El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que la institución a su cargo iniciará una investigación al expresidente Mario Abdo Benítez por los supuestos USD 21 millones no declarados que tiene en un paraíso fiscal, específicamente en Seychelles, África. Ante la relevancia de la información dada a conocer por medios argentinos, afirmó que necesitan recolectar elementos para determinar si existe la presunción de un hecho punible
“Tiene que haber una investigación preliminar a cotejar esas informaciones y todo lo que sale en primera plana, se recurre a la fuente, normalmente si el hecho punible amerita se conforma un equipo de trabajo y el resultado de esa investigación ameritará la toma de una decisión”, indicó en contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Rolón aclaró que recién están en la etapa inicial y que aún hay mucho trabajo por delante ya que cuando se cuenta con informaciones de esta característica y que afectan a personas de gran trascendencia como lo es un expresidente de la República, se debe actuar de forma equilibrada y evaluar toda los datos de modo a evitar que el caso se contamine. “Nos toca, es difícil y arduo“, sostuvo.
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La etapa preliminar de la pesquisa hacia el exmandatario podría desencadenar en la conformación de un equipo, esto si se determina que el caso es muy complejo, explicó el fiscal general. “La Fiscalía debe hacer lo que le corresponde, comenzar a realizar los trámites ordinarios de la investigación para que esos elementos iniciales de esa información se conviertan en evidencia“, detalló.
La información difundida por el medio de comunicación argentino PeriodismoyPunto habla de que el expresidente tendría USD 21 millones en Seychelles. El dinero no ingresó de un solo depósito, sino que se hizo de manera fraccionada y tendría como origen otras empresas. “Es el mecanismo que se hace en todo el mundo para lavar dinero“, advirtieron periodistas argentinos.
Desde la Fiscalía no se intentó sacar relevancia a la investigación periodística y aseguró que se trabajará de modo a determinar la veracidad. “Son realidades que el Ministerio Público debe cotejar, la formulación de garantías de nuestra Constitución Nacional y de nuestro ordenamiento procesal exige ese tipo de información para que los requerimientos del fiscal tengan sustento y que el juez penal pueda otorgar la requisitoria que se plantea”, expuso.