La Contraloría General de la República solicitó la intervención de las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este (Alto Paraná), encabezado por el dirigente opositor Miguel Prieto. “Nosotros no podemos ser cómplices de la corrupción”, dijo el contralor general, Camilo Benítez, este viernes, tras anunciar en conferencia de prensa sobre el requerimiento al Ministerio del Interior.
Benítez detalló que existen graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales, que fueron detectados a través de los exámenes y controles impulsados por la Contraloría. Mediante un documento remitido a la cartera de seguridad, el órgano extrapoder solicita que también sean tenidas en cuenta las “sendas denuncias en el ámbito penal” impulsadas por ciudadanos de las municipalidades afectadas.
“De manera reiterada y permanente, nuestro trabajo se ha visto truncado en su desarrollo por la falta o nula cooperación de los entes sujetos a la tarea de control que ejercemos y, de igual manera, por la falta de cooperación y definición final de otros estamentos de poder que cuestionan la relevancia jurídica de nuestros hallazgos o nuestra legitimidad en cuanto a ser el órgano constitucional por excelencia de control de las actividades económicas del Estado", reclamó Benítez, tras comentar que desde el inicio de su gestión desde el inicio colocó a disposición de la Fiscalía más de 226 reportes de hechos punibles, sin embargo, no tuvieron un seguimiento adecuado.
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Principales hechos
De acuerdo a la Contraloría, en la administración de Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.
También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.
En lo que respecta a la administración de Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.
“Como institución hemos entendido y atendido el reclamo de la población que espera con más celeridad resultados definitivos, sea cual fuere en cuanto a la gestión y rendición de cuentas de sus autoridades. Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción no pueden suspenderse porque el sistema encuentra el mecanismo para desvirtuar la tarea de control que deba ejercerse, así como buscar impunidad con el transcurso del tiempo en cuanto a las denuncias realizadas“, refirió, luego de referir el cruce de labores con el Tribunal de Cuentas, que dificulta el avance de la Contraloría en sus propios trámites.
Asimismo, Benítez dijo que “es preciso y urgente hallar soluciones necesarias para desnudar las inconductas de los administradores de la cosa pública. Es nuestro debe agotar absolutamente todas las instancias, los recursos a nuestro alcances para que de una vez por todas se brinde una respuesta al clamor popular contra este mal endémico".