El diputado Federico Franco presentó un proyecto que propone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad (DNCI), que estará bajo el control del Ministerio de Defensa Nacional.
Según la exposición de motivos, la propuesta surge para enfrentar las crecientes amenazas cibernéticas que afectan al país. Esta nueva institución tendrá la responsabilidad de elaborar la política nacional de ciberseguridad y coordinar las acciones de diferentes organismos estatales.
Como complemento de esta entidad se prevé también la creación del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CERT-PY), que funcionará como la unidad operativa encargada de recibir, analizar y responder incidentes cibernéticos que afecten a instituciones públicas y privadas estratégicas.
“Las instituciones públicas, por su rol fundamental en la prestación de servicios esenciales, se convierten en objetivos prioritarios para actores maliciosos”, indica el proyecto.
El proyecto establece la formación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, un órgano consultivo de alto nivel que incluirá representantes del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Secretaría Nacional de Inteligencia, presidentes de comisiones parlamentarias especializadas, el Ministerio Público y organismos de inteligencia militar y policial.
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Prevención y respuesta
El documento refiere que ciberespacio incluye no solo la infraestructura tecnológica terrestre y web, sino también los sistemas de información y comunicaciones que operan o afectan el espacio aéreo paraguayo, reconociendo la importancia creciente de la aviación digital y los sistemas aeronáuticos.
La propuesta impulsada por el legislador liberal establece un enfoque integral que incluye 4 ejes fundamentales: la prevención y detección mediante sistemas de inteligencia de amenazas, evaluaciones de vulnerabilidades y sistemas de alerta temprana.
Otro punto se centra en la respuesta y recuperación mediante un Plan Nacional de Respuesta a Incidentes y protocolos de cooperación nacional e internacional.
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Igualmente habla sobre un proceso de investigación y persecución a través del fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público y fuerzas de seguridad para investigar ciberdelitos.
También como eje figura la educación y concienciación mediante el desarrollo de programas educativos desde el nivel básico hasta la formación especializada de profesionales.
El proyecto de ley incluye un régimen sancionatorio que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde apercibimientos hasta multas económicas, suspensión o revocación de licencias, garantizando el debido proceso y derecho de defensa.