El presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Fedemipyme), Luis Tavella, destacó la importancia para el sector del decreto mediante el cual se exige a los proveedores del programa “Hambre Cero” a adquirir productos a las mipymes. Acotó que esto garantizará la transparencia en el proceso.

El decreto presidencial 3899/2025 obliga a las empresas que fueron adjudicadas a comprar mínimamente el 5 % total del contrato a las mipymes, así como el 10 % de la agricultura familiar campesina. “De buena primera, por supuesto que es fantástico”, más aún considerando que supuestamente las empresas “no estaban cumpliendo, esa es la información que tenemos”, indicó Tavella a La Nación/Nación Media.

Calificó como “muy positiva” la nueva reglamentación. Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de hacer un estricto control sobre el proceso, compras y el cumplimiento con el sector. “Hay que controlar, estas cosas no funcionan si no se ejerce un control hombre a hombre”, manifestó.

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Tavella resaltó la necesidad de que se publique de forma mensual una lista con las empresas proveedoras y los productos adquiridos para garantizar la transparencia en la implementación del decreto que obliga a destinar al menos el 5 % de las compras públicas a este sector.

Se espera que esta medida no solo aporte claridad al proceso, sino que también puede ser una herramienta para motivar a más emprendedores a formalizarse y competir en el mercado, ya que una de las medidas de la nueva ley es que las empresas proveedoras presenten las facturas de compras para poder gestionar el pago por los alimentos en las escuelas.

“Son formas de transparentar, pero por sobre todo formas de incentivar a otras empresas que se animen también a entrar a competir“, dijo a LN/NM. El titular de la Fedemipyme enfatizó que mientras más empresas del sector ingresen al circuito de provisión estatal, mayores serán los beneficios no solo para los oferentes, sino también para el propio comprador.

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Tavella comentó que es necesario que se publique la lista de los productos que están siendo requeridos por las empresas contratistas. Recordó que existen distintos rubros que podrían estar involucrados, como los de envases plásticos, cloruro de polivinilo (PvC) o materiales de infraestructura.

Esta lista permitiría que las empresas del sector de las mipymes puedan postularse de manera más ordenada a los requerimientos de las empresas. “No tenemos que olvidar que las mipymes son el 99 % de las empresas de este país”, concluyó.

• El decreto obliga a proveedores de “Hambre cero” a comprar al menos 5 % de productos a mipymes.
• Fedemipyme calificó la medida como “muy positiva”, pero exigió controles estrictos.
• Se solicita la publicación mensual de listas de proveedores y productos para garantizar transparencia.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó que existe una cuenta en la red social de Facebook con el nombre y foto del ministro Luis Ramírez, pero que esta sería falsa. En la fecha realizaron el reporte del perfil e instan a la población a estar pendiente de las cuentas oficiales de la institución.

Según el reporte dado por la cartera educativa, desde esta semana quedó activado este perfil que se hace pasar por el ministro de Educación. Sin embargo, esta no pertenece a una cuenta oficial y la misma ya fue reportada, pero se aguarda que sea dada de baja por la red social.

“Se ha detectado la existencia de una cuenta falsa en la red social Facebook con la fotografía del señor ministro Luis Fernando Ramírez. Aclaramos que dicha cuenta no está vinculada de ninguna forma al ministro ni a esta institución”, expresaron en un comunicado del MEC.

Indicaron que la única cuenta oficial del ministro Luis Fernando Ramírez en Facebook es otra.

“Hemos procedido a reportar la suplantación ante la plataforma correspondiente para su eliminación”.

Además, se realizó la denuncia ante las autoridades competentes para iniciar una investigación y tomar las medidas adecuadas según el caso. “Agradecemos a la ciudadanía por mantenerse alerta y por ayudarnos a combatir la desinformación. Instamos a seguir únicamente los canales oficiales del MEC”, puntualizaron.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, se refirió ayer sobre los alcances del Decreto n.° 3899, que estipula la adquisición obligatoria de productos y servicios de la agricultura familiar y mipymes por proveedores del programa Hambre Cero en las Escuelas, en porcentajes del 10 % y 5 %, respectivamente.

“Quiero aclarar que la compra de productos e insumos de la agricultura familiar campesina, como también de los productos de bienes y servicios de las mipymes, está establecida hoy en los lineamientos del programa, como así también en los contratos, pero le faltaba un toque más formal, con un respaldo legal de mucho más peso”, sostuvo Rojas, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Por su volumen, dimensión, cobertura, Hambre Cero es un programa de revisión y de ajustes permanentes a los efectos de que pueda ser cada vez más efectivo”, refirió. Con el decreto, las empresas adjudicadas deberán adquirir insumos frutihortícolas, directamente del productor, por el valor del 10 % de sus contratos, y productos y servicios de las mipymes por el 5 %.

“Entre los aspectos más importantes de este decreto es que se establece que mensualmente se debe presentar las facturas de compras para la elaboración del proceso administrativo para el pago del servicio que hacen las empresas en la provisión de la alimentación escolar”, refirió.

Las facturas de compra en concepto de productos frutihortícolas e insumos de la agricultura familiar o bienes y/o servicios deberán ser cargadas en el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), mediante los usuarios registrados por los proveedores ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Con esto estamos asegurando que las compras de los productos sean fijos, permanentes, es decir, cada mes. Esta obligación de compra obligatoria es establecida para ambas modalidades del programa, ya sea para la modalidad de cocinando en las escuelas como el sistema de catering”, comentó el alto funcionario de Estado. Desde el Ministerio de Desarrollo Social advierten a las empresas que la inobservancia de esta medida será considerada como incumplimiento contractual y se aplicarán sanciones administrativas, conforme a lo establecido en las normativas.

Rojas dijo que otro de los puntos resaltantes de la resolución presidencial guarda relación con evitar a los intermediarios. “De acuerdo a las evaluaciones realizadas, encontramos que la presencia de estos termina perjudicando al sector productivo de alguna u otra forma en cuanto a los precios y pagos”, indicó.

En la sede judicial de Asunción, el ministro de la Corte Suprema de Justicia y representante ante la Comisión Interinstitucional encargada de implementar la Ley N° 7424/2025, Alberto Martínez Simón, presidió una reunión técnica con representantes de las Direcciones Generales del Servicio Nacional de Catastro (SNC) y de los Registros Públicos (DGRP), Liz Moreno y Lourdes González.

En la reunión evaluaron los avances y desafíos de cara a la implementación del Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y del Registro Unificado Nacional (RUN), cuya ejecución está prevista para el próximo año.

El ministro Martínez Simón, en representación de la Corte Suprema de Justicia, participa activamente en reuniones mensuales con la mesa de trabajo interinstitucional, con el objetivo de asegurar una implementación efectiva de la normativa.

La directora general de los Registros Públicos, Lourdes González, destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones: “Escuchamos las propuestas de las distintas direcciones del Poder Judicial —Administrativa, Capital Humano, Tecnología, entre otras— y es fundamental el trabajo conjunto con el MEF y el SNC”.

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Actualmente, el proceso se encuentra en su segunda etapa, centrada en la aprobación del organigrama del RUN, que será tratado próximamente en sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Una vez aprobado, corresponderá a la Comisión de Presupuesto del Poder Judicial crear el subprograma correspondiente en el presupuesto institucional, incluyendo el anexo de personal ya integrado con funcionarios provenientes de la Dirección de Catastro.

En cuanto al componente tecnológico, González reconoció que implicará más tiempo, pero aseguró que para enero de 2026 estarán operativos tres productos clave: la mesa de entrada única catastral-registral, el certificado único catastral-registral y el código único asignado a cada inmueble. “La ley prevé una única denominación para los inmuebles, y el equipo técnico

La Ley N° 7424/2025 tiene como objetivo modernizar el sistema registral y catastral del país mediante la unificación de datos en una base digital única, promoviendo una gestión pública más eficiente, segura y transparente. El RUN integrará la información actualmente administrada por la Dirección General de los Registros Públicos (Poder Judicial), la Dirección de Catastro (Ministerio de Economía y Finanzas) y el Departamento de Mensura y Geodesia (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones).

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