El intendente de la ciudad de Asunción, Óscar Rodríguez, presentó su renuncia al cargo este viernes, a través de una conferencia de prensa en la sede municipal, en la misma jornada en que se entrega el informe final de la intervención de la Municipalidad de Asunción. Ocupó la intendencia en diciembre de 2019, al interinar por la renuncia de Mario Ferreiro, y luego fue electo el 10 de octubre de 2021, en elecciones ordinarias.

Las autoridades de seguridad se encuentran ultimando los detalles para el despliegue de efectivos policiales en el marco del Campeonato Mundial de Rally a realizarse en el departamento de Itapúa, del 28 al 31 de agosto próximo. El viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, destacó que el plan de seguridad en el cual se está trabajando desde hace tres meses está siendo ejecutado con total normalidad.

“Ayer el ministro del Interior, acompañado de toda la cúpula policial, realizó trabajos de verificación sobre el despliegue policial que ya se está ejecutando en el marco del rally. Puedo confirmar que serán desplegados 5.000 policías para dar una cobertura completa al evento”, dijo en conversación con el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Corte Suprema de Justicia resolvió destrabar la causa penal contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza y asociación criminal, tras un año de dilaciones procesales impulsadas por su defensa.

En entrevista con Universo 970/Nación Media, el fiscal Silvio Corbeta explicó que la investigación estuvo prácticamente paralizada por una serie de “chicanas sistemáticas” que incluyeron recusaciones, apelaciones cruzadas y acciones de inconstitucionalidad.

Más de 100 agentes ingresaron a la Chacarita a fin de realizar varios allanamientos en busca de delincuentes con órdenes de captura. Se investiga el asesinato de una mujer que resultó víctima colateral de un enfrentamiento a tiros entre pandillas.

El comisario Marcelino Espinoza, director de Investigación de Hechos Punibles, informó que se prevé allanar siete domicilios en busca de sujetos con órdenes de captura por varios hechos punibles y que habrían participado de enfrentamientos entre grupos.

La Policía Nacional reforzó la dotación de personal en el Alto Paraná para garantizar la seguridad tras amenazas de asaltos a entidades bancarias y transportadoras de caudales en la zona.

Miembros de facciones criminales brasileñas estarían articulando los atracos, por lo que las fuerzas del orden están en alerta, confirmó el comisario Feliciano Martínez, director de Policía del Alto Paraná.

El gobernador de Guairá, César Sosa, destacó la unidad que prima dentro del Consejo de Gobernadores tras la renovación de la mesa directiva para el periodo 2025-2026. Señaló que el principal desafío es mantener el diálogo entre los miembros y trabajar de manera conjunta para garantizar beneficios en todos los departamentos del país.

“Tuve el privilegio de contar con la confianza de mis colegas para estar nuevamente al frente de un consejo unido, que trabaje incansablemente en beneficio de todos los departamentos”, expresó Sosa, quien resaltó que la conformación de la mesa fue fruto de consensos.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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La Junta Municipal de Ciudad del Este aún no llega a un acuerdo para la elección de un intendente interino que ocupará el cargo por los tres meses que dure el proceso de convocatoria a elecciones municipales. La bancada de Yo Creo, que responde al destituido exintendente Miguel Prieto, no logra imponer a su representante y la liberal María Portillo, hermana del exdiputado Carlos Portillo, sostiene su postulación con apoyo de comités liberales.

“Está la candidata del Partido Liberal que quiere interinar, María Portillo, a quien le falta el acompañamiento, porque ellos (de Yo Creo) son seis, le falta uno para tener cuórum, en este caso, ellos dependen del cuórum de María Portillo. En este momento, creo que ya se negoció con la concejal Portillo y ella sería la intendenta interina”, dijo el concejal colorado Ernesto Guerín, este viernes, en entrevista a La Nación/Nación Media.

Tras la destitución de Prieto, el 19 de agosto pasado, el conflicto se da por los intereses de dos concejalas, Valeria Romero, pareja del exintendente, y la liberal María Portillo, que cuenta con el respaldo de los presidentes de Comités del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Ciudad del Este, según manifestaron a través de un manifiesto.

“Acompañamos a la legisladora María Portillo, única representante del PLRA en la Junta Municipal de CDE, quien ha sostenido una lucha firme contra la corrupción durante dos periodos. Confiamos plenamente en que, con honestidad, responsabilidad y trabajo, honrará el cargo de intendente municipal, levantando en alto el nombre del PLRA y de toda la ciudadanía esteña”, expresa la nota.

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El propio exintendente Miguel Prieto fue el que planteó el nombre de su pareja para asumir en su reemplazo, si embargo, la concejal Portillo se plantó para no prestar su voto a Romero, ya que sin el voto liberal no se alcanza el cuórum necesario para convocar a la sesión extraordinaria. La Junta está conformada por 12 concejales, 6 de Yo creo, 5 del Partido Colorado y 1 del Partido Liberal.

“Hubo un conflicto entre ellos, por eso es que María Portillo se alejó de ellos, pero creo que ya está cerrado (un acuerdo), pero eso generó un conflicto. Creo que el equipo de Miguel duda de María, ese es el problema que tiene el equipo de Yo Creo”, sentenció el concejal Guerín.

Mientras tanto, sobre la postura de los concejales colorados, indicó que no votarán por el sector de Prieto. “Nosotros estamos unidos, los cinco de la bancada colorada, y nosotros no le vamos a votar a la gente de Yo Creo, a ninguno de ellos, ellos tienen mayoría propia, pueden elegirle a sus representantes sin depender de nosotros, pero nosotros no le vamos a votar a nadie del equipo político de Miguel. Portillo hasta podría ser, en el último de los casos”, puntualizó.

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El interventor de la Municipalidad de Asunción, Car­los Pereira, indicó que hoy presentará su informe final sobre la administración del intendente Óscar Rodrí­guez. El proceso de fisca­lización se inició el pasado 24 junio sobre seis observa­ciones señaladas por la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), que derivó en la intervención.

“El viernes (por hoy) voy a presentar, estoy procesando las últimas informaciones. Un trabajo de esta enverga­dura es tedioso y minucioso, complicado, hay que ser muy ordenado también”, mani­festó Pereira, anoche por Unicanal. “El informe va a tener las seis observacio­nes con todas las conclusio­nes bien contundentes, va a tener 181 páginas, y todas las debilidades encontradas en el control interno, los otros hallazgos, las cinco denun­cias que hice al Ministerio Público y otras cuestiones fundamentales”.

Además de las 181 páginas que contienen las irregularidades apuntadas por la Contralo­ría, el informe final también incluirá las denuncias rea­lizadas por el interventor al Ministerio Público, que serán 135 páginas más, lo que tota­lizará unas 350 páginas, de acuerdo a lo señalado por el interventor.

“Los cinco casos son denun­cias penales, que ya lo hemos hecho, además de eso, están los hallazgos de irregularidades y debilida­des que están plasmadas en el informe, con recomen­daciones y con conclusio­nes muy puntuales y muy específicas”, explicó Pereira, citando algunas falencias que fueron presentadas ante la Fiscalía.

“Son denuncias que hemos hecho al Ministerio Público y, además de eso, hay varios hallazgos en diferentes áreas, diferentes situacio­nes. Hicimos una denuncia penal por alteraciones del acceso al sistema informá­tico, en donde, para cobrar el tributo, el monto que se pone en el sistema en ese momento, el valor fiscal baja de unos 1.000 millones a 90 millones”, comentó.

El informe final debe ser presentado ante el Ministe­rio del Interior y la Cámara de Diputados, donde será puesto a consideración de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Asun­ción. Esta comisión deberá analizar las documentacio­nes y posteriormente emitir un dictamen, que debe ser puesto a consideración del pleno, para evaluar la des­titución o no del intendente Óscar Rodríguez.

El mandatario recordó que en el 2018 la oposición impulsó y logró la destitución de otra autoridad electa en Ciudad del Este.

El presidente de la República, Santiago Peña, fue abordado por los medios de prensa y consultado sobre los procesos de intervención en los Muni­cipios de Ciudad del Este y Asunción. Peña respondió sobre el discurso de la oposi­ción, la supuesta persecución política hacia el exintendente esteño Miguel Prieto y dijo la decisión final asumida por los legisladores forma parte de un proceso que está contemplado en la Constitución Nacional.

“En el año 2018 la oposición impulsó una destitución de una intendenta que fue electa. En ese momento ellos nunca argumentaron ningún tipo de persecución, decían que se ha hecho justicia. Este es un mecanismo que está reglado, está en la Constitución”, refi­rió el presidente.

Así también, aseguró que se cumplieron con todos los pro­cedimientos establecidos, y la Cámara de Diputados, por mayoría, decidió la destitu­ción de Prieto de la adminis­tración municipal. “Se hicie­ron las investigaciones, están las denuncias y finalmente se presentaron los informes y los diputados decidieron la desti­tución”, expresó.

Respondió también sobre el discurso de acallar las voces disidentes, con la destitución de Prieto, y aseguró que, “tie­nen todo el derecho de hablar todo lo que quieran”. El sec­tor de la oposición trata de instalar un discurso de per­secución, mientras que los informes revelaron serias irregularidades en la admi­nistración de Prieto, algunos de ellos presentados ya ante el Ministerio Público.

Por otra parte, sobre la situación del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez y el supuesto blindaje del sector político ofi­cialista, indicó que es una deci­sión que tomarán los diputa­dos y no existe una bajada de línea del movimiento Honor Colorado. “Es una discusión en Diputados”, sentenció.