Mediante una nota dirigida al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas solicitó la remoción del llanista Derlis Larroza del cargo de representante de la nucleación opositora ante el Consejo del Registro Electoral.
El requerimiento fue dirigido al titular del TSJE, el ministro César Rossel. A la vez, Fleitas propone una terna al organismo electoral conformada por José Ramón Ledesma Morales, María Rossana Maciel Méndez y Jesús Amadeo Maidana, para reemplazo de Larroza.
“La terna de nombres que propongo en nombre del PLRA está integrada con personas de reconocida idoneidad y honestidad, por lo que me permito señalar que cualquiera de ellos reúne suficientes méritos para ocupar esa dependencia del TSJE que se encuentra a vuestro cargo”, refiere el documento.
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El posicionamiento de Fleitas surge como una represalia, teniendo en cuenta que el exconcejal de Central acompaña el pedido del movimiento Nuevo Liberalismo y otros sectores de la disidencia. Ellos propician el desdoblamiento de las elecciones internas del PLRA de los comicios municipales previstos para el 2026.
La Dirección General del Registro Electoral es un órgano del TSJE integrado por representantes de los partidos políticos, cuya función se centra en controlar el padrón electoral. Larroza logró ubicarse en el cargo a finales del mes de agosto del 2023, tras la asunción de Fleitas a la presidencia del Partido Liberal luego de la destitución de Efraín Alegre mediante una convención extraordinaria.
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De la Espriella asume en Colombia como aliado de Trump en guerra contra el narco
El ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el viernes la presidencia de Colombia decidida a combatir con mano dura a guerrilleros y narcos, en un giro que estrecha lazos con Washington y sepulta las negociaciones de paz.
El abogado millonario de 48 años, que también posee la nacionalidad estadounidense y es aliado de Donald Trump, tomará juramento en Cali (suroeste), en una ceremonia inusual cerca de territorios bajo dominio de grupos armados que han desatado la peor ola de violencia en una década.
De la Espriella reemplazará a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia y quien desconoce la elección de su sucesor. Petro denuncia un supuesto fraude electoral, pero no ha mostrado pruebas.
En el evento previsto para las 15H00 locales (20H00 GMT), De la Espriella jurará para un mandato de cuatro años con la promesa de una “nueva era” en Colombia.
“Por los anuncios que ha hecho se nota que va a ser como de una mano fuerte, ojalá que no vaya a haber una nueva violencia”, dijo a la AFP Óscar Obando, que con 67 años trabaja redactando documentos con una máquina de escribir en las calles de Cali.
De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, se comprometió a poner fin a los fallidos aviones de paz de Petro con organizaciones que trafican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga.
Asumirá en una zona conflictiva, contrario a la costumbre bicentenaria de hacerlo en Bogotá.
Petro, que no acude al acto en Cali, abandonó a primera hora de la tarde la casa presidencial en la capital junto a parte de su familia y sus colaboradores. “Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida”, dijo el mandatario saliente en su despedida.
Los aliados de Petro llamaron a protestas este mismo viernes en las principales ciudades luego de perder las elecciones por el margen más estrecho de la historia, menor al 1%.
Cali, afectada recientemente por atentados guerrilleros, fue ciega para la ocasión con el despliegue de 11.000 militares y la activación de un sistema antidrones.
A la investidura de De la Espriella asisten una decena de jefes de Estado, delegados de la Casa Blanca liderados por el fiscal general de Estados Unidos, y varios cancilleres, incluido el de Israel. El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a la madrugada en momentos en que una fuerte crisis sacudió la institución.
Con Estados Unidos
La asunción de De la Espriella en Colombia inclina aún más la balanza hacia la derecha comprometida con la guerra antinarco liderada por Trump en Latinoamérica.
El gobierno saliente advirtió de posibles “actos de terrorismo” el día de la investidura.
El mandatario estadounidense respaldó al abogado, quien le aseguró que Colombia se relacionará como “nunca antes” con Washington.
El nuevo gobierno vuelve a acercar las relaciones de ambos países, tras los constantes choques entre Petro y Trump.
“Vamos a recuperar la soberanía ya proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo”, dijo De la Espriella el domingo en su más reciente alocución.
En línea con la derecha internacional, el presidente electo anunció el mes pasado que romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba.
Sin mayoría en el Congreso
Sin mayorías en un Congreso dividido, el nuevo mandatario prometió intensificar los bombardeos contra campamentos guerrilleros con apoyo de Israel y Estados Unidos, así como construir megacárceles similares a las de El Salvador.
Su estrategia evoca la estrecha cooperación militar entre Bogotá y Washington de comienzos de siglo, que fortaleció la ofensiva contra guerrillas como las FARC antes del acuerdo de paz de 2016.
Si bien las principales estructuras insurgentes se debilitaron, las organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian graves violaciones.
De la Espriella recibe unas fuerzas militares con “capacidad limitada” en número de uniformados y “falta de equipamiento” tecnológico, explica a la AFP Renata Segura, de International Crisis Group.
A la experta le preocupa un posible “daño colateral” que afecte a civiles, si se ataca a grupos “muy adentrados” en los territorios.
Colombia tiene unas 25.000 personas en armas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025.
“Necesitamos un cambio total (...) Para Colombia creo que va a ser bueno, hay que apoyarlo para que no haya tanto crimen”, dijo Germán Angulo, un contratista de 63 años.
De la Espriella prometió cerrar la oficina presidencial de paz y la de derechos humanos como parte de su plan de reducir el tamaño del Estado en un 40 %.
Fuente: AFP
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Corte coordina acciones para el concurso de mérito y oposición para notarios y escribanos públicos
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, presidió este viernes una reunión técnica y organizativa en el marco del 17.° Concurso de Mérito y Oposición para notarios y escribanos públicos. Durante el encuentro se analizaron aspectos estratégicos relacionados con la planificación, la logística y la coordinación institucional necesarias para garantizar su adecuado desarrollo.
La reunión fue coordinada por la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, Ximena Martínez, y contó con la participación de directores y representantes de las distintas dependencias judiciales involucradas en la organización.
En la ocasión, el presidente de la Corte impartió lineamientos para realizar los ajustes técnicos y logísticos necesarios que permitan asegurar una adecuada ejecución del proceso de evaluación, como en ediciones anteriores, y destacó el compromiso de las áreas responsables en cada una de las etapas previstas.
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Asimismo, instó a mantener una labor conjunta entre todas las direcciones y dependencias participantes, a fin de que el proceso se desarrolle en las mejores condiciones posibles, garantizando a los postulantes un proceso transparente y seguro, así como las condiciones adecuadas para la realización del examen.
Durante la reunión también se informó que el 17.° Concurso de Mérito y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos registra aproximadamente 1.600 postulantes inscriptos.
La actividad se llevó a cabo en la sala de conferencias del noveno piso del Palacio de Justicia de Asunción. El examen, en modalidad escrita, está previsto para el martes 1 de setiembre de 2026 en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes.
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Núñez plantea la “Ley Antidespilfarro” para castigar el incumplimiento del déficit fiscal
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que dentro de 15 días presentará un anteproyecto denominado “Ley Antidespilfarro o ningún peso más”, que tiene como objetivo impedir que se apruebe o sostenga un presupuesto deficitario por encima de lo que establece la normativa de Responsabilidad Fiscal.
Núñez detalló que mediante su implementación se apuntará a blindar el equilibrio de las cuentas públicas y que los políticos paguen el costo del desequilibrio. “Esta es una ley de ningún peso más. Nosotros tenemos una ley de Responsabilidad Fiscal que fue aprobada en el gobierno de Horacio Cartes, en donde se debe respetar el índice del 1,5 % o el tope que puede aplicarse mediante ley en los casos excepcionales, pero que no deberá ser pasado”, comentó a los medios de comunicación.
Según el proyecto, si el resultado fiscal se mantiene deficitario durante varios meses consecutivos, el Poder Legislativo dispondrá de un periodo determinado para corregir la situación. Si no lo hace, se activará automáticamente un mecanismo similar al “shutdown o cierre parcial del Estado” aplicado en los Estados Unidos, que será adaptado a la realidad de nuestro país.
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La iniciativa establecerá que durante ese plazo se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, no podrán generarse nuevos gastos, adjudicar contratos ni incorporar funcionarios, además de suspenderse las transferencias discrecionales.
Asimismo, dejarán de percibir sus salarios el presidente de la República, la vicepresidenta, ministros, secretarios, subsecretarios y parlamentarios nacionales.
También se aclara que los servicios esenciales continuarán funcionando con normalidad. Entre ellos figuran el pago de jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, los servicios de salud, la seguridad, la defensa nacional y el sistema penitenciario.
A diferencia del modelo implementado en el país norteamericano, donde el cierre del gobierno se produce por la falta de aprobación del presupuesto, el proyecto planteado por Núñez estipula que el detonante será un déficit fiscal sostenido, con el propósito de que el gasto no esencial del Estado y los salarios de las máximas autoridades sean los primeros en verse afectados para forzar el equilibrio de las cuentas.
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Allanan Junta Municipal de Ypané tras nuevo juramento anulado por el TSJE
Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.
Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.
Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.
Ediles colorados coaccionados
Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.
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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.
“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.
Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.
“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.
De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.
Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.