El abogado Ricardo Preda aclaró que no existe ninguna irregularidad en el hecho de que una causa penal se inicie sin una resolución del fiscal general del Estado, tal como ocurrió recientemente con el caso que involucra al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.
La causa fue abierta en el Ministerio Público para investigar una supuesta fortuna oculta en Seychelles, un paraíso fiscal, sin que mediara una comunicación oficial ni una resolución firmada por el titular del Ministerio Público, como sí ocurrió en otros casos similares.
Sobre este punto, Preda explicó que “claramente ese es un formulario de la entrada de una causa penal” y sostuvo que la mayoría de las investigaciones no inician con una resolución formal del fiscal general. “Hay que tener en cuenta que no toda entrada de una causa penal le precede una resolución. Eso no tiene nada de irregular”, afirmó.
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En conversación con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, indicó que lo habitual es que estos procesos arranquen a partir de una denuncia o una nota interna que ingresa por mesa de entrada.
“Eso motivó que le den entrada y ya se abra una causa penal”, detalló. En este caso, la investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Cacavelos, quien debe comunicar al juzgado penal de garantías el inicio de las diligencias, si así lo considera, explicó Preda en cuanto a cuál es el procedimiento para las investigaciones.
Además, el abogado cuestionó la práctica de hacer públicas estas aperturas. “En realidad, la regla debería ser que nadie se entere de que hay una investigación abierta. Debería ser esa la política de persecución penal: difundir lo menos posible. Lamentablemente, en la práctica no es así”, lamentó.
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Policía de Foz investiga trabajo esclavo ante denuncia de explotación de un paraguayo de 74 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Policía Federal ejecutó esta mañana dos órdenes de búsqueda y aprehensión en el marco de la Operación Dignidad de represión al trabajo esclavo en Foz de Iguazú, estado de Paraná, Brasil. Se trata de una investigación de explotación de una persona anciana, de nacionalidad paraguaya.
El operativo se enfoca en el crimen de reducción a condiciones similares a la esclavitud, previsto en el artículo 149 del Código Penal, y de exposición al peligro de salud y de la integridad de persona anciana en condiciones degradantes, previsto en el artículo 99 del Estatuto de Persona Anciana, del estado brasileño, según reporta la Policía Federal.
La investigación comenzó después de la denuncia sobre la existencia de una persona de 74 años que estaría siendo explotada en una propiedad rural del municipio.
Los datos recabados por la Policía Federal indican que “la víctima vivía en una estructura precaria e insalubre, cerca del área destinada a la cría de animales y realizaba diariamente trabajos manuales en la propiedad sin recibir pago, sobreviviendo por su propio medio”, según refiere el reporte.
Según la investigación, “la situación se agrava a raíz de la edad avanzada de la víctima y por la ausencia de una red de apoyo familiar o social, circunstancias que lo colocan en una condición de acentuada vulnerabilidad y dependencia”. La víctima no fue encontrada hoy en la propiedad intervenida, confirmó la PF de Foz.
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Investigan difusión de imágenes íntimas alteradas con IA de universitarias
Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) denunciaron la existencia de un sitio web anónimo que comparte supuestas imágenes íntimas de alumnas, profesoras y funcionarias. La publicación de imágenes reales sin autorización, incluso son manipuladas con inteligencia artificial.
Desde la FADA-UNA emitieron un comunicado de rechazo a estas conductas, repudiaron las prácticas y anunciaron medidas para proteger a su comunidad. Además, habilitaron un canal confidencial para recibir denuncias formales.
Las autoridades ya están investigando el hecho. Con respecto al caso, el comisario Diosnel Alarcón refirió que están avanzando con la investigación. “Tiene su proceso y tiene sus pasos al ser anónimo y al utilizar dominios que están fuera del país”, señaló en declaraciones al canal Trece.
También el Ministerio de la Mujer tomó intervención y se pronunció al respecto a través de un comunicado, donde piden no difundir imágenes ni chats de las víctimas.
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“Pudimos constatar mensajes, donde diversas estudiantes de la UNA manifestaban preocupación de que existían páginas web, grupos de Telegram, de WhtassApp, donde había contenido de las mismas sin su consentimiento”, refirió hoy la ministra Alicia Pomata en diálogo con el programa Así son las Cosas de canal GEN y Universo 970AM.
Añadió que dichos mensajes fueron compartidos y en algunos casos imágenes generadas por IA de contenido sexual. “Esto motivó que primero que nada nos comuniquemos con algunas representantes del Centro de Estudiantes de FADA-UNA y luego se fueron sumando otras universidades donde encontraron que estas alumnas estaban siendo expuestas a través de Telegram y otras plataformas”, precisó.
Entonces, procedieron a la intervención y pusieron a disposición de las víctimas un equipo multidisciplinario conformado por abogada, psicóloga, trabajadora social.
Asimismo, en la fecha se reunirán con algunas de las víctimas en forma confidencial, a fin de garantizar la protección a su intimidad. Además, piden no difundir mensajes e imágenes para evitar que sean revictimizadas.
“No queremos que se filtren datos, no queremos que las imágenes sean compartidas, para evitar la revictimización de las afectadas y para no entorpecer los procesos”, explicó.
A la par, formarán una mesa interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer. “Esto se puede constituir en hechos punibles por difusiones no consentidas”, advirtió la ministra.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.
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Hurto y violencia familiar: los delitos que acorralan a la juventud paraguaya
Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.
Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.
Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.
En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.
El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.
Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.