Unos 135 agentes penitenciarios culminaron su capacitación en nuevo modelo de gestión penitenciaria y se incorporan a los reclusorios del país. Se trata de la tercera promoción de guardiacárceles que han sido formados en seguridad, defensa personal, manejo de esposas y primeros auxilios.

La ceremonia de clausura del programa de adiestramiento y entrenamiento se realizó este miércoles en la sede del Comando de Artillería de Paraguarí y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

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El nuevo modelo de gestión penitenciaria enfatiza la profesionalización y capacitación integral del personal penitenciario, así como la implementación de programas de educación, trabajo y atención psicosocial. Sobre el punto el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, desglosó las acciones que vienen encarándose en el marco de la reforma penitenciaria.

“Estamos haciendo visibles reformas en el sistema penitenciario, para que cambien esas condiciones mínimas de transformación. Para que realmente sean palpables y visibles. El Gobierno entendió que el sistema penitenciario y el Ministerio de Justicia no va solucionar la problemática solamente”, expresó.

Dijo que se requiere un trabajo integral, por un lado de los actores de Justicia y por otro lado de las fuerzas de seguridad. “Y hay hoy día una clara voluntad política de nuestros líderes, del Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, también del Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública para buscar e implementar estas políticas públicas que de alguna manera bajen estos altos niveles de hacinamiento que tenemos. Y también buscar cuidar el cumplimiento de los derechos humanos”, remarcó.

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La lucha contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe es una prioridad, entre otras cosas porque frena el crecimiento económico, advirtió este lunes el Banco Mundial.

La organización lo considera “uno de los problemas más urgentes de la región”, cuya economía debe crecer 2,1 % en 2025 y 2,4 % en 2026, lo que la posiciona como la zona de menor crecimiento a nivel mundial.

Durante mucho tiempo América Latina y el Caribe “ha cojeado por un crecimiento económico anual mediocre, baja productividad”, pobreza y altos niveles de desigualdad y “permanecerá atrapada en este pobre equilibrio” hasta que frene el crimen organizado y la violencia que trae consigo, se lee en un informe.

Las tasas de homicidio en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe “superan con creces las observadas en cualquier otra parte del mundo”, destaca.

Aunque la población de la región representa aproximadamente el 9 % del total mundial “registra un tercio del total de los homicidios” y la brecha se ha ampliado pasando de una tasa promedio 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1) en la primera década de este siglo a una 8 veces mayor (23,9 frente a 3,0)" en la segunda, señala.

Los índices promedio de homicidio en el periodo 2018-2022 varían desde 38 por cada 100.000 habitantes en Honduras hasta 5 en Argentina y 4 en Bolivia.

Durante los últimos años la situación ha mejorado en países como El Salvador y Venezuela y se ha agravado en otros como Ecuador y Haití, añade.

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A medio y largo plazo el informe recomienda mejorar los sistemas educativos y mercados laborales pero a corto plazo aboga por “priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en cárceles, fuerzas de policía y sistemas de justicia”. También la prevención dirigida a “jóvenes en riesgo de incorporarse a grupos criminales”.

No es fácil determinar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región, afirma el BM, pero algunos factores contribuyen.

La organización cita la demanda global de cocaína, oro ilegal y tráfico de migrantes en la década de 2010, la reorganización de los grupos debido a las represiones gubernamentales, la mayor disponibilidad de armas, la diversificación de sus negocios y la alta tecnología.

La pandemia del covid-19 también ha influido. En Colombia y México “permitió que las organizaciones criminales ganaran legitimidad y poder al brindar apoyo social y gobernanza, en algunos casos reemplazando al Estado en zonas de marcada pobreza y desigualdad”, afirma el Banco Mundial.

“En respuesta al cierre de fronteras durante la pandemia, el Tren de Aragua (Venezuela) pasó de cobrar tarifas para facilitar el paso de los migrantes, a establecer su propia operación, que incluye la propiedad de empresas de transporte y alojamiento”, añade.

En sus últimas cifras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos directos del crimen organizado alcanzaron el 3,4 % del PIB de América Latina y el Caribe en 2022.

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El titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNA), Jorge Kronawetter, se reunió con el presidente Santiago Peña, a quien informó sobre los pormenores de su visita a Washington, Estados Unidos, donde tuvo conversaciones con altos funcionarios en busca de una cooperación fuerte entre ambas naciones con el fin de mejorar la seguridad migratoria y la implementación de un sistema más tecnológico.

“Tuvimos reuniones de muy alto nivel y el compromiso del gobierno americano de colaborar con el Paraguay a nivel migratorio y con el gobierno en general y la iniciativa que tenemos de transformar toda la gestión de frontera y mejorarla, llevando hacia un modelo más tecnológico y más amigable para los usuarios”, expresó Kronawetter luego de su encuentro con el mandatario.

El director de Migraciones señaló que la institución está abocada en dar pasos importantes que buscarán se concreten lo antes posible. Uno de ellos, consiste en una reforma para mejorar el ingreso y salida de las personas en los aeropuertos internacionales, específicamente del Silvio Pettirossi de Asunción, donde se buscará implementar un sistema de mayor tecnología.

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“De modo que pueda darnos mayor confianza respecto a las personas que van entrando y saliendo, teniendo los datos de forma adelantada de los pasajeros y que a la vez, podamos corroborar que las identidades de esas personas y que sean realmente las que dicen ser, facilitar el ingreso de los paraguayos y de los que salen de él”, explicó.

Durante su estadía en Washington, Kronawetter pudo dialogar con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), para avanzar en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad migratoria. Esta cooperación también tiene como objeto fortalecer las políticas de seguridad migratoria y el combate a delitos transnacionales que afectan a ambos países.

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Por Lourdes Torres (lourdes.torres@nacionmedia.com)

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, resaltó que en la actualidad el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) continúa enfrentando lo que por ahora se denominan “las nuevas amenazas”, que son el terrorismo y el crimen organizado; los cuales van de la mano y constituyen un peligro muy grande para la sociedad.

“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar la ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamentos de guerra o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y sobre todo tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado, en algunos puntos del país, ahí van a estar presentes las Fuerzas Armadas de la Nación”, destacó en entrevista con La Nación/Nación Media.

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Remarcó que las acciones de las fuerzas militares siempre estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, la Constitución, los procedimientos penales. Señalando que ninguna operación que se lleve a cabo se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la justicia, el Ministerio Público.

En vista a las nuevas amenazas, el ministro de Defensa destacó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, instruyó llevar un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, y de hecho, para ese fin, se había creado la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), instalada en el norte del país, como parte del Comando de Operaciones de Defensa Interna.

“Hace ya varios meses, el presidente de la República firmó un decreto por el cual se extiende la jurisdicción del Codi - FTC a los tres departamentos del Sur que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas de las Fuerzas Armadas”, acotó.

González resaltó como uno de los principales logros del trabajo conjunto de las fuerzas militares y policiales, que, de un tiempo a esta parte, el crimen organizado se estaba enseñoreando en la zona del departamento de Canindeyú, pero la presencia del Codi ha permitido dar varios e importantes golpes al crimen organizado.

Entre esos logros, el titular del Ministerio de Defensa destacó el operativo Ignis, que derivó en 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.

Igualmente, resaltó la operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos aproximadamente de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, cargamento que estaba a punto de ser enviado al vecino país. Remarcó que este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.

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“En general, el resultado del Comando de Operaciones de Defensa Interna fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, no hayan cumplido los objetivos estratégicos que ellos habían marcado. Estos tres objetivos estratégicos fueron: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país”, resaltó.

González remarcó que ni uno de estos tres objetivos han logrado los grupos terroristas gracias a la decidida acción del Codi, pese a que costó la vida de varios policías y militares a lo largo de estos años. “Tuvo un alto costo, pero el Codi impidió que estos objetivos estratégicos fueran cumplidos. Si esto llegaban a sus objetivos otra hubiera sido la situación en el Paraguay”, precisó.

El ministro de Defensa destacó la estrecha colaboración que ha llevado el Codi - FTC en alianza interinstitucional con otros estamentos del Estado como la Senad en la lucha contra el crimen organizado. Incluso en operaciones con la Policía Federal del Brasil, en varios operativos que ya se han llevado a cabo en la zona del Amambay, Canindeyú.

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