La apelación presentada por el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto fue declarada inadmisible por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El planteamiento se dio en contra de la resolución que dispuso su convocatoria para una audiencia disciplinaria por las chicanas en el marco de la causa conocida como “Tajy”, en la cual es investigado por el presunto perjuicio de más de G. 306 millones durante su administración municipal.

Con la resolución de la Sala Penal, integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón quedó firme el trámite para la realización de una audiencia disciplinaria fijada en una instancia previa. Los magistrados apuntaron que la convocatoria “no genera agravio irreparable al imputado”, esto teniendo en cuenta que “su conducta procesal podrá debatirse ampliamente durante la audiencia disciplinaria”. Esta audiencia se da porque Prieto se representa a sí mismo en este proceso.

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El ministro Alberto Martínez Simón, actuó como preopinante, y expuso las argumentaciones del por qué no corresponde la apelación, señalando que “aunque la resolución fue dictada por un Tribunal de Apelaciones y puede ser revisada por la máxima instancia judicial, en este caso no corresponde la apelación porque el supuesto perjuicio alegado por Prieto no tiene carácter irreparable”.

Este criterio fue acompañado por los ministros Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, por lo que la decisión fue adoptada de manera unánime. Miguel Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El Ministerio Público sostiene que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

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Emiliano Rolón se reunió con los representantes de la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS y dio su compromiso con las investigaciones.

Gremios de jubilados del Insti­tuto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente a la sede de la Fiscalía General exi­giendo respuestas a las inves­tigaciones sobre los hechos de corrupción denunciados e investigados en la previsional.

Tras la movilización, el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón, se reunió con los representantes de la Coordi­nadora Nacional de Asegura­dos Activos y Jubilados del IPS, Gustavo Canatta, Nery Quin­tana, Julio López y Cristhian Talavera, a quienes extendió su compromiso con las inves­tigaciones. “A todos los secto­res de la ciudadanía les rea­firmo mi compromiso: desde la Fiscalía General garantiza­mos el estricto cumplimiento del Estado Social de Derecho. En materia penal no existen excluibles; actuaremos con fir­meza y conforme a lo que deter­minen las evidencias”, expresó el fiscal general a través de las redes sociales.

Gustavo Canatta, presidente de la Unión Nacional de Jubi­lados, explicó que el objetivo de esta movilización fue demos­trar el apoyo a la Fiscalía, pero también solicitar que todos los involucrados en los casos denunciados en su momento sean investigados.

“En primer lugar, vinimos a darle nuestro apoyo a la Fisca­lía tomando en cuenta que por primera vez después de mucho tiempo tenemos a 9 personas imputadas, y también al mismo tiempo manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que queremos que esto conti­núe y que se saque realmente a los culpables y que esos culpa­bles tengan que ir a prisión, y si es posible que se devuelva todo lo malversado”, refirió Cana­tta, a los medios de prensa tras la reunión con el fiscal general.

Este martes, gremios de jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente a la sede de la Fiscalía General exigiendo respuestas a las investigaciones sobre los hechos de corrupción denunciados e investigados en la previsional.

Tras la movilización, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón se reunió con los representantes de la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS, Gustavo Canatta, Nery Quintana, Julio López y Cristhian Talavera, a quienes extendió su compromiso con las investigaciones.

“A todos los sectores de la ciudadanía les reafirmo mi compromiso: desde la Fiscalía General garantizamos el estricto cumplimiento del Estado Social de Derecho. En materia penal no existen excluibles; actuaremos con firmeza y conforme a lo que determinen las evidencias”, expresó el fiscal general a través de las redes sociales.

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Gustavo Canata, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, explicó que el objetivo de esta movilización fue demostrar el apoyo a la Fiscalía, pero también solicitar que todos los involucrados en los casos denunciados en su momento sean investigados.

“En primer lugar, vinimos a darle nuestro apoyo a la Fiscalía tomando en cuenta que por primera vez después de mucho tiempo tenemos a 9 personas imputadas, y también al mismo tiempo manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que queremos que esto continúe y que se saque realmente a los culpables y que esos culpables tengan que ir a prisión, y si es posible que se devuelva todo lo malversado”, refirió Canata a los medios de prensa tras la reunión con el fiscal general.

Agregó que expresaron su preocupación al titular del Ministerio Público que también otras personas deben ser incluidas en el proceso de investigación penal, y apuntaron como verdaderos responsables a los miembros del consejo de la previsional, y que los mismos también deben ser investigados.

“Lo que manifestó el señor fiscal es que como las denuncias fueron innominadas, incluyendo la nuestra que hicimos al inicio del año, no es tan fácil porque tiene que empezar a buscar dentro del proceso a todas aquellas personas que estuvieron involucradas. Lo que le agradecemos al fiscal es que nos da la seguridad que va a continuar el proceso y las personas que estén involucradas van a entrar dentro de este proceso”, señaló el gremialista.

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La defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens presentó cinco escritos distintos en menos de 64 horas, con recursos, nulidades y recusaciones que apuntan a frenar, anular o modificar el rumbo del proceso en la causa del Metrobús. El propio Tribunal de Apelación atribuyó a uno de los planteamientos una finalidad “dilatoria”.

La causa Metrobús atraviesa una intensa sucesión de incidentes procesales desde que la Fiscalía cerró su investigación contra Arnoldo Wiens y solicitó llevarlo a juicio oral.

En menos de 64 horas, la defensa presentó cinco escritos distintos que abrieron nuevos frentes dentro del expediente: una apelación por prescripción, un recurso extraordinario de casación ante la Corte, otra apelación contra el rechazo de una recusación, una recusación contra tres camaristas y, finalmente, un incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.

Los propios registros electrónicos reflejan la velocidad de la secuencia. El 21 de agosto, a las 15:57, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 264, que rechazó el planteamiento de prescripción. Apenas ocho minutos después, a las 16:05, ingresó otro escrito: el recurso extraordinario de casación contra el A.I. N.º 113.

Ese mismo día, a las 20:43, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Menos de 18 horas después, el 22 de agosto a las 14:31, se presentó la recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación. Finalmente, el 24 de agosto, a las 07:00, se sumó el incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.

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Uno de los principales planteamientos de la defensa apunta a extinguir la causa por prescripción y obtener el sobreseimiento definitivo de Wiens, sin llegar a discutir el fondo de la acusación.

El juez Humberto Otazú rechazó ese pedido mediante el A.I. N.º 264, del 14 de agosto. Siete días después, el 21 de agosto, la defensa presentó una apelación contra esa decisión y solicitó la nulidad absoluta de la resolución, además de pedir que el Tribunal declare extinguida la acción penal.

La discusión gira en torno a una citación realizada el 4 de octubre de 2023. Para el juzgado, ese acto interrumpió el plazo de prescripción. Sin embargo, la defensa sostiene que aquella convocatoria hacía referencia al caso Metrobús, pero no comunicaba los hechos concretos que posteriormente fueron incluidos en la imputación contra el exministro.

Entre esos hechos figuran la supuesta orden de demolición de las estaciones 19, 20, 21, 22, 23 y 24, además de actuaciones ocurridas entre abril y mayo de 2020.

La defensa sostiene que una referencia general al proyecto no puede mantener vigente, durante años, cualquier acusación que posteriormente se incorpore dentro de la misma carpeta fiscal.

Si el Tribunal acepta esa postura, la causa podría terminar por el transcurso del tiempo, sin llegar a un juicio oral sobre los hechos atribuidos por la Fiscalía.

Mientras planteaba la prescripción, la defensa abrió otro frente para cuestionar la validez de la acusación fiscal presentada el 11 de agosto. El incidente de nulidad absoluta fue registrado el 24 de agosto, 13 días después de la presentación de la acusación y 11 días después de la providencia que la tuvo por recibida.

El juzgado había fijado el 16 de agosto como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. Sin embargo, la Fiscalía presentó su acusación contra Wiens el 11 de agosto y, en esa misma presentación, solicitó la abreviación del plazo.

Dos días después, el 13 de agosto, Otazú tuvo por recibida la acusación y corrió traslado a la defensa sobre el pedido de abreviación. Para los abogados de Wiens, el orden procesal debió ser distinto: primero debía resolverse la modificación de la fecha y, recién después, podía presentarse válidamente la acusación.

Por esa razón, la defensa considera “extemporánea” la acusación, pese a que fue presentada antes del 16 de agosto. El argumento no apunta a una presentación tardía, sino a que, según sostiene, la Fiscalía actuó antes de contar con una decisión judicial que habilitara el cambio del plazo.

Además, cuestiona que al llegar el 16 de agosto la Fiscalía no haya vuelto a presentar el requerimiento y haya dado por válida la acusación ingresada el día 11.

La pretensión de la defensa es que esa situación alcance a la acusación, a la providencia que la tuvo por recibida y a las actuaciones posteriores que dependan de ellas.

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La ofensiva de la defensa también alcanzó la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez.

La defensa de Wiens intentó apelar esa decisión, pero el Tribunal declaró inadmisible el recurso mediante el A.I. N.º 113, del 7 de agosto. Dos semanas después, el 21 de agosto a las 16:05, fue registrado electrónicamente el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, apenas ocho minutos después de la apelación presentada contra el rechazo de la prescripción.

La defensa sostiene que la resolución que desvinculó a Jiménez Gaona y Benítez no se limitó a disponer sus sobreseimientos, sino que incluyó consideraciones sobre la viabilidad del proyecto, la planificación, los pagos y las causas de la paralización, conclusiones que, según argumenta, podrían terminar trasladando la responsabilidad hacia la administración posterior.

En su recurso, la defensa habla de un “giro abrupto” y “selectivo” de la investigación para conducirla hacia Wiens y busca que la Corte vuelva a analizar una discusión que la Cámara ya había cerrado.

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Otro de los frentes abiertos se centra en la integración de los órganos que deben resolver el caso. La defensa recusó al juez Humberto Otazú al sostener que una sucesión de actuaciones había comprometido la apariencia objetiva de imparcialidad del magistrado.

El Tribunal de Apelación rechazó la recusación mediante el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Ese mismo día, a las 20:43, la defensa registró electrónicamente una apelación contra esa decisión.

En la resolución, según el escrito posterior del abogado Sergio Coscia, el Tribunal señaló que la intención de Wiens, bajo su patrocinio, era “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.

La defensa respondió cuestionando esa conclusión y sostuvo que no existía base suficiente para atribuirle una finalidad dilatoria. También afirmó que la expresión afecta profesionalmente al abogado e insistió en que la Cámara no respondió el planteamiento sobre la imparcialidad objetiva.

La secuencia continuó al día siguiente. Después de que Paublino Escobar Garay, Mario Camilo Torres Leguizamón y José Waldir Servín Bernal rechazaran apartar a Otazú, Coscia presentó una recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación.

El escrito fue registrado el 22 de agosto a las 14:31, menos de 18 horas después de la apelación contra el rechazo de la recusación del juez.

La defensa sostiene que, luego de calificar uno de sus planteamientos como destinado a dilatar el proceso, los magistrados ya no ofrecerían la apariencia de neutralidad necesaria para estudiar los próximos recursos de Wiens. También invoca, de manera subsidiaria, una causal vinculada con enemistad, odio o resentimiento.

Cada una de estas herramientas forma parte de los mecanismos previstos dentro del proceso penal y cada planteamiento deberá ser analizado por los órganos competentes. El derecho a la defensa contempla la posibilidad de recurrir resoluciones, plantear nulidades y promover recusaciones cuando existan fundamentos.

Sin embargo, la particularidad de esta etapa del caso Metrobús radica en la acumulación y la concentración temporal de los incidentes.

Entre las 15:57 del 21 de agosto y las 07:00 del 24 de agosto, los registros electrónicos consignan cinco presentaciones distintas: la apelación por prescripción, la casación relacionada con el sobreseimiento de Jiménez Gaona y Benítez, la apelación contra el rechazo de la recusación de Otazú, la recusación contra los tres camaristas y el incidente de nulidad contra la acusación fiscal.

La secuencia también fue objeto de observación por parte del propio Tribunal de Apelación, que dejó constancia, respecto de una de las recusaciones, de que la intención sería “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.

Wiens y su defensa rechazan esa conclusión. Tras esa afirmación, presentaron una nueva apelación y posteriormente recusaron a los magistrados que integraban el Tribunal.

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Mientras tanto, el fondo del caso continúa pendiente. La Fiscalía busca llevar a juicio las decisiones adoptadas durante la gestión de Wiens en el proyecto Metrobús, mientras que la defensa intenta, a través de distintos planteamientos, extinguir la causa por prescripción, anular la acusación fiscal, reabrir decisiones relacionadas con otros imputados y cuestionar a los magistrados que intervienen en el proceso.

Ahora corresponderá a la Justicia resolver si cada uno de estos recursos tiene sustento. Pero, antes de que la causa pueda avanzar hacia el juicio oral, el expediente deberá atravesar esta sucesión de apelaciones, nulidades y recusaciones promovidas por la defensa del exministro.