El fiscal Silvio Corbeta indicó que se elevaron a juicio dos de las causas que lleva sobre cerca de cincuenta denuncias de irregularidades en la administración de Miguel Prieto en la intendencia de Ciudad del Este, mientras otras causas están en proceso de investigación.

“Nosotros tenemos varias causas, tenemos actualmente dos causas ya elevadas a juicio oral, que es el caso de Tía Chela y el caso Tajy, tenemos la tercera causa con próximo requerimiento conclusivo que se relaciona al hospital de contingencia, tenemos en investigación la causa de la costanera y también del presunto cohecho, y otras causas más relativas a la administración”, indicó este viernes el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, en el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que otras unidades también llevan otras causas, en total son 49 denuncias por irregularidades en su gestión. “Tenemos el caso de la Navidad Sustentable del año 2024, y hay otras causas que están en el otro equipo de trabajo designado por la Fiscalía General, también de la unidad de Delitos Económicos, y el resto de las causas tengo entendido que están en Ciudad del Este”, refirió.

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El agente fiscal defendió el trabajo de investigación que vienen realizando en todos los casos denunciados, y aseguró que en los casos que corresponden se llevaron adelante el proceso de investigación y en aquellos que no se cuentan con elementos suficientes fueron desestimados, rechazando el discurso de persecución contra Prieto.

“Nosotros hemos solicitado la desestimación de en tres investigaciones y justamente, si nosotros faltáramos a la objetividad, que constantemente se utiliza como argumento defensivo, nosotros no íbamos a estar solicitando estas desestimaciones que consideramos que no existen elementos suficientes”, aseveró.

Aseguró que los fiscales están llevando adelante un trabajo serio, desmontando los ataques de la defensa. “En unos casos si, y en otros casos no existen elementos o conductas penalmente relevantes, eso refleja justamente que nosotros somos agentes fiscales que nos basamos estrictamente en lo jurídico y no en circunstancias externas que constantemente somos objetos de ataque, principalmente sobre mi persona”, sentenció.

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Un pedido de informes sobre la ejecución del programa de reconstrucción y modernización del Hospital Distrital de Caaguazú fue presentado en la Cámara de Diputados por los legisladores colorados Miguel Del Puerto y David Jara.

Entre los principales puntos requeridos a las autoridades sanitarias se encuentran el porcentaje del presupuesto ejecutado o comprometido y el estado del proceso de licitación.

Piden detallar también la eventual empresa adjudicada, el inicio de obras y los plazos previstos para la conclusión del proyecto.

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Asimismo, solicitan información sobre el plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios médicos durante el periodo de reconstrucción, incluyendo eventuales traslados, alquileres de espacios temporales y recursos destinados a dicha planificación.

El requerimiento también contempla aspectos vinculados a la evaluación técnica de la infraestructura existente, la protección de las recientes mejoras realizadas en el hospital, la fiscalización de las obras y la coordinación institucional.

Según mencionan los proyectistas, el hospital recibe diariamente a más de 400 pacientes, por lo que el proyecto busca mejorar las condiciones de atención y la capacidad resolutiva de los servicios sanitarios.

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Durante una sesión extraordinaria la Cámara de Senadores analizó las ternas para contralor y subcontralor general de la República, tras la presentación de una nota por parte de 27 legisladores que propusieron para contralor general los nombres de Camilo Daniel Benítez (actual titular del cargo), Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz. Y para subcontralor, la terna propuesta incluye a Armindo Torres, Augusto José Félix Paiva y Cosme Alfredo Torres Rodríguez.

El senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado mocionó ante el pleno la aprobación de la citada terna integrada y tras ser sometida a votación electrónica, 30 legisladores dieron el visto bueno a la citada propuesta.

Así también con 30 votos a favor, el pleno de la Cámara Alta dio su aprobación a la moción del senador Chase que propuso para el cargo de subcontralor la terna conformada por Torres, Paiva y Cosme Torres.

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La elección definitiva estará a cargo de la Cámara de Diputados, que deberá prestar su acuerdo para la designación de ambos funcionarios

La Cámara de Diputados elige y designa al contralor y al subcontralor definitivos, por mayoría absoluta, de entre los nombres propuestos en las ternas enviadas por el Senado.

La terna se conformó de una lista inicial de 49 candidatos, el grupo quedó en 36 luego de registrarse cuatro exclusiones, cuatro ausencias y cinco renuncias durante el periodo de audiencias públicas.

El cronograma fue diseñado para cumplir con el plazo previsto en el artículo 45 de la Ley 276/94, que obliga al Senado a remitir las ternas a la Cámara de Diputados a más tardar el 1 de septiembre.

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Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.

El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.

Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.

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En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.

Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.

Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.

En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.

También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.

Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.

También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.

“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.

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