“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio un espaldarazo a la legalidad”, afirmó Agustín Encina, director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), refiriéndose sobre la revocación de la medida cautelar que obstaculizaba el proceso de compra de las 28.000 máquinas de votación, que inició el 22 de mayo y se interrumpió el 6 de junio.
“El proceso estará prosiguiendo aproximadamente desde el día viernes, una vez que quede firme la resolución de la Corte. Una vez que se emite una resolución de la máxima instancia judicial existen tres días para que la misma quede firme y ejecutoriada, y esto será el viernes a las 9:00 de la mañana", indicó Encina, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proceso licitatorio había quedado obstaculizado tras la decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en dar lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa Bypar S. A., que había objetado uno de los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), consistente en que las firmas interesadas en proveer las máquinas cuenten con 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las mismas.
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“Esta empresa estuvo haciendo todo lo posible para trabar el proceso, pero la Corte Suprema de Justicia entendió que la DNCP actuó con un 100 % de legalidad y que el proceso es justo, por ende, para pasado mañana proseguirá a su etapa final”, comentó Encina.
Las máquinas de votación serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y las presidenciales del 2028. El TSJE aguarda obtener para este año un total de 5.000 máquinas de votación con la finalidad de iniciar el proceso de capacitación a la ciudadanía, a los partidos políticos, y avanzar en la capacitación interna de sus funcionarios.