El creciente uso de las herramientas digitales del sistema financiero hacen que cada vez más aumenten las transferencias de dinero entre cuentas. Tras la evolución constante del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) del Banco Central del Paraguay (BCP), a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), se puede constatar que en el primer cuatrimestre del año ya se movieron USD 29 mil millones vía transferencias.

Según datos de la banca matriz, el Sipap registró en abril 24.810.105 transferencias en guaraníes entre clientes de entidades financieras, duplicando la cantidad de operaciones del mismo mes del 2024. El valor total de las mismas ascendió a G. 60,8 billones (USD 7,6 mil millones al tipo de cambio actual), lo que es 24% mayor interanualmente.

El acumulado muestra que, al cierre del primer cuatrimestre del 2025, se realizaron más de 90 millones de transferencias por G. 232,8 billones (USD 29 mil millones), lo que significa una variación interanual de 28% en valor.

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De acuerdo a los análisis de economistas de la consultora Mentu, el valor total acumulado representa el 64 % del Producto Interno Bruto (PIB) corriente proyectado. “Estos datos muestran la importancia del Sipap en la cadena de pagos del país, así como en la inclusión financiera”, agregaron.

Se destaca la evolución de las transferencias a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), por el que se gestionó el 97 % de las operaciones, así como también el aumento de las operaciones de hasta G. 1 millón, cuya cantidad fue 1,3 veces la registrada en abril de del año pasado.

Desde el BCP informaron que desde el 2024 se registran más de 820.000 operaciones diarias a través del sistema SPI, y cada mes se suman 150.000 nuevos usuarios, lo que consideran un cambio histórico en los hábitos de pago de los paraguayos.

También, el BCP destaca que el Sipap y el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) posicionan al país en términos de impulso a la inclusión financiera, pero que el mercado aún se encuentra fragmentado en cuanto a servicios. Por lo tanto, la normativa, que ya tiene media sanción del Senado, buscará beneficiar a usuarios y empresas del sector de pagos.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, anunció que están en proceso de culminación de trámites para entregar a sus propietarios otros 8.500 títulos de propiedad, en distintas colonias de varios departamentos.

Al respecto, explicó que estos títulos se sumarán a los más de 9.500 otorgados a beneficiarios en las regiones Oriental y Occidental del país. Con estos documentos, que están en proceso, se completarán 18.000 títulos entregados a beneficiarios de la reforma agraria.

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El titular del Indert explicó que para concretar la entrega de este último lote de títulos, están faltando algunos detalles como la firma del documento, otros completar documentaciones, abonar el pago mínimo del 3 %, para luego inscribir en Catastro Nacional y la Dirección de Registros Públicos, para que finalmente se entregue los documentos a los beneficiarios.

Ruiz Díaz informó que una vez que culminen estos procesos se entregarán en su mayor parte, antes de que culmine este año.

Por otra parte, explicó que una vez que se implemente la descentralización del Indert en las zonas planificadas, el proceso será mucho más rápido, en el marco del objetivo de la titulación de 50.000 propiedades para el 2028, que es la meta del gobierno del presidente Santiago Peña.

En ese sentido, recordó que se dispusieron cuatro divisiones en la Región Oriental del país, que se pondrán en funcionamiento. Comprenden la División Sur, que abarcará los departamentos de Ñeembucú, Misiones, e Itapúa; la División Norte, que incluirá los departamentos de San Pedro, Amambay y Concepción.

Asimismo, está la División Centro, con Guairá, Caazapá, Caaguazú y Paraguarí. Finalmente, la División Este, formarán parte los departamentos de Cordillera (Colonias que contengan lotes rurales), Alto Paraná y Canindeyú.

Señaló que tras la exitosa implementación del plan piloto del proyecto de descentralización del Barrido Predial Masivo (BPM), se pasará a la implementación efectiva en las distintas divisiones, en etapas, informa la institución agraria.

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El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

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La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.

Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.

Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.

Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.

Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.

Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.

Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.

Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

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