El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció el cese del comisionamiento en la institución legislativa de la funcionaria Anadelia Acosta, por los hechos denunciados en las últimas horas por una supuesta estafa a familias de escasos recursos. Latorre instruyó la desvinculación con el cese del comisionamiento y que la misma sea sometida a una investigación institucional.
“Tras las denuncias dadas a conocer a través de los medios de difusión masiva con respecto a la funcionaria Anadelia Acosta, dispuse el inmediato cese del comisionamiento, su puesta a disposición de recursos humanos y el inicio de una investigación”, anunció Latorre.
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Acosta era funcionaria en el Congreso Nacional como comisionada de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales. En la resolución, el presidente de Diputados dispuso el pase a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, y que la dirección general de Asesoría Jurídica realice una investigación.
Anadelia Acosta Armoa es vinculada con una denuncia de apropiación de alrededor de G. 725 millones, de un total de G. 800 millones en concepto de indemnización otorgada por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), para las familias de dos personas que habían fallecido por electrocución en la comunidad de Jagua Kaí, Caaguazú.
Tras la denuncia del caso, principalmente en los medios masivos de comunicación, el presidente de la Cámara de Diputados dispuso las medidas en contra de la ahora exfuncionaria del legislativo.
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Honor Colorado respalda reivindicaciones de residentes médicos, dice Núñez
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, participó este viernes de la activación de una mesa de trabajo entre el legislativo y médicos residentes, quienes vienen reclamando mejoras laborales para el sector.
Durante la ocasión, el parlamentario aseguró que la bancada del movimiento Honor Colorado acompaña las reivindicaciones y dará su voto a un futuro proyecto de ley que erradique los maltratos por parte de los superiores, las prácticas abusivas y guardias extremadamente largas.
“Falta una Ley de residencia y otros temas más para el área médica. Esto es una necesidad, es momento de regular esta situación, el médico residente es un ser humano y para poder realizar una buena atención necesita descanso y formación. Estoy a disposición para trabajar en un proyecto de ley”, sostuvo.
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Asimismo, Núñez durante su intervención siguió sosteniendo que “estoy presente en esta actividad para testimoniar que desde la bancada de Honor Colorado y desde mi presidencia vamos a acompañar la elaboración de un proyecto de ley. Nuestra voluntad política es que de esta crisis salga una solución para todo el estamento médico, especialmente para los residentes”.
La mesa de trabajo es impulsada por senadores y diputados del sector opositor. La intención radica en la elaboración de una propuesta de residencia médica o la dotación de mayores recursos en el presupuesto general de la nación para dicho sector, teniendo en cuenta los problemas de salud en que están cayendo por el mal sistema laboral.
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Estiman que el nuevo tren de moliendas beneficiará a 100.000 familias
“Todos los cañicultores estamos con las esperanzas puestas en el gobierno de Santiago Peña”, dijo el presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, tras aceptar el acuerdo propuesto por el mandatario consistente en la construcción de un nuevo tren de moliendas en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar), localizada en Mauricio José Troche, en el departamento de Guairá.
“El presidente Peña indicó que bajo su administración se encargará de hacer un nuevo tren de moliendas. Según las explicaciones que nos dieron en el anterior gobierno hubo indicios de sobrefacturaciones”, expresó Fonseca, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fonseca sostuvo que el nuevo tren de moliendas beneficiará a 100.000 familias. Afirmó que el nuevo proyecto deberá ser presentado y socializado por Petropar dentro de 30 días. Agregó que desde su sector se aguarda que una vez remitida la iniciativa al Congreso Nacional, se le otorgue un rápido tratamiento.
“Nosotros solo buscamos soluciones para nuestro rubro, para nuestra industria debido que hace más de 10 años venimos gestionando como productores la construcción de un nuevo tren de moliendas. La respuesta que nos da el Gobierno es de un compromiso real. Cuando este proyecto llegue al Congreso me imagino que desde el Ejecutivo se encargarán de agilizar todos los procesos”, indicó.
Asimismo, siguió sosteniendo que “No somos gente de la calle, somos gente de la chacra y solo queremos tener una industria segura para poder comercializar nuestra materia prima que es la caña dulce".
Fonseca detalló que la vieja molienda de Petropar posee más de 40 años y tiene una capacidad de 400.000 mil toneladas como máximo. Comentó que de esta infraestructura dependen las familias de los departamentos de Guairá, Caaguazú y Caazapá.
“Si el gobierno de Peña llega a concretar la construcción de un nuevo tren de moliendas se tendrá una capacidad de 800.000 mil toneladas. Ahora mismo la vieja molienda está dando de comer a 50.000 familias, pero si hacen la obra como gobierno se duplicará la cifra y pasará a beneficiar a 100.000 familias“, puntualizó.
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Antecedentes
El gobierno de Mario Abdo Benítez había impulsado la construcción de un nuevo tren de moliendas. La obra debía estar operativa en el 2023 y tenía como objetivo aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias, pero terminó paralizada debido a una “sobrefacturación gigantesca”, según denuncias.
El proyecto no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos, de acuerdo a las argumentaciones del titular de la petrolera estatal, Eddie Jara. La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra.
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Diputados piden informes al Ministerio Público y la CGR sobre fiscalización de los municipios
La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.
El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.
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Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.
Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.
Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.
Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.
Pedido a la Contraloría
Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.
El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.
Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.
También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.
El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.
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Analizan proyecto que incorpora test de drogas en controles viales
El proyecto de ley “que amplía y modifica el artículo 113 de la Ley Nº 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, modificado por la Ley Nº 6842/2021, incorpora en los procedimientos de control vial en todo el país, el test de drogas, y que habilita a las autoridades competentes a realizar este test, similar al sistema conocido como el alcotest.
Esta iniciativa fue debatida hoy en la Comisión contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos, Graves y de Prevención de las Adicciones de la Cámara de Diputados, representantes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), a través de inspectores de la Patrulla Caminera.
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El debate se centró principalmente en la incorporación de este sistema y la atribución del test de drogas, como también los procedimientos para la toma de muestras. Un procedimiento que deberá permitir analizar rápidamente y en el lugar si un conductor está manejando bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, de acuerdo con el informe de la comisión asesora presidida por el diputado Carlos Godoy.
En la ampliación del artículo 133 de la Ley de tránsito, se incluye el inciso ñ, el cual refiere que; “conducir cualquier vehículo motorizado en estado de intoxicación por drogas, entendiéndose como tal, la presencia en el organismo de sustancias psicoactivas que afecten las capacidades físicas y mentales del conductor”. Además, se incluyen 9 artículos de tal forma a reglamentar dicho inciso.
Mientras tanto, los representantes de la Senad, comunicaron que el informe técnico que se había solicitado ya se encuentra en etapa final y será remitido en breve. Así también, desde la institución aclararon que la legislación vigente ya sanciona la conducción bajo efectos de sustancias, aunque aún resta reglamentar los procedimientos de control.
Finalmente, “se acordó convocar una próxima reunión con la participación de todas las autoridades invitadas, incluida la ministra del MOPC (Claudia Centurión), a fin de avanzar en aspectos técnicos y presupuestarios del proyecto”, informaron desde la Cámara Baja.