boliviano Evo Morales reapareció ayer jueves en un acto político ante varios miles de sus seguidores y aseguró que nunca huyó de Bolivia, tras dudas sobre su paradero por varias semanas. Morales no participaba en eventos públicos ni en programas radiales desde el 8 de enero, día en el que un helicóptero sobrevoló la zona del Chapare con funcionarios de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA a bordo, en una operación de observación contra el narcotráfico, según el gobierno.

Ese incidente motivó que sus seguidores expresaran su temor ante una eventual captura y su posible extradición a Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico. Las alarmas también saltaron, porque días antes Nicolás Maduro fue detenido por militares estadounidenses en territorio venezolano. Durante su mandato (2006-2019), Morales acusó a la DEA de complotar contra su gobierno y la expulsó del país. La nueva administración boliviana, encabezada, por el centroderechista Rodrigo Paz, retomó relaciones con Estados Unidos y prometió un nuevo ciclo de cooperación antidrogas.

Respondiendo a los rumores sobre una posible huida al extranjero, Morales afirmó que no tenía intención de abandonar el país. “No me voy a ir, me quedaré con el pueblo para defender la patria”, declaró.

Apareció en la localidad de Chimoré, en un estadio con capacidad para 15.000 personas lleno, para apoyar a sus candidatos en las elecciones regionales del 22 de marzo.

Morales, de 66 años, explicó por qué se alejó de los focos públicos.

“Evidentemente tuve problemas de salud, esa enfermedad llamada chikunguña, gravísimo”, relató.

Con la ayuda de médicos se sobrepuso y señaló que “acá estamos con vida”.

Morales se encuentra en la región cocalera del Chapare desde octubre de 2024. Sobre él pesa una orden de detención desde 2024 por un caso de trata de una menor, acusación que él rechaza. Desde entonces es resguardado por sus partidarios. El jefe cocalero no tiene partido, aunque sus militantes buscaron alianzas con agrupaciones políticas, para participar de las elecciones regionales.

Fuente: AFP.