El Gobierno de Argentina, mediante el decreto 366/2025 firmado por el mandatario Javier Milei, oficializó su reforma migratoria estableciendo criterios estrictos para la residencia de extranjeros y la facilitación de los procesos de deportación para quienes cometan delitos en el vecino país.
“El Gobierno de Argentina ha reconocido la necesidad de adaptar su política migratoria a las nuevas realidades, asegurando que el país siga siendo un destino atractivo para los inmigrantes, pero con un marco legal que garantice la seguridad y el bienestar de todos sus habitantes”, sostiene el documento.
La medida quedó firme ayer jueves tras la publicación de la resolución presidencial en el boletín oficial. La reforma migratoria también fija mayores controles en las fronteras y regularización de la situación de inmigrantes.
Desde el gobierno argentino se argumenta que las modificaciones incorporadas a la normativa de Migraciones 25.871 tienen como objetivo impedir el ingreso de extranjeros que puedan representar un riesgo para la seguridad pública y asegurar que las personas que ingresen lo hagan de forma legal y con intenciones claras y legítimas.
De acuerdo a la publicación realizada por el medio argentino Infobae, la reforma aplicada por Milei también establece cambios a la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Ciudadanía 346.
“El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
Educación
Asimismo se estableció que si aun cuando su condición migratoria fuera irregular, deberán “ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario” ya sea de carácter público o privado.
Sistema de salud
Con relación al ámbito de la salud, se aclaró que en caso de emergencia “no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria”, mientras que los “extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.
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Señala que “en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el estado nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”.
Ciudadanía
En la reforma migratoria se ha fijado que los inmigrantes deberán presentar una declaración jurada al ingresar a la Argentina, exponiendo los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos.
Igualmente se ha potenciado el control sobre la documentación presentada por los extranjeros, exigiendo que sea auténtica y veraz, y se han endurecido las sanciones para aquellos que ingresen de forma irregular o presenten documentaciones falsas.
Educación superior
En el ámbito de la educación superior, el decreto expresa que las universidades públicas podrán establecer retribuciones para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.
Sobre los estudios de grado de gestión estatal, se estableció que “serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.
Se menciona que dichas instituciones “podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.
Aquellas personas que no cuenten con la residencia permanente en el país, podrán acceder y “ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.
Fomento de la inversión extranjera
Entre los puntos principales de la reforma migratoria, se fijo la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, cuyo fin será fomentar la inversión extranjera en el país a través de la concesión de la ciudadanía a aquellos que realicen inversiones significativas. Se busca atraer capitales extranjeros y generar empleo, contribuyendo al crecimiento económico del vecino país.