El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, encabezó la reunión interinstitucional del Poder Ejecutivo con el propósito de articular acciones vinculadas al fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Durante el encuentro se coordinaron acciones de manera conjunta en temas contemplados en la agenda, los cuales atañen al mejoramiento del sistema penitenciario y en la instalación de manera más efectiva del uso de la tecnología y de las tobilleras electrónicas, dada la aplicación del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control (SIMDEC), y en atención a las medidas alternativas otorgadas y de protección en las causas penales.
De acuerdo al informe oficial, participaron el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, el titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora; de la Mujer, Cynthia Figueredo y de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, en la sede del Ministerio Público.
El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento del uso de tobilleras electrónicas como alternativa para personas con medidas de prisión preventiva, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de prevalecer la protección de la sociedad, enfocados en los casos contra la mujer, niños y adolescentes, incorporando herramientas que fortalezcan la seguridad y la eficacia de las causas.
Durante la jornada se enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre los ministerios competentes para ampliar el uso de dispositivos electrónicos de control, como medida cautelar efectiva y humanitaria, al tiempo de permitir a la Fiscalía avanzar en los procesos penales con mayor eficiencia.
Desde el Gobierno remarcaron el compromiso claro de impulsar soluciones integrales que garanticen seguridad, justicia y respeto a los derechos, trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas.
Igualmente, se puso a conocimiento del Ministerio Público la instalación de la Mesa de Justicia dirigida por el Ministerio del Interior, dentro del marco del “Plan SUMAR en tu Barrio”, que busca en su segunda etapa, combatir y erradicar al microtráfico.
Dejanos tu comentario
Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
Le puede interesar: Bancada de HC aguardará pedido formal sobre senadora Cabrera
Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
Dejanos tu comentario
Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
Fuente: MOPC
Podes leer: Comisión que investigará posibles abusos de telefonías designó a sus autoridades
Dejanos tu comentario
Comisión que investigará posibles abusos de telefonías designó a sus autoridades
Este jueves, en el Senado se concretó la instalación de la comisión especial que investigará los supuestos abusos a los derechos de los consumidores en los servicios proveídos por las firmas de telefonía celular e internet y los servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas.
La presidencia del bloque recae sobre el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Dionisio Amarilla; la vicepresidencia será ocupada por la legisladora colorada Lilian Samaniego, y el cargo de relator está ocupado por Patrick Kemper.
La creación del bloque surge ante las innumerables denuncias de usuarios por los abusos tarifarios que implementan las empresas, casi siempre sin previa comunicación. La comisión también se encuentra conformada por Juan Carlos “Nano” Galaverna, Natalicio Chase, Lizarella Valiente, Erico Galeano, Norma Aquino, José Oviedo y Esperanza Martínez.
“Aparentemente será una tarea titánica la que hemos decidido emprender. Vamos a servir como canal para que la gente pueda acercar sus reclamos. Trabajaremos con objetividad y transparencia para hacerle entender a telefónicas o prestadoras y clientes que en un ambiente de amistad es más fácil encontrar solución”, dijo Amarilla.
Lea también: Latorre expuso el potencial del país ante presidentes parlamentarios en Ginebra
Denuncias en el interior
El bloque se reunirá los días jueves a las 9:00, de manera física y virtual. En la ocasión, también se planteó la instalación de oficinas regionales permanentes en gobernaciones y municipios con la finalidad de que la ciudadanía recurra para efectuar sus denuncias.
“La gente nos hizo saber que para conectarse a una telefónica con un mero mensaje y la copia de la cédula ya se accede a una línea y que después para desconectarse es todo un calvario. También hay dudas sobre la duración de los saldos, paquetes. Las últimas denuncias guardan relación sobre que se han cambiado inclusive de manera discrecional las fechas de pago”, afirmó el legislador.
El titular de la comisión manifestó: “Pensamos hacer audiencias públicas, ir al interior del país para establecer oficinas en municipios y gobernaciones, tener una plataforma para que la gente de manera documentada y con ciertos protocolos haga esas denuncias. Yo informé que un equipo técnico bastante amplio, conformado por profesionales, asistirá a esta comisión”.
Te puede interesar: Peña inicia reuniones con más de 90 empresarios en Finlandia
Dejanos tu comentario
Congreso amplía presupuesto para logística, refacciones y puesta en valor de sitios históricos
El pasado 28 de julio el Poder Ejecutivo vía Decreto N.º 4309, oficializó la ampliación presupuestaria para el Congreso Nacional por un monto total de G. 4.280 millones. Estos fondos serán destinados a compra de equipos de transporte para logística, refacción y restauración de edificios considerados históricos, así como la construcción de un monumento homenaje a los “Héroes del Chaco”, en el marco de la conmemoración de los 90 años de la Paz del Chaco.
Al respecto, el ingeniero Sebastián Romero, coordinador de Mantenimiento del Congreso Nacional, explicó que dichos fondos serán destinados a obras de infraestructuras así como la recuperación de sitios históricos del Paraguay, a cargo de la Comisión Nacional de Puesta en Valor Histórico, la cual actualmente está siendo presidido por el senador Colyn Soroka.
Mencionó que el monto incluye varias obras de infraestructura dentro del Congreso, así como de los edificios que dependen del Legislativo, tales como el Centro Cultural El Cabildo, la Biblioteca y Centro de Documentación.
“El Cabildo está en una fase de refacciones, y al tratarse de un edificio antiguo, y con valor de patrimonio histórico del Paraguay, ahora está abocado a recuperar todo lo que es su infraestructura, hacer obras de mantenimientos y refacciones”, precisó.
Mencionó que el proyecto incluye la refacción de las Casas del Bicentenario. En el marco del Bicentenario del Paraguay, se había recuperado cierto número de casas con valor histórico; donde ahora el Centro Cultural El Cabildo está abocado en la elaboración de un plan o protocolo de intervención de esos sitios para llevar a cabo un mantenimiento integral.
Monumento histórico
La Comisión Nacional de Puesta en Valor Histórico está trabajando en un proyecto de construcción de un monumento que se está pensando construir en la zona del nuevo puente Paz del Chaco. Además, se busca trabajar en diferentes sitios históricos del Chaco, según explicó el ingeniero Romero.
Se están haciendo las evaluaciones de tinte histórico a fin de darle el realce que merecen esos sitios y recuperar su valor histórico.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez señaló que la propuestas viene de la Comisión Nacional de Puesta en Valor Histórico, que en su momento estuvo presidido por el exsenador Arnoldo Wiens, quien llevó igualmente varios otras obras de construcción.
“Estamos cumpliendo 90 años de la Paz del Chaco, entonces estamos recibiendo la propuesta de esta comisión nacional que está presidido por el colega Colyn Soroka; y el ministerio de Economía y Finanza le ha dado esa posibilidad de llevar adelante esa obra”, precisó.
Otras refacciones
El encargado de mantenimiento del Congreso, informó que continúa los trabajos de reparación de las cabinas de ascensores de la sede legislativa. Esta semana se prevee su habilitación 100 %, aunque por ahora, se habilita de forma parcial, ya que se están llevando a cabo las pruebas de funcionamiento.
Dentro la ampliación presupuestaria a demás de contemplar varias obras de infraestructura, también contempla la adquisición de equipamientos, así como transporte para el área de logística del Congreso.
“Es una ampliación para obras de mejora para todo lo que compete al Congreso Nacional. No es solo monumento. Aquí estamos en fase de dar una mejora integral al edificio, incluso mejorar la zona de trabajo de los periodistas, así como su sala de prensa”, acotó.
LOS DATOS
En el anexo oficial del Decreto N.º 4309/2025 se detalla la distribución de los fondos de la siguiente forma:
Monto Total: G. 4.280 millones.
- G. 650 millones para equipos de transporte.
- G. 1.880 millones para refacción y fiscalización del nuevo bloque del Centro Cultural de la República “El Cabildo”.
- G. 1.750 millones para “otras inversiones”, rubro en el que se estima se incluye la obra del obelisco.
Siga informado con: Presidente finlandés recibió a Peña: “Nos une una visión común”