El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intentó minimizar la denuncia penal por una caja paralela en las recaudaciones de la comuna esteña, que informó ayer el interventor Ramón Ramírez; refiriendo a otro caso por patentes del 2024, sin embargo, el reciente informe apunta a graves maniobras irregulares que involucrarían a la prima del jefe comunal, durante enero y febrero de este año, en cuanto a impuesto inmobiliario.

La intervención revisó datos del sistema de recaudación entre enero y junio de 2025, detectando, entre algunas irregularidades, que la Caja 6 figuraba como receptora de pagos el 30 de enero, pese a que ese día no operó, según la rendición diaria; en tanto, la Caja 8 reportó operaciones pagadas, pero en el arqueo no registró ingresos; mientras que los comprobantes estaban en el orden de los 1.000, pero se hallaron numeraciones por encima de 100.000 (seis dígitos).

En solo dos días se detectaron operaciones irregulares que superan los G. 75 millones, según los cálculos compartidos por Ramírez en una conferencia de prensa. Ante esto, Prieto reaccionó, alegando: “El interventor descubrió algo que nosotros habíamos descubierto en enero”. La denuncia de Prieto del 3 de abril, tras una auditoría interna, apuntaba a irregularidades en el Impuesto a la Patente Comercial e Industrial del año 2024, sin identificar responsables al inicio y, luego, señalando a dos funcionarios municipales.

Pero las evidencias señalan que se tratan de casos distintos, con tributos diferentes, personas diferentes y, sobre todo, con un nivel de gravedad que compromete directamente al círculo familiar del intendente intervenido, quien justamente había admitido que incurrió en nepotismo en una entrevista televisiva en directo, en mayo pasado, ubicando a cuatro primos por contratación directa, entre ellos, a Meribeb Alonzo Vallejo, como jefa de Impuestos Inmobiliarios. Removió a su prima del cargo en junio pasado debido a la presión por su sincericidio mediático.

“Son mis primos, sí. Meribeb Vallejo fue contratada por la Junta Municipal y es la jefa de Impuesto Inmobiliario. Desde que ella está en el cargo, por ejemplo, terminaron los hechos de corrupción en la división de Impuestos Inmobiliarios”, expresó Prieto en la emisión de TV abierta. “Son contrataciones directas, son parientes míos”, admitió, minimizando su confesión: “Sí, pero en cualquier otra cosa que me digan estamos marcando mucha diferencia”.

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La denuncia de Prieto por un presunto monto de casi G. 900 millones en irregularidades en ejercicios anteriores, no es el mismo caso que también denunció la intervención ante el Ministerio Público, por un esquema de desvío de recursos municipales, que mencionó G. 75 millones “desaparecidos” tan solo al revisar los comprobantes de las cajas 6 y 8 en apenas dos días.

• Distinto tributo: uno es Patente Comercial e Industrial, el otro es Impuesto Inmobiliario.

• Distintas personas: en el caso de Prieto, dos funcionarios; en el de la Intervención, la prima del intendente esteño.

• Distintas fechas: su denuncia refiere a 2024, la de la Intervención a hechos cometidos en enero de 2025.

La intervención reveló que una auditoría informática al sistema SIGEM detectó millonarios pagos registrados en enero de 2025 que no aparecen reflejados en la Tesorería municipal. Entre los señalados por las irregularidades figuran Meribeb Alonzo Vallejos, su prima, junto a Iván Giovanni Vera Morel y Micaela Herrera.

La fiscalización aportó a la Fiscalía memorándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos digitales que prueban pagos inconsistentes, perfiles de usuarios alterados y posibles manipulaciones del sistema. Muchos comprobantes tienen fechas y montos válidos en el sistema, pero no coinciden con los arqueos reales de caja.

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“Encontramos un esquema de desvío de recursos a través de lo que denominamos una caja paralela a espalda de los fieles y responsables contribuyentes de Ciudad del Este”, explicó ayer el interventor. El dinero abonado por los contribuyentes no llegaba a la tesorería municipal, en especial en lo relacionado al pago de impuestos inmobiliarios.

“Encontramos una serie de numeración de los comprobantes que es totalmente inconsistente con el sistema de numeración de los comprobantes emitidos. Tomamos muestras concentrándonos en los impuestos inmobiliarios, y hallamos datos inconsistentes. Por ejemplo, unos pagos realizados en una fecha concreta en la caja número 6, pero al verificar la información, hallamos que ese día precisamente esa caja no operó, me refiero a la caja 6”, señaló Ramírez.

El arqueo de esa caja tampoco visualiza que esa recaudación haya ingresado a las arcas municipales. El mismo patrón de proceso se repite para 9 operaciones similares, que fueron tomadas como muestras para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, en fecha 11 de agosto.

“Quiero dejar en claro que esto es solamente una parte pequeña de la investigación. Funcionarios con roles y accesos específicos manipularon al sistema informático para registrar operaciones como pagadas, pero que no fueron ingresadas a la tesorería”, agregó.

La asesoría jurídica calificó este hecho como posible delito de extracción y alteración de datos. “Para nosotros no es un simple error administrativo, es una apropiación de los recursos del pueblo, que confirman una vez más la serie de irregularidades que hallamos en esta institución”, concluyó el interventor, para luego explicar que todas las personas que intervinieron en estos hechos, están plenamente identificadas.