El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, indicó que el Ministerio Público sigue aguardando el acceso a la pericia del teléfono del diputado Eulalio Gomes, fallecido en agosto de 2024. Sostuvo que la filtración de supuestos chats es preocupante e insistió que los fiscales designados para la investigación de la muerte del legislador accedan a estos materiales, informó la periodista Angélica Giménez de Nación Media.
Rolón dijo que los fiscales no participaron de la desgrabación de las conversaciones de Gomes con sus contactos, que están siendo publicados en determinados medios de comunicación. “Esa es la queja generalizada, todos nosotros nos desayunamos a través de la información de ustedes (los medios). Mientras no tengamos la información completa, probablemente tengamos una visión parcializada”, expresó.
El fiscal general dijo a los medios de comunicación: “Pregúntenle al juez (por qué no entrego los datos). En este caso, el juez se apropió de las evidencias esenciales y distribuyó para la desgrabación, no se olviden que esa es una emanación del poder judicial en el cual también somos nosotros parte peticionante y requiriente, pero el que dispone finalmente es el juez (Osmar Legal)”.
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Por otra parte, el titular de la Fiscalía manifestó que desde que se hicieron públicas las conversaciones filtradas, el pasado viernes, el Ministerio Público fue la primera institución que dio respuestas inmediatas, rápidamente, creando un equipo de trabajo y remitiendo el caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Finalmente, Rolón pidió prudencia a los medios de comunicación y afirmó que el Ministerio Público realizará las investigaciones que correspondan. “Nadie está exento a ser investigado y tampoco hay limitación. Alguien filtró la información, yo no estoy culpándole a nadie, simplemente digo, espérennos a conseguir toda la información”, sentenció.
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Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.
Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.
Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
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“No tenemos el metrobús”
“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.
Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.
Refuta argumento de la prescripción
Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.
Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.
Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.
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Niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela: ¿qué dice la ley sobre los límites de la disciplina?
Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.
Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.
La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.
¿Hasta dónde puede llegar la disciplina?
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?
En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.
La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.
Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.
No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.
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El caso queda bajo investigación
La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.
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Bello dispone colaboración con la Fiscalía en intervención de la Dirección de Vialidad
El intendente de Asunción, Luis Bello, informó que el Ministerio Público se constituyó en la Dirección de Vialidad del municipio asunceno, tras haber dispuesto su intervención, el pasado 16 de julio. En prosecución de esta investigación, el jefe comunal comunicó al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, en una nota remitida el 27 de julio acerca de las denuncias sobre el presunto desvío de recursos públicos en dicha dependencia.
“Puse a disposición toda la colaboración de la Municipalidad para contribuir al esclarecimiento de los hechos e informé sobre la designación de un equipo de auditores para acompañar los procesos administrativos”, indicó Bello en una publicación en redes sociales. “Valoramos el trabajo del Ministerio Público y reafirmamos nuestra plena apertura y colaboración con la investigación. No vamos a tolerar ninguna irregularidad. Los responsables deberán responder ante la ley”.
En la nota remitida a Rolón, el intendente de Asunción adjunta la Resolución de Intendencia n.° 929/2026 I., de fecha 16 de julio de 2026, que determina la Intervención de la Dirección de Vialidad, como medida de carácter temporal y excepcional destinada al esclarecimiento de los hechos denunciados, la verificación del correcto funcionamiento de dicha dependencia, la preservación de la legalidad de la actuación administrativa y del patrimonio municipal, identificar las eventuales deficiencias administrativas, y, de corresponder, la remisión de los antecedentes a las instancias competentes.
El documento informa que fueron designados funcionarios de la Dirección de Contraloría Interna para acompañar el proceso de Intervención, brindando el apoyo técnico necesario para el adecuado desarrollo de las tareas de verificación, análisis y evaluación que comprende dicha medida administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero de la citada resolución, una vez concluidas las actuaciones de la Intervención y emitido el informe final pormenorizado, el mismo será remitido a la Fiscalía General del Estado, acompañado de los antecedentes, documentos e informes que lo sustenten, para los fines que estime pertinentes.
“Esta Intendencia Municipal expresa su plena disposición de coadyuvar con las diligencias investigativas que eventualmente impulse el Ministerio Público, poniendo a disposición toda la información, documentación y antecedentes que fueren requeridos y prestando la colaboración que resulte necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales”, reitera la nota de Bello.
“La presente comunicación tiene por finalidad propiciar una actuación institucional coordinada y oportuna que contribuya al debido esclarecimiento de los hechos y, en su caso, a la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieren derivarse de los hechos investigados, en el ámbito de competencia de las autoridades correspondientes”, finaliza la solicitud dirigida a la Fiscalía.
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Faltas en deber del cuidado en abuelos crecieron 25 % en los últimos tres años
Por el Día de los Abuelos, el Ministerio Público informó que en los últimos tres años se reportó un aumento significativo de causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos. El grupo etario de 80 a 89 años figura entre las víctimas más frecuentes dentro del registro. La fecha del 26 de julio celebra a San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús.
Según el análisis realizado por la Dirección de Planificación entre 2023 y 2025, las causas pasaron de 620 a 775, lo que indica un incremento del 25 %. Apuntan a que la mayoría de las víctimas son personas adultas mayores o personas con discapacidad y que el 96 % de los hechos ocurrió dentro de su propia vivienda.
“En el 83 % de los casos, los presuntos responsables fueron hijos de la persona afectada. El grupo etario de 80 a 89 años registró el incremento proporcional más importante dentro del total de víctimas. En 2023 representaba el 9 %, en 2025 alcanzó el 33 %”, aclara el informe.
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En el año 2025, el 82 % de las víctimas correspondió a personas adultas mayores, el 9 % a adultos mayores con discapacidad y otro 9 % a personas con discapacidad. Dejando en evidencia los casos afecta a personas que, por su edad o condición de discapacidad, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
“En 2025, el 55 % de las víctimas fueron de sexo masculino y el 45 % femenino, una tendencia que también se observó en 2023, cuando los hombres representaban el 59 % de los casos registrados. En el 94 % de las causas se identificaron el incumplimiento de necesidades básicas de alimentación, atención médica, higiene o protección”, puntualiza.
El 50 % de los casos fue reportado en Asunción y Alto Paraná. El 85 % de las denuncias fue presentado por familiares cercanos y responden a una mayor conciencia ciudadana para denunciar estos hechos.
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