- Por Nadia Denis.
El senador Dionisio Amarilla se refirió al informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), aprobado el miércoles 16 de julio por el Congreso, que decidió que sea remitido a varias instituciones estatales, entre ellas, organismos internacionales, dado que los hallazgos ameritan la intervención de varias entidades de control.
“Eso tiene que ser entregado al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Contraloría, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los organismos internacionales como el Parlasur, Parlatino, también debe llegar a Washington, al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia”, afirmó el legislador.
En conversación con La Nación/Nación Media, el parlamentario añadió: “Queremos que la Fiscalía analice, que desestime o impute, pero no seguir sin tomar una decisión”, reclamando una respuesta concreta de las autoridades competentes frente a los hallazgos presentados por la comisión.
Sobre la eventual conformación de una nueva comisión bicameral, Amarilla se mostró cauto y afirmó que esa es una decisión que debe tomar el pleno del Congreso. “La vigencia de esta comisión ya feneció, creo que es mejor que esperemos resultados, luego pensaremos en una comisión de vuelta”, manifestó.
El senador destacó el trabajo realizado por la CBI, calificando su labor como de “alto profesionalismo, competencia demostrada y resultados exitosos”, marcando una diferencia de la Comisión formada durante la presidencia de Mario Abdo, la cual ha sido calificada por varios referentes políticos como “comisión garrote”, dado que solo se perseguía a adversarios electorales del abdismo.
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El informe
El informe entregado a la Presidencia del Senado el pasado 14 de julio está compuesto por nueve tomos y cuenta con el respaldo de 231 biblioratos de documentación, fruto de más de seis meses de trabajo parlamentario. Entre las líneas investigativas principales, la CBI identificó tres núcleos de presuntas irregularidades:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.