El Grupo Impulsor de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pidió al presidente Santiago Peña vetar el proyecto de ley de control a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sancionado el pasado miércoles por el Congreso Nacional.
Los representantes del OSC señalan que el proyecto atenta al derecho a la participación, la libertad de asociación y manifestación, así como a la libertad de expresión.
Al mismo tiempo de pedir el veto del proyecto, los representantes de las oenegés pidieron también al Poder Ejecutivo instalar una mesa de trabajo entre todos los sectores para discutir la normativa. Igualmente aclararon que ya existen leyes que regulan y transparentan la gestión de las Organizaciones No Gubernamentales.
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Dante Leguizamón, secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), manifestó que la pretendida normativa “ataca directamente las bases constitucionales del país, recordemos que nuestro país está constituido como una democracia participativa y pluralista”, según manifestó.
Por su parte, Marta Ferrara, de la Organización Semillas para la Democracia, dijo que la modificación que introdujo la Cámara de Diputados hace diferencias entre las organizaciones que estarán sujetas a la ley y otras que no, violando así el principio de la no discriminación. “Esta ley ya en su intención discrimina, algunos van a ser investigados y otros no”, indicó.
Ferrara cuestionó que sectores que están siendo investigados por lavado de dinero y están vinculados al crimen organizado van a quedar exentos de la aplicación de la normativa. En este sentido haciendo alusión a los clubes deportivos y a las iglesias, entre otros.
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Otorgan visto bueno para avanzar en acuerdo con Japón para desarrollo satelital en Paraguay
De manera conjunta sesionaron las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla. En la ocasión, recibieron a representantes de instituciones del Poder Ejecutivo, con el objetivo de analizar normativas vinculadas a sus respectivas competencias legislativas.
Como primer punto del orden del día se estudió el proyecto de Ley “Acuerdo por Notas Reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de desarrollo de instalaciones vinculadas a tecnología satelital”, remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En este contexto, el Gral. Div. Aer. (R) Osvaldo Almirón Riveros, titular de la Agencia Espacial del Paraguay, presentó los avances institucionales mediante un informe ilustrado, detallando las funciones de la entidad y las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento del proyecto.
Posteriormente, los miembros de ambas comisiones debatieron lo expuesto, manifestando distintos puntos de vista y formulando sugerencias orientadas a fortalecer el desarrollo del sector. Asimismo, destacaron el trabajo realizado por la Agencia Espacial del Paraguay.
Cabe mencionar que, para el análisis de este tema, también participó la viceministra de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Teodora Recalde. Finalmente, ambas comisiones resolvieron dictaminar a favor del proyecto, el cual será considerado en una próxima sesión ordinaria del Senado.
Hambre Cero
En el segundo punto del orden del día, se recibió al ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, junto con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias y de la OPACI, a fin de analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones de la Ley Nº 7264/24, relacionada con el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (programa “Hambre Cero”), así como normativas conexas, presentado por varios senadores.
Durante el tratamiento, los senadores desarrollaron un amplio debate en el que expusieron diversas posturas respecto a las modificaciones planteadas. Entre los principales argumentos, señalaron que no resultaría adecuado asignar a los municipios la responsabilidad del programa “Hambre Cero”, debido a la falta de herramientas y capacidades para su implementación, considerando la magnitud y complejidad de dicha función.
Asimismo, indicaron que el proyecto aún no se encuentra plenamente consolidado, por lo que no sería oportuno introducir modificaciones en esta etapa.
En ese contexto, el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control, propuso como moción de orden postergar el tratamiento del proyecto, sugiriendo convocar a los gobernadores para conocer sus posturas.
Argumentó que se trata de una normativa de alta sensibilidad, al involucrar directamente a la población infantil, por lo que su análisis requiere mayor profundidad y consenso.
Finalmente, ambas comisiones resolvieron postergar el estudio del proyecto, con el objetivo de contar con información adicional que permita una mejor toma de decisiones.
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Senado redefine Caja Parlamentaria con ajustes, elevando la edad de jubilación y sin aporte estatal
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”. El documento será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración, la cual deberá ratificarse en su sanción inicial o aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara Alta.
El presidente de la Comisión de Cuentas y Control, senador Dionisio Amarilla, se refirió a las modificaciones introducidas al proyecto de reforma de la Caja Parlamentaria, señalando que existe consenso para elevar la tasa de aporte del legislador activo, incrementar el aporte del jubilado y suprimir cualquier tipo de aporte del Estado, entre otras modificaciones expuestas ante el pleno. Asimismo, indicó que el proyecto fue consensuado con la Comisión de Legislación.
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Recursos para financiar el fondo
La Cámara de Senadores aprobó la versión con media sanción de la Cámara de Diputados, que establece en su artículo 6° el aporte de los legisladores del 24 % sobre la dieta mensual y los gastos de representación.
Los jubilados parlamentarios y pensionados deberán aportar obligatoriamente el 11 % de sus haberes, mientras que aquellos con ingresos superiores a G. 15 millones aportarán el 15 %.
El texto aprobado establece además la prohibición expresa de todo aporte estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo. El artículo 7° fue aprobado con modificaciones, suprimiendo la autorización a la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria para el descuento de cheques diferidos.
Principales artículos
Retiro de aportes: el artículo 12 fue aprobado en su versión modificada. La normativa establece que el afiliado tendrá derecho a la restitución del 95 % de sus aportes en un pago único. Asimismo, deberá cancelar previamente cualquier deuda pendiente con la Caja.
Jubilación ordinaria: el artículo 14, por dictamen de la Comisión de Legislación, establece el derecho a jubilación ordinaria a partir de los 60 años de edad y 15 años de aporte (180 meses).
Jubilación extraordinaria: el artículo 15 establece la jubilación extraordinaria desde los 60 años de edad, con un mínimo de 10 años de aporte (120 meses).
Haber jubilatorio: El artículo 17 fue aprobado con modificaciones:
- Jubilación ordinaria: 80 % del promedio de dietas y gastos de representación de los últimos 15 años.
- Jubilación extraordinaria: 60 % del promedio de los últimos 10 años.
- Jubilación por invalidez: equivalente al salario mínimo legal vigente.
Indemnización de afiliados: el artículo 29 fue aprobado con modificaciones, estableciendo que en caso de desvinculación del funcionario con deudas con la Caja, la indemnización correspondiente quedará retenida hasta la cancelación total de la deuda.
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Por ley quieren fijar los 14 años como edad máxima para la atención pediátrica
Un proyecto de ley presentado este martes por dos diputados de la Asociación Nacional Republicana (ANR), plantea fijar los 14 años como edad máxima para la atención en la especialidad de Pediatría.
Según la exposición de motivos, la extensión “ambigua” de la pediatría hasta los 18 años genera la saturación del sistema pediátrico y una “infantilización del adolescente”.
Es así que los proyectistas alegan que jóvenes de 15 o 16 años “se sienten incómodos y fuera de lugar en salas diseñadas para la primera infancia, reduciendo su deseo a los controles preventivos y de tratamientos”.
El proyecto propone que, a partir de los 15 años, los pacientes sean derivados de forma programada a especialistas en pediatría o, en su defecto, a médicos de familia.
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Asimismo, se fundamenta que en esta etapa, “el eje hormonal experimenta cambios profundos de la pubertad avanzada” y que el perfil metabólico del adolescente “deja de ser de un niño para parecerse más al del adulto joven”, lo que justificaría un enfoque diferenciado en la atención.
Pero también el proyecto contempla excepciones, como en casos de enfermedades crónicas complejas que requieran continuidad con el pediatra hasta los 18 años, así como en unidades de salud familiar o zonas remotas, y en situaciones de urgencia, donde ningún centro asistencial podrá negar atención por razones de edad.
La propuesta legislativa es impulsada por los legisladores Arturo Urbieta y Miguel del Puerto. El documento deberá ser analizado primero en comisiones y luego en sesión de la Cámara de Diputados.
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Tren de Cercanías avanza como prioridad del Gobierno, con mediación de Alliana ante el Senado
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en su carácter constitucional de nexo entre el Legislativo y el Ejecutivo, mantuvo en la fecha una reunión de trabajo con el presidente del Congreso Nacional y de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, y sus colegas senadores de la bancada de Honor Colorado.
Entre los principales temas analizados tuvo como punto central la ratificación del proyecto de ley de “Tren de Cercanías”.
A través de su cuenta personal en redes sociales el segundo del Ejecutivo enfatizó que la sanción de esta ley es una prioridad absoluta para el Gobierno del Paraguay. Remarcó que este proyecto de infraestructura será una solución histórica de movilidad que transformará la calidad de vida de miles de paraguayos.
“Fue un gusto participar de una reunión con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, y senadores de nuestra bancada. Dialogamos sobre las prioridades del país y ratificamos que el Tren de Cercanías es clave para mejorar el transporte y la calidad de vida de todos los paraguayos", remarcó.
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El encuentro que se desarrolló en el despacho de la presidencia de la Cámara Alta, participaron los senadores Natalicio Chase, líder de bancada, y sus colegas Juan Carlos “Nano” Galaverna, Patrick Kemper, Orlando Penner y Lizarella Valiente.
Incluído en el Orden del Día
Este proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley Nº 7434/2025 ‘De la reforma del Tren de Cercanías’ y establece disposiciones especiales para su implementación a través de acuerdos gobierno a gobierno (G2G)”, remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores, y está previsto que sea analizado este miércoles 6 de mayo en la sesión ordinaria.
De hecho, las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Cuentas y Control de la Cámara Alta, la semana pasada mantuvieron una sesión conjunta para analizar este tema y al término de la misma emitieron sus respectivos dictámenes en los que aconsejan la aprobación.
En dicha oportunidad asistieron los representantes del Poder Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, y el presidente de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA), Facundo Salinas.
Durante sus respectivas intervenciones señalaron que se trata de un proyecto de transporte masivo de pasajeros, al que calificaron como “un hito de modernidad”, orientado a dar respuesta a la demanda ciudadana de un sistema de transporte seguro, rápido y eficiente.
Condiciones favorables
Desde el Ejecutivo abogan y acompañan la sanción de esta ley, teniendo en cuenta que todos los aspectos positivos del proyecto, que en gran medida contempla un acuerdo de cooperación con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, el cual reúne condiciones favorables para el Paraguay.
Cabe destacar que el proyecto incluye el financiamiento bajo el modelo previsto de Alianza Público-Privada (APP), donde el Estado paraguayo es plenamente propietario de todo el proyecto. Con un capital inicial de USD 200 millones —50 millones del Estado paraguayo y 150 millones del gobierno emiratí— y la posibilidad de acceder a financiamiento adicional en mercados internacionales.