El abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), acusó al intendente y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, de apañar el robo de los recursos económicos de la municipalidad a través de un esquema de caja paralela.
La acusación de Sánchez surge ante las afirmaciones del dirigente opositor quien mediante sus redes sociales busca minimizar la denuncia penal presentada por el interventor de la municipalidad, Ramón Ramírez, quien denunció el desvío de G 75 millones mediante cajas paralelas.
El jefe comunal alegó que sobre el hecho ya había presentado una denuncia el pasado mes de marzo, detectando el desvío de G. 800 millones. “Prieto ocultó el robo de más de G. 800 millones de recursos municipales para proteger a sus secuaces. Si bien, realizó una escueta denuncia penal de urgencia ya a sabiendas que se venía negra la morcilla de la intervención, ocultó el escandaloso robo a la ciudadanía, que ocurría en sus narices y bajo la dirección de la impoluta y única capaz de luchar contra la Corrupción, Meribeb Alonzo Vallejos (prima)“, ironizó el abogado.
Sánchez detalló que la denuncia formulada por Prieto en marzo fue innominada con la finalidad de proteger a su prima y cómplices. “La denuncia fue contra personas innominadas, jamás nombro o acuso a los verdaderos y sabidos responsables“, cuestionó.
Asimismo acotó que “Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo, hecho que admitió el apartado jefe comunal y no por las graves anomalías en el cobro del impuesto inmobiliario”.
El abogado dijo que según fuentes internas de la propia municipalidad, también estarían salpicados en la recaudación paralela, Nelson Segovia, hijo del concejal departamental conocido como “Tío Henrry”, Vicente Prieto, padre de Miguel Prieto, Fran Arrúa, exsecretario privado, entre otros funcionarios que ejercían el cargo de cajeros quienes se encuentran plenamente identificados.
“Ellos podrían ser imputados por exacción y alteración de datos públicos, y se exponen a 10 años de prisión. Hasta la fecha no se ha sabido de ningún tipo de sumario administrativo a ningún funcionario. Lo raro de la denuncia es que teniendo los datos de los cajeros, de los responsables de recaudaciones y de la dirección de finanzas la denuncia fue innominada”, refirió.
Según Sánchez, el propio escrito del asesor jurídico dice y reconoce la carencia total de control de la dirección de recaudaciones al no llevar la correlatividad de las facturas, así como la cantidad de facturas y la utilización de los sellos de caja, también la falta de comunicación de traslados de funcionarios y la habilitación de permisos para utilización del sistema de gestión municipal tantas veces publicitado por Miguel Prieto en sus rimbombantes discursos".
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