La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.

La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.

Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.

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El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.

El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.

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Pena actual: Hasta 5 años o multa

Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).

Pena actual: 10 años o con multa

Pena propuesta: 10 a 20 años

El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:

Pena actual: Hasta 5 años

Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos

Pena actual: Hasta 2 años o multa

Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos

Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces

Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces

Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces

Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces

Pena actual: 2 a 5 años

Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)

En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:

Pena actual: 1 a 10 años

Pena propuesta: 10 a 15 años

Pena actual: hasta 3 años

Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).

Pena actual: hasta 10 años

Pena propuesta: 15 a 25 años.

El proyecto de ley de reforma del transporte público presentado por el Poder Ejecutivo contempla diversas modalidades para operar el sistema, de modo que el Estado pueda acudir a la alternativa más adecuada según la necesidad. Así lo explicó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, al detallar el contenido del documento.

“La ley nos da herramientas para que el Estado pueda llevar adelante la política pública de movilidad para el ciudadano”, señaló Fernández. Agregó que el proyecto establece un modelo basado principalmente en concesiones mediante licitación pública, donde empresas privadas traen sus propios buses y operan el servicio.

Sin embargo, también se prevé la posibilidad de que el Estado pueda adquirir flota, proveerla o incluso operar directamente el servicio, en caso de que no existan oferentes o que se requiera garantizar su funcionamiento. “Lo que hicimos con esto es abrir la ventana de posibilidades para que el Estado pueda tomar las decisiones que mejor sean para el ciudadano”, afirmó el viceministro.

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Al mismo tiempo, destacó que el transporte público es un derecho fundamental y un servicio imprescindible, cuya prestación debe estar asegurada por el Estado bajo cualquier escenario. Actualmente, ya se aplica uno de estos mecanismos con la incorporación de buses eléctricos donados por la República de China (Taiwán), cuya flota pertenece al Estado pero es utilizada por operadores privados mediante licitación.

“El Estado debe tener habilidades jurídicas para hacer estas cosas, por eso la ley prevé distintas maneras de prestar el servicio”, insistió Fernández ante la 650 AM. Durante la presentación del proyecto, el presidente Santiago Peña pidió al Congreso celeridad en el tratamiento de la iniciativa. “Es un gran paso haber presentado una ley tan necesaria y con tanto impacto, que puede mejorar la vida de las personas”, expresó el viceministro.

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El diputado Rubén Rubín mantuvo este viernes una reunión con el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, para oficializar su proyecto de modificación del Código Penal: “Prisión permanente revisable” aumentando la pena de cárcel hasta 90 años por hechos de homicidio y otros delitos graves. El titular del Legislativo resaltó que existe la voluntad política en ambas cámaras para buscar una solución al problema.

Núñez felicitó al legislador por la iniciativa y aseguró que tanto en Diputados como en Senado existe la voluntad política de analizar estos temas que preocupan a la ciudadanía e indicó que, si este tipo de asuntos no se abordan, también la clase política sería cómplice de estos hechos delictivos.

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“Agradezco la visita del diputado Rubín y desde ya agarro positivamente la propuesta de modificar el Código Penal, atendiendo los hechos graves sucedidos recientemente. Le decía que nosotros también somos culpables de omisión, o por omisión, si es que no hacemos nada”, expresó.

Sostuvo que esperamos que se entienda bien, que el violador y que mate a una niña indefensa, “no puede quedar libre en tan solo 3 o 4 años. No más víctimas fatales, por eso tenemos que darle un punto final. Tenemos que trabajar la propuesta, contamos con cientos de asesores que nos pueden ayudar a mejorar la propuesta. Pero la voluntad política está tanto en Diputados como en Senado”, precisó.

El proyectista Rubén Rubín indicó que coincide plenamente con el senador Núñez en que la clase política es cómplice si no se hace nada para cambiar la situación actual.

“Sería una irresponsabilidad que un representante del pueblo, que tiene las atribuciones de modificar las leyes, no lo haga nada cuando Paraguay pide a gritos que se agregue la cadena perpetua al Código Penal”, explicó.

Señaló que la propuesta comienza planteando una modificación al artículo 38 del Código Penal, sobre la duración de las penas privativas de libertad, elevando la pena máxima a 90 años.

Además, indicó que en los casos de pena privativa de libertad, de 50 años en adelante, podría ser revisable. Por ello, se establece el término de Prisión Permanente Revisable.

Lo que se busca es que Paraguay se adecue a la coyuntura regional, explicó el diputado, añadiendo que ya se comenzó a adoptar este sistema. No obstante, por la Constitución Nacional no se puede contemplar la cadena perpetua como tal, por ello recurren a la figura de Prisión Permanente Revisable.

“Nosotros no vulneramos la posibilidad de reinserción del condenado. Esto ya lo hizo Argentina, Chile, Colombia; ahora justamente lo está debatiendo también Ecuador. Es decir, nosotros no vamos a innovar legislativamente hablando, por el contrario, estamos llegando tarde”, acotó.

Mencionó que por ahora, la propuesta de Prisión Permanente Reversible es para infractores mayores de edad; y la revisión será posible una vez que se cumpla los dos tercios de la condena, dependiendo de cuántos años se haya aplicado. Pero en el caso de delitos graves, sería entre 50 a 90 años como máximo.

Igualmente, indicó que el proyecto contempla la acumulación de condena en el caso de que exista más de una víctima o varios delitos, se irá sumando la pena por cada una de ellas. Esta propuesta de elevar las penas son para delitos graves como homicidios y violaciones.

Asimismo, explicó que existen ciertas excepciones, como el caso de un accidente de tránsito con derivación fatal, siempre y cuando no esté alcoholizado, garantizando el derecho a la defensa personal.

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El Gobierno pre­sentó el proyecto de Reforma Estructu­ral del Transporte Público, en el marco del paquete de reformas que plantea el Eje­cutivo al Congreso Nacional. Con esta propuesta apunta a un sistema “más justo, moderno y digno para todos”, enfatizó la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, durante la presentación.

Mencionó que, con ello, se busca dejar atrás un modelo que expulsa usuarios y avan­zar hacia un servicio que recu­pere la confianza ciudadana.

La presentación se realizó en el Palacio de Gobierno, con la presencia de diversas auto­ridades. “El transporte debe crecer con la sociedad, evolu­cionar con sus necesidades y mantenerse vivo”, remarcó.

La ministra Centurión afirmó que se trata de una reforma trascendental para el transporte público. Señaló que la propuesta remitida al Congreso Nacional impulsa una reforma largamente anhelada, profundamente necesaria y absolutamente impostergable.

“La reforma comienza por un Estado fortalecido, con reglas claras y una gestión moderna”, subrayó. Al tiempo de resaltar que es una inicia­tiva para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.

El presidente de la República, Santiago Peña, insistió en su pedido a los legisladores de la nación, para que le den cele­ridad en su tratamiento en el ámbito parlamentario.

“Esto nos dará la posibilidad de contar con la herramienta lo antes posible, porque la apro­bación de la ley va a ser el ini­cio del proceso, de una reforma que llevará su tiempo”, explicó el mandatario.

Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las refor­mas automáticas, es decir las empresas que quieran ope­rar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.

Asimismo, promueve la com­petencia para elegir a opera­dores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraes­tructura.